Reforma laboral: Federico Sturzenegger confirmó que alcanzará a los contratos vigentes
El ministro de Desregulación aseguró que los cambios propuestos abarcarán todas las relaciones privadas y redefinirán indemnizaciones, licencias y vacaciones.
Federico Sturzenegger, el principal impulsor de las reformas dentro del gobierno.
N/ALa iniciativa enviada por el Gobierno al Congreso fue detallada por Federico Sturzenegger, quien señaló que la reforma laboral impactará tanto en los contratos futuros como en los ya activos, y que el nuevo Fondo de Asistencia Laboral será financiado mediante una baja de impuestos aplicada por el Estado.
Sturzenegger explicó que la actualización normativa se enmarca en un proyecto que modifica 57 artículos de la Ley de Contrato de Trabajo y elimina otros nueve. Según indicó, el objetivo es unificar criterios, reducir la litigiosidad y clarificar puntos que generan interpretaciones divergentes en los tribunales laborales, un aspecto que suele derivar en demandas y costos imprevistos para empleadores y trabajadores.
Cambios aplicados a todos los contratos
El ministro enfatizó que los cambios alcanzarán a cualquier vínculo laboral del sector privado. Sostuvo que, al tratarse de una modificación legal, su alcance es inmediato para todas las relaciones laborales vigentes. Con esto buscó despejar dudas generadas en torno al período de implementación y reafirmó que la LCT, una vez reformada, tendrá aplicación generalizada.
Además, remarcó que la revisión del esquema indemnizatorio mantiene el criterio de un mes de sueldo por año trabajado en los despidos sin causa, pero redefine la base de cálculo. Entre los ajustes, quedan excluidos elementos no mensuales como el aguinaldo, las vacaciones o los premios extraordinarios.
Financiación y funcionamiento del Fondo de Asistencia Laboral
El funcionario precisó que el Fondo de Asistencia Laboral (FAL) se sostendrá mediante una reasignación derivada de la baja del gasto público. Explicó que el Ministerio de Economía redirigirá una porción de la reducción de impuestos al trabajo, equivalente a un 3%, para permitir que los empleadores constituyan un ahorro previo destinado a cubrir eventualidades como litigios o despidos. Ese modelo en parte esta inspirado en los fondos que ya utiliza la UOCRA hace años.
Sturzenegger subrayó que se trata de recursos que el Estado deja de recaudar y que, en consecuencia, permanecen en manos de las empresas para afrontar contingencias. Cada empleador administrará su propio fondo y deberá invertirlo en instrumentos que preserven el valor del capital. Como referencia, mencionó el sistema utilizado por la construcción, donde los aportes funcionan como una reserva para sostener la rotación laboral.
Límites y criterios de actualización de la indemnización
El proyecto incorpora un tope indemnizatorio equivalente al triple del salario promedio del convenio aplicable, con un piso del 67% del sueldo habitual. La intención oficial es estandarizar los cálculos y evitar diferencias en las sentencias.
Para ordenar estos criterios, Sturzenegger destacó que se buscaron definiciones más precisas, con el fin de minimizar los “grises” que suelen dar lugar a litigios prolongados. Según planteó, una estructura más clara permitiría reducir la incertidumbre en las nuevas contrataciones.
Flexibilidad en vacaciones, licencias y horas extra
La reforma también incluye cambios en los regímenes de vacaciones, licencias y reincorporaciones luego de enfermedades prolongadas. En estos casos, la empresa deberá ofrecer un puesto disponible, aunque no necesariamente el mismo que ocupaba el trabajador antes de su licencia.
El funcionario indicó que se incorporarán modalidades flexibles pactadas entre las partes. Entre ellas, destacó el banco de horas, una herramienta que habilita redistribuir la jornada laboral de manera acordada. Como ejemplo, señaló que podrán compensarse horas extras trabajadas en determinados días con horas libres en otros momentos de la semana.
Formalización y visión federal en la estructura laboral
Para los nuevos empleos, el proyecto introduce el Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral (RIFL), pensado para reducir cargas y promover la expansión del empleo registrado. Este esquema apunta especialmente a las empresas que incrementen su plantilla.
Sturzenegger aseguró que la iniciativa contempla una perspectiva federal que habilita adaptar convenios y condiciones según las realidades locales. Señaló que los gobernadores manifestaron su apoyo a esta orientación, al considerar necesario un marco que reconozca diferencias regionales en productividad, actividades económicas y dinámicas laborales.
En el debate público, el ministro volvió a insistir en que todas estas modificaciones buscan dar previsibilidad al sistema laboral, al tiempo que reordenan componentes centrales como indemnizaciones, licencias y costos asociados. Con ello, afirmó, se pretende reducir la litigiosidad y acompañar cambios en los usos y modalidades de trabajo del sector privado.