Régimen penal juvenil: la audiencia clave que definirá cómo sigue la ley en Buenos Aires

La discusión por la nueva edad de punibilidad tendrá un nuevo capítulo esta semana en la provincia de Buenos Aires. Después de que la jueza de Responsabilidad Penal Juvenil de Lomas de Zamora Marta Pascual suspendiera durante 60 días la aplicación del nuevo régimen penal juvenil, la Justicia convocó a funcionarios bonaerenses a una audiencia en la que deberán explicar cómo se prepara la Provincia para aplicar la normativa.

La cita está prevista para el 16 de septiembre a las 10 y tendrá como protagonistas a representantes de las áreas de Seguridad, Justicia y Niñez. El objetivo será conocer qué medidas fueron adoptadas y cuáles están previstas para adecuar el sistema provincial al nuevo escenario.

La audiencia adquiere especial importancia porque la resolución judicial no eliminó la nueva ley ni modificó definitivamente la edad de imputabilidad. Lo que hizo fue frenar preventivamente su aplicación en territorio bonaerense por un período de 60 días, mientras se analiza la situación planteada en el expediente.

¿Qué cambió con la nueva ley?

La Ley Nacional 27.801 estableció un nuevo Régimen Penal Juvenil y llevó de 16 a 14 años la edad a partir de la cual un adolescente puede quedar alcanzado por el sistema penal ante la comisión de determinados delitos.

La normativa había sido sancionada por el Congreso nacional en febrero y contempló un período de transición de 180 días para que las distintas jurisdicciones pudieran adaptar sus estructuras y recursos antes de la entrada plena en vigencia.

Ese plazo fue uno de los elementos centrales de la discusión posterior. La norma comenzó a regir a nivel nacional el 5 de septiembre, pero pocos días después la jueza Pascual dispuso la suspensión preventiva de su aplicación en la provincia de Buenos Aires.

Para los bonaerenses, la discusión tiene una consecuencia concreta: por ahora, la aplicación del nuevo régimen en la Provincia quedó temporalmente frenada por la medida cautelar de Pascual.

La magistrada fundamentó su decisión en las condiciones que presenta actualmente el sistema provincial para recibir a adolescentes bajo el nuevo régimen. En particular, planteó dudas sobre la disponibilidad de infraestructura, recursos institucionales y profesionales necesarios para garantizar las condiciones exigidas por la legislación y los estándares de protección de los derechos de niños y adolescentes.

La audiencia del 16 de septiembre: qué deberán explicar los funcionarios

El próximo paso será escuchar a los funcionarios provinciales.

La jueza convocó a representantes de Seguridad, Justicia y Niñez para que detallen qué hizo hasta ahora la administración bonaerense y cuál es su planificación para poner en funcionamiento el nuevo sistema.

En otras palabras, la audiencia buscará determinar si la Provincia cuenta efectivamente con las herramientas necesarias para afrontar el cambio que establece la ley.

Esto incluye, entre otros aspectos, conocer qué infraestructura existe actualmente, qué capacidad tienen los establecimientos destinados a adolescentes, qué recursos profesionales están disponibles y qué medidas se tomaron para adecuar el sistema a las nuevas exigencias.

La cuestión resulta especialmente relevante porque bajar la edad de imputabilidad no implica solamente modificar un número en una ley. También requiere que el Estado pueda responder ante los casos que eventualmente queden comprendidos dentro del nuevo régimen.

Por eso, uno de los interrogantes centrales será si las estructuras provinciales están preparadas para recibir a adolescentes de 14 y 15 años bajo las nuevas reglas y garantizar, al mismo tiempo, las condiciones que exige el régimen de responsabilidad penal juvenil.

El conflicto político que generó la decisión judicial

Mientras la Justicia avanza con la audiencia, la resolución de Pascual abrió una fuerte disputa política.

Apenas cuatro días después de la medida cautelar, fueron presentados tres pedidos de juicio político contra la magistrada ante el Senado bonaerense. Las presentaciones fueron impulsadas por el diputado provincial Manuel Passaglia, de Hechos; el senador Guillermo Montenegro, del PRO; y el abogado Alfredo Drocchi.

Los tres planteos cuestionan el desempeño de Pascual y buscan que se analice su actuación a partir de la decisión de suspender la aplicación de la ley nacional en territorio bonaerense.

El escenario agrega una dimensión política a una discusión que originalmente se había planteado en términos judiciales: mientras un sector sostiene que la magistrada actuó dentro de sus facultades para proteger derechos y exigir condiciones adecuadas de implementación, sus críticos consideran que la cautelar interfiere con una norma aprobada por el Congreso.

La controversia también derivó en una denuncia penal. La organización Usina de la Justicia acusó a Pascual por supuesta usurpación funcional y abuso de autoridad, y pidió intervenir como amicus curiae en el expediente que originó la medida cautelar.