San Jorge fue aprobado, pero para Cornejo y Mendoza es más grande el desafío que el logro político
San Jorge logró aval político y el gobernador Alfredo Cornejo suma un hito. Pero por delante queda lo más relevante: que se pueda hacer minería cumpliendo las premisas prometidas. Las razones del cambio de rumbo y lo que falta.
La aprobación legislativa del proyecto minero San Jorge es un hito político que suma el gobernador Alfredo Cornejo, pero es mayor el desafío que queda por delante: que en Mendoza se haga minería metalífera sustentable desde lo ambiental, lo social y lo económico. El Gobierno logró un punto de quiebre desde la política respecto a la industria minera y PSJ se transformó en el primer proyecto de explotación aprobado bajo el amparo de la ley 7722.
Más relevante es desde lo político al tener en cuenta que en n 2011 San Jorge había sido rechazado y que el propio Cornejo esquivaba el debate por la minería por temor a la reacción social. Lo hizo, incluso, rompiendo algunos paradigmas y en tiempo récord: la empresa presentó el proyecto en enero y en menos de un año fue aprobado por la Legislatura. Las protestas en contra del proyecto no tuvieron la potencia de otros reclamos, aunque ahora se espera también que haya una batalla legal. Allí el horizonte de muchos ambientalistas está en la Corte de la Nación, donde creen que pueden tener terreno fértil para reclamos. Es la misma Corte que, igualmente, le dio una buena noticia a San Jorge hace algunos años, cuando declaró inconstitucional una parte de la ley 7722 y, por ejemplo, dejó sin dudas la posibilidad del uso de sustancias no mencionadas en las prohibiciones de esa norma.
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San Jorge podría transformarse en el primer proyecto de la “era del cobre” en Argentina, junto con la reapertura de La Alumbrera. Antes, claro, la empresa y el Estado deberán avanzar con el mapa trazado para cumplir y, ahora sí, con los roles determinados: el cumplimiento de las pautas ambientales, económicas y sociales y el control.
La aprobación de la Declaración de Impacto Ambiental supone, como está escrito en el texto sancionado por la Legislatura, el cumplimiento obligatorio de parte de la empresa de más de 150 instrucciones que fueron determinadas por los organismos científicos, técnicos y gubernamentales para que se ejecute. Entre esos hitos están la mejora de la línea de base ambiental, los permisos de uso del agua, el plan de impermeabilización del depósito de colas y una larga lista de detalles relevantes que, como se dijo en la sesión, no son optativos.
Ni la empresa San Jorge, ni el Estado mendocino tienen experiencia en la ejecución y control de minas de cobre, por lo que ese desarrollo pondrá a prueba mecanismos que son nuevos. Pero Mendoza sí tiene recorrido en el impulso de la actividad y no siempre fue positivo. Por eso a diferencia de lo que se mencionó en el recinto, no es un voto de confianza; sino un “nuevo” voto de confianza. La provincia, por ejemplo, aún sufre las consecuencias del derrumbe de Potasio Río Colorado de parte de la empresa Vale: más de 3 mil empleos perdidos y un abandono enorme tras la caída intempestiva del precio del mineral. Mendoza no tuvo garantías ante la caída de ese proyecto y ahora lidia con los incumplimientos de los nuevos dueños. Tampoco hay un presente positivo frente al Estado nacional y el poco poder ante la Nación por la falta de cumplimiento en el saneamiento de Sierra Pintada.
La nueva era minera inaugurada por Cornejo estuvo precedida por una estrategia política, legal y legislativa. Cambio en el Código de Procedimiento Minero, impulso de la actividad en zonas sin tensiones sociales (como Malargüe) y una “sorpresa” con el proyecto que realmente se cocinaba por detrás: el relanzamiento de San Jorge. El Gobernador tenía como antecedente el mal paso que había dado su antecesor Rodolfo Suarez, quien a poco de asumir modificó la ley 7722 y luego no resistió la presión social y dio marcha atrás. Cornejo cuestionó el sentido de oportunidad de esa decisión y la falta de estrategia. Por eso su plan fue de menor a mayor. En el plano nacional, Mendoza se sumó a la mesa del cobre y se amplió la difusión sobre la apertura a la minería. La respuesta fue más importante desde lo comunicacional que desde lo productivo y tuvo algunos grises.
