San Jorge: del "nada que envidiar a Chile" al nuevo proyecto que asoma
La Legislatura comenzó el debate de la Declaración de Impacto Ambiental en Diputados. Los principales puntos en discusión.
Leonardo Fernández, director de Gestión y Fiscalización Ambiental; y Jerónimo Shantal, director de Minería.
Prensa LegislaturaEl ministerio de Energía y Ambiente dio el puntapié inicial y defendió este lunes la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) de explotación del Proyecto San Jorge (PSJ Cobre Mendocino). Sin dudas, uno de los principales desafíos que tiene la gestión de Alfredo Cornejo: potenciar la actividad minera metalífera en la provincia.
El equipo técnico de la cartera que conduce Jimena Latorre presentó los principales lineamientos de la DIA en comisiones, con la cual buscarán primero un despacho positivo para ratificar de manera positiva todo el informe en ambas cámaras (Diputados y Senadores).
Te Podría Interesar
Desde la oposición comenzaron el estudio de todo el informe y presentaron las primeras inquietudes con relación a un proyecto que es seguido de cerca por parte de la ciudadanía, teniendo en cuenta que sería el primero en explotación metalífera dentro de las restricciones de la ley 7722.
La oposición pide una ley de cierre de minas
Luego de la exposición, algunos diputados pusieron el foco respecto al futuro debate de una ley de cierre de minas, que de igual forma está contemplada por la legislación actual y la propia DIA de explotación minera, que estableció los requisitos y pasos a seguir tanto en la fase de la construcción de la mina, su explotación y posterior cierre.
La diputada Gabriela Lizana fue quien consultó sobre por qué Mendoza aún no ha avanzado en esa materia, y quien contestó fue la ministra Latorre. La invitó a "trabajar en una legislación particular" en conjunto.
La medida deberá ser ratificada por la Legislatura provincial.
"Hoy por hoy, la única provincia que tiene una ley así es Santa Cruz, dentro de Argentina. Podemos tomar el trabajo y legislación comparada para el futuro, pero esto no quiere decir que la DIA, el Código de Procedimientos Mineros y el resto de las leyes que competen a la minería a nivel provincial no marquen requisitos exigentes respecto a todo lo relativo al cierre de minas", argumentó Latorre.
De hecho, en los requisitos futuros de la DIA, se deben establecer y tener listos diversos planes de cierre progresivo y definitivo de la mina; todo un monitoreo post-operacional y de restitución ambiental; así como también garantías financieras y seguros ambientales (Ley 25.675), más allá de la continuidad del Fondo Socioambiental para proyectos post-mineros.
"Nada que envidiar a Chile"
También se realizaron comparaciones entre las exigencias y controles por parte de Chile en las DIA, y si bien los funcionarios indicaron que los organismos son autárquicos en el país vecino, Mendoza "no tiene nada que envidiar a Chile" y agregaron que los estándares de control y exigencia "son mayores en Mendoza".
"Por ejemplo, nosotros exigimos la impermeabilización de los depósitos de residuos, mientras muchos técnicos chilenos nos dijeron que allá no lo exigen. Eso no fue fundamento válido para que no lo pidiéramos. Son estándares aún más exigentes que en Chile", mencionó Latorre.
Lo mismo agregó Shantal, al sostener que "hay procesos de evaluación ambientales mineros en Chile que ni siquiera exigen informes de Impacto Ambiental. Estamos muy superiores desde el punto de vista técnico legislativo ambiental. Y más con la 7722", planteó.
Por otro lado, el diputado José Ramón señaló que hay "inconsistencias" por parte de la empresa PSJ Cobre Mendocino en términos de los recursos que extraerán en la mina y el dinero que le corresponde a Mendoza, y agregó que "no se condice el dinero que recaudarán con relación a lo que quedará para la provincia". Ante esto, Latorre respondió que todo lo que es la factibilidad económica del proyecto, "será el próximo paso si la Legislatura ratifica la DIA".
