Reforma laboral: el peronismo comienza una nueva rueda de desconfianza interna por el rol de los gobernadores y la CGT
La reforma laboral ya se debate por fuera del Congreso. El oficialísimo negocia con los gobernadores y la CGT arma su propio juego.
Jorge Sola, referente del triunvirato de la CGT. Foto: Reuters
Frente al debate por la reforma laboral, el peronismo una vez más se encamina hacia una ruta de negociaciones y desconfianzas entre los gobernadores, la CGT y los bloques parlamentarios. El Gobierno ya dejó en claro cuál será su estrategia: reunirse con la mayor cantidad de gobernadores y dirigentes con terminales en el Congreso para llegar al debate, en los primeros días de febrero, con los votos en el bolsillo.
Al igual que con la aprobación del Presupuesto 2026, una vez más la mira estará puesta en los sellos provinciales del PJ, muchos de estos intervenidos desde la conducción nacional, que buscarán mostrar una independencia de Cristina Kirchner y de las decisiones que toma su entorno. Lo mismo ocurre con los gobernadores Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Raúl Jalil (Catamarca), que ya demostraron voluntades de sobra para apoyar al Gobierno, pero que no querrán poner en juego su estabilidad territorial enemistándose con la CGT, que también sale a buscar votos, pero en contra de la ley.
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Los gobernadores y su propio juego
En Misiones, Salta y Jujuy el PJ está intervenido desde la Capital Federal. Se trata de tres distritos donde Fuerza Patria, absorbida en gran parte por los oficialismos provinciales, tuvo una actuación electoral lamentable. En Misiones y Jujuy hay procesos electorales abiertos para enfrentar a la conducción de Cristina Kirchner. En la primera de estas provincias buscará poner un pie Carlos Rovira, líder político del oficialismo provincial que gobierna la provincia mesopotámica desde hace más de dos décadas.
Rovira sabe que, para diferenciarse de la conducción cristinista y para poder levantar la cabeza en el escenario nacional, va a necesitar cierto acercamiento con la Casa Rosada. De hecho, es lo que viene sucediendo desde que asumió La Libertad Avanza. Algo parecido le ocurre a Gustavo Sáenz, que con un bloque minúsculo de ocho diputados se quedó con una representante en la Auditoría General de la Nación (AGN). A cambio, sus diputados y senadores apoyaron el proyecto del oficialismo, aunque de base ellos también defendían la necesidad de tener un presupuesto.
La estrategia de la CGT
En este escenario, la CGT sale a jugar. La central obrera celebró que el mismo día que salió a las calles en contra de la reforma laboral Patricia Bullrich anunciara que el tema iba a ser tratado recién en febrero. Pero para febrero ya no falta demasiado y ven cómo el Gobierno retoma este proyecto en su escala de prioridades. Así, buscarán frenarlo o, al menos, negociar ciertos puntos.
Los puntos más polémicos para los sindicalistas son la creación del Fondo de Asignación Laboral (FAL), que consiste en un aporte patronal del 3% a la Comisión Nacional de Valores (CNV), que reemplazaría al sistema de indemnizaciones. A esto se suma la gran cantidad de sectores que son declarados esenciales, de modo que se licúa el poder de huelga de los gremios. Lo mismo ocurre con la posibilidad que se abre de negociar paritarias por empresa y no por sector. Pero lo que más complica al sindicalismo es la eliminación de los aportes obligatorios que pagan los trabajadores no agremiados. Se trata de una caja multimillonaria que controlan los sindicatos más grandes.
"Yo no sé si Jaldo va a querer ponerse en contra a los sindicatos del azúcar en Tucumán por acompañar al Gobierno en una reforma así", razonó una espada parlamentaria de Unión por la Patria. "Acá ellos también ponen en juego qué pasa en sus provincias porque, si es más fácil despedir, con los desempleados van a tener que lidiar ellos", sumó.
Así, el sindicalismo sale a la cancha con dos de sus tres secretarios generales. Jorge Solá (Seguros) y Cristian Jerónimo (Vidrio) tienen previsto viajar por las rutas argentinas y mantener una serie de encuentros con gobernadores y legisladores clave para la votación. Al menos, buscarán dilatar el tratamiento y tratar de recortar el proyecto oficialista, que va desde los contratos de trabajo hasta el pago de Ganancias e Ingresos Brutos.
Por su parte, en las filas más duras del peronismo nadie descarta que la CGT llegue finalmente a un acuerdo con los gobernadores y la Casa Rosada, donde solo se apruebe una parte de la reforma, algo parecido a lo que ocurrió con la Ley Bases, cuando se modificó el tiempo de prueba, que pasó de uno a tres meses, pero finalmente no se tocaron los aportes obligatorios.
"Acá todos tienen intereses, incluso los propios diputados y senadores, que también tienen empresas y son empleadores que quieren cierta flexibilización", señaló un diputado opositor.
La oposición asegura que tiene alrededor de 120 votos en contra en la Cámara de Diputados y alrededor de 30 en el Senado. Para bloquear el tratamiento, en la primera van a necesitar nueve más que quieran rechazar de cuajo este proyecto, es decir, que ni siquiera den quórum. En la Cámara alta dependerá mucho más de los gobernadores y de cuánto están dispuestos a poner por el Gobierno nacional.