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Quién es Laura De Marinis, la jueza que declaró inconstitucional la baja de la edad de imputabilidad y sobreseyó a un menor de 14 años

Laura Beatriz De Marinis, jueza de la Ciudad de Buenos Aires, consideró que el nuevo Régimen Penal Juvenil es regresivo y viola tratados internacionales.


La titular del Juzgado en lo Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas N° 3 de la Ciudad de Buenos Aires, Laura Beatriz De Marinis, dictó este lunes una resolución de alto impacto judicial al declarar la inconstitucionalidad del artículo 1 de la Ley 27.801, la normativa que redujo la edad de imputabilidad a los 14 años en la Argentina. A partir de esta fundamentación, la magistrada dispuso el sobreseimiento de un adolescente de 14 años que se encontraba imputado por una tentativa de robo.

En su fallo, De Marinis evaluó que la baja en la edad de punibilidad resulta regresiva y colisiona de forma directa con tratados internacionales de jerarquía constitucional, fundamentalmente con la Convención sobre los Derechos del Niño. Al receptar los planteos presentados por la defensa, la jueza remarcó que el principio de progresividad prohíbe al Estado adoptar políticas públicas que reduzcan el estándar de protección fijado por la anterior Ley 22.278.

El fallo judicial declaró la inconstitucionalidad del artículo 1 del Régimen Penal Juvenil y dictó el sobreseimiento de un menor de 14 años. Como sustento normativo, la resolución invocó el principio de no regresividad en materia de derechos humanos y la vulneración de la Convención sobre los Derechos del Niño. Al argumentar el punto central de la medida, la magistrada sostuvo: "Como adultos, no podemos castigar a los niños, niñas y adolescentes por lo que no hicimos, por haberlos dejado en desamparo en su primera infancia".

Trayectoria institucional y mirada sobre la justicia penal juvenil

La carrera de De Marinis dentro del Poder Judicial se inició en 2006, previo a su graduación como abogada, acumulando experiencia en diversas dependencias del Ministerio Público Fiscal y de la Defensa. Antes de asumir la magistratura, se desempeñó como Prosecretaria de Cámara Letrada en la Secretaría Letrada de Intervención Penal Juvenil de la Defensoría General Adjunta. En marzo de 2023 concursó ante el Consejo de la Magistratura porteño y, tras obtener la calificación requerida, juró ante el Tribunal Superior de Justicia el 19 de diciembre de ese mismo año.

Su postura crítica frente a la penalización de las infancias ya había quedado expresada públicamente en entrevistas previas. En su resolución judicial, la magistrada profundizó su mirada sobre el rol punitivo del Estado frente a los sectores vulnerados: "No pretendo con estas líneas romantizar la infracción penal juvenil, sólo intento señalar que la incorporación al sistema penal tiene que ser el último recurso y, en algunas trayectorias vitales, lamentablemente es el primero", concluyó.