Una vez terminada la reunión, Nuria Ojeda, subsecretaria de Ambiente, defendió todo el proceso al sostener que hay "fortaleza" en cuanto a la "estructura técnica" que que se tiene en la provincia de Mendoza.
"Es una DIA con instrucciones, que ha sido aprobada por la la autoridad ambiental minera, y que desarrolla indicadores que son de procesos evolutivos y de control permanente", planteó. Agregó que hay un proceso de fiscalización "constante".
La presentación de la DIA de San Jorge
Desde el equipo técnico, indicaron que todo el proceso se realizó en el marco de la ley general de Ambiente (25.675), más el Código de Minería de la Nación, que también exige la presentación del informe de impacto ambiental de los proyectos; la ley 5961 de Mendoza, que regula los estudios dentro del marco de la DIA; el decreto reglamentario 820, que contiene los requisitos técnicos necesarios; y por supuesto la controversial ley 7722, en la cual el proyecto "está dentro de toda la legislación provincial y nacional".
Desde el Poder Ejecutivo pusieron énfasis en que PSJ Cobre mendocino cuenta con el aval del organismo técnico dictaminador (de forma externa) que lo realizó la Fundación Universidad Nacional de Cuyo (FUNC), que emitió el dictamen técnico. Además, hubo 16 organismos sectoriales con sus respectivos dictámenes. Entre ellos, están la municipalidad de Las Heras, el Departamento General de Irrigación; varias direcciones de organismos provinciales; más el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI); y el área de Hidrología Isotópica de la Gerencia de Gestión Ambiental de la CNEA.
Sobre esto, destacaron que en las conclusiones se resaltó que se deberá tramitar ante Irrigación el permiso del uso de agua del arroyo El Tigre y que, bajo medidas preventivas y monitoreo reforzado que se deberá realizar, "no habrá afectación del recurso hídrico" a través de un enfoque "precautorio" adoptado y siguiendo los "requerimientos exigidos".
Teniendo en cuenta la participación ciudadana, señalaron además que se liberó el acceso de toda la información del informe de Impacto Ambiental ante la ciudadanía, más la convocatoria de la audiencia pública, que se realizó en formato presencial (en la zona de Uspallata donde se instalará la mina) y vía remota durante 10 días. Hubo 3.836 participantes inscriptos, de los cuales dieron su postura 750 (337 presenciales y 413 virtuales) más 6.990 presentaciones escritas y 2.448 pronunciamientos en contra en lo que fue la asamblea del agua, en Uspallata.
Toda esa audiencia quedó plasmada en un documento final de más de 6.000 páginas.
También sumaron que la Comisión Evaluadora Interdisciplinaria Ambiental Minera (Ceiam), conformada por grupos empresarios, del Gobierno y organismos ambientales, consideraron "viable" el proyecto San Jorge, con particularidades. Una de ellas es que todo el proceso de explotación minera deberá ser auditada por un organismo al momento de la presentación de la DIA, que es la Unidad de Gestión Ambiental (UGA), conformada organismos sectoriales, especialistas y representantes de la comunidad local.
Controles para la mina San Jorge, según la Declaración de Impacto Ambiental
Durante la Construcción
- Control de tránsito, seguridad y gestión de residuos.
- Supervisión de obras por PAM y UGA. o Planes de revegetación y control de emisiones.
- Programas de capacitación y contratación local.
Durante la Operación
- Monitoreo participativo de agua, aire y ruido. o Reportes trimestrales y auditorías externas.
- Sistema de alerta temprana en funcionamiento.
- Oficina comunitaria en Uspallata.
- Fortalecimiento de proveedores y programas de desarrollo local.
Durante Cierre y Post-Cierre:
- Planes de cierre progresivo y definitivo.
- Monitoreo post-operacional y restitución ambiental.
- Garantías financieras y seguros ambientales (Ley 25.675). o Continuidad del Fondo Socioambiental para proyectos post-mineros.