ver más

Quiénes son los gobernadores que fueron clave para la aprobación de la nueva Ley de Glaciares

La reforma de la Ley de Glaciares, impulsada por Javier Milei, destaca el papel crucial de cinco gobernadores. El Gobierno salió a agradecerles en un comunicado.


La Ley de Glaciares, originalmente sancionada en 2010, fue diseñada para proteger las reservas estratégicas de agua dulce en Argentina. Sin embargo, el reciente cambio legislativo busca modificar el enfoque de protección, permitiendo una mayor intervención provincial en la gestión de estos recursos. Este cambio ha sido impulsado por la administración de Javier Milei, quien argumenta que la ley original imponía restricciones excesivas.

Los 5 gobernadores clave

El presidente Milei destacó el apoyo de cinco gobernadores: Marcelo Orrego, de San Juan; Raúl Jalil, de Catamarca; Carlos Sadir, de Jujuy; Gustavo Sáenz, de Salta; y Alfredo Cornejo, de Mendoza. Estos líderes provinciales fueron considerados clave para la aprobación de la reforma, ya que representan regiones con intereses mineros significativos.

En el comunicado publicado tras la aprobación de la nueva ley, el mandatario manifestó: "Este esfuerzo coordinado permitió alcanzar un marco normativo claro, federal y técnicamente sólido. A partir de ahora, nuestro país vuelve a tener un verdadero federalismo ambiental y una política inteligente y soberana para la explotación de sus recursos".

texto

Impacto en las provincias mineras

La reforma responde a un reclamo histórico de las provincias mineras, que buscan mayor autonomía en la explotación de sus recursos. Las provincias de la Mesa del Litio y la Mesa del Cobre, como Catamarca, Jujuy, Salta, Mendoza y San Juan, ven en esta modificación una oportunidad para potenciar su desarrollo económico.

Críticas y apoyo a la Reforma

El proyecto recibió el respaldo de los bloques aliados al oficialismo, mientras que partidos como Unión por la Patria y el Frente de Izquierda manifestaron su oposición. Las críticas se centran en el temor de que la reforma permita proyectos extractivos en áreas sensibles, lo que podría poner en riesgo el medio ambiente.