El camino
Mendoza tiene historia en el aprovechamiento de recursos naturales; particularmente el petróleo. Por declino natural y falta de inversión, esa industria entró en decadencia y la "extracción" de crudo perdió peso en la cadena productiva y la generación de riqueza. Se suma a esa realidad los problemas económicos generales que hicieron perder peso a Mendoza en la economía nacional. La minería aparece como una de las alternativas para ampliar la matriz productiva, aunque por las características de es industria "los resultados" son menos rápidos que las expectativas.
San Jorge es “chico” comparado con otros planes de explotación de cobre, pero emblemático para la industria minera por el contexto. Casi parece una paradoja que el primer proyecto de cobre sea en la que era la “provincia anti minera” de la región. Allí radica la razón del hito político de Cornejo. La inversión prevista es de 560 millones de dólares, cifra que podría crecer tras el estudio de factibilidad por las obras que se exigieron. Además, tendrá un costo operativo de cerca de 150 millones de dólares al año. Las regalías serían del 3% a valor boca de mina, a lo que se le sumarán aportes para el fondo establecido en la DIA. Uno de los temores a mediano plazo es la respuesta a la expectativa que se generó con la llegada de la minería a Uspallata. Algo de eso se tradujo en la Audiencia Pública en la que muchos ciudadanos de esa comunidad ponían sobre la empresa minera responsabilidades que corresponden a otros actores. Desde cloacas y acceso al agua potable, hasta empleo para todos.
Pasado el “obstáculo político” viene la realidad real. La empresa debe hacer y presentar el estudio de factibilidad en el que se revisarán los costos, incluidas las exigencias establecidas en los estudios ambientales. También dar garantías de cumplimiento de la inversión. En ese camino es altamente probable que postule al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), para acceder a los beneficios que establece.
Tal como indica la DIA, hay dictámenes de más de 15 organismos que marcan indicaciones a seguir. Uno de los más relevantes es el del Departamento General de Irrigación. En el cumplimiento de las exigencias y el respaldo que tenga el DGI está en juego también el poder de policía que tenga ante una actividad nueva. Es Irrigación, por ejemplo, quien determinó que San Jorge debe pedir autorización para el uso del agua del arroyo El Tigre en todas las etapas del proyecto.
También que debe presentar modelos hídricos y hasta un plan para responder ante posibles contingencias extremas, como tormentas extraordinarias. El uso del agua y el volumen que necesita para operar la mina es uno de los temas centrales por el caudal del arroyo, que es variable y está en duda. Por ahora no se mencionó, por ejemplo, si San Jorge pedirá autorización para uso de agua subterránea en algún momento, como prevén proyectos similares ubicados en zonas inhóspitas de San Juan.
San Jorge apunta a explotar un yacimiento de cobre en la estancia "El Yalguaraz", en Uspallata. Está a menos de 60 kilómetros de esa villa. Por las restricciones de la ley 7722 no se explotarán los "óxidos" y sí se empleará el método de flotación para extraer concentrado de cobre. Por año se prevé producir 40 mil toneladas de cobre. La vida útil de la mina está establecida en 16 años, aunque se podría estirara a 27 si se confirma la presencia de reservas mayores. El proyecto fue desarrollado por Coro Mining, que la vendió tras el fracaso legislativo de 2011. La sociedad formada por Aterra y Solway la compró y allí surge por primera vez el nombre “Zonda Metals”, formada en Países Bajos. Solway se quedó con el total de la empresa y luego hubo otro cambio de composición: aunque el principal accionista es también Zonda Metals (radicada en Suiza) en sociedad con el grupo argentino Alberdi. La empresa no cotiza en bolsa.
El control "natural" de San Jorge lo harán la Dirección de Minería y la DPA, pero la DIA crea la “Unidad de Gestión Ambiental del Proyecto “PSJ Cobre Mendocino” (UGA-PSJ), integrada”. Además se prometen controles online y la posibilidad de veedores permanentes. En cuanto a tiempos, la factibilidad podría demorar cerca de un año y la construcción de la mina demoraría entre 18 y 24 meses para entrar en producción. Ahora son la empresa y el Estado los que deben seguir el camino para que las pautas establecidas se cumplan.