Quién es el juez con pasado K que suspendió 82 artículos de la reforma laboral a favor de la CGT
El juez Raúl Ojeda, exasesor de Carlos Tomada, suspendió 82 artículos de la reforma laboral y recibió el respaldo de la CGT, que celebró el fallo.
El Gobierno en vilo tras la resolución de un magistrado que suspendió 82 artículos de la reforma laboral.
Juan Mateo Aberastain/MDZEl magistrado laboral Raúl Horacio Ojeda quedó en el centro de la escena tras suspender, mediante una medida cautelar, 82 artículos de la reforma laboral aprobada por el Congreso. La decisión, que impacta de lleno en uno de los ejes del programa económico del Gobierno, abrió además una lectura política sobre el perfil del juez.
Ojeda no es un desconocido en el universo del derecho del trabajo ni en el entramado sindical. Su trayectoria combina experiencia en la función pública, academia y producción doctrinaria, con un paso clave por el Ministerio de Trabajo durante los años del kirchnerismo.
Un juez con pasado en el Ministerio de Trabajo kirchnerista
Entre 2004 y 2012, Ojeda se desempeñó como asesor legislativo de Carlos Tomada, quien condujo esa cartera durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner.
Ese vínculo alimenta las interpretaciones políticas alrededor del fallo, que fue rápidamente celebrado por el sindicalismo y cuestionado en voz baja dentro del oficialismo.
Incluso, en 2020, el juez fue recusado por Hugo Moyano en una causa vinculada a un conflicto gremial, lo que lo colocó en el radar de las disputas entre el Estado y los sindicatos.
Perfil académico y producción en derecho laboral
Más allá de su recorrido político, Ojeda tiene un perfil fuertemente ligado a la academia. Es egresado de la UBA, donde también ejerce como profesor adjunto en Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social.
Además, realizó estudios de posgrado en España, y es autor y coordinador de obras jurídicas de referencia en materia laboral, con títulos sobre contrato de trabajo, jurisprudencia y tutela sindical.
Ese recorrido lo posiciona como un especialista en el área, con influencia en la formación de abogados laboralistas y en la interpretación doctrinaria del derecho del trabajo.
Del juzgado laboral al fallo que golpea al Gobierno
Ojeda es titular del Juzgado Nacional del Trabajo N°63, cargo al que accedió tras la salida de María Alejandra D’Agnillo. Anteriormente, había sido designado al frente de otro juzgado laboral en 2012.
Desde ese lugar, firmó el fallo que suspendió buena parte de la reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei, a partir de una presentación de la CGT que cuestiona la constitucionalidad de varios artículos.
La resolución tiene carácter cautelar, por lo que aún resta que la Justicia se expida sobre el fondo del planteo. Sin embargo, representa el primer freno concreto al paquete de cambios laborales del oficialismo.
Una mirada crítica sobre las reformas laborales
El posicionamiento del juez también quedó reflejado en intervenciones públicas. En una exposición académica en 2022, Ojeda cuestionó con dureza la ley de riesgos del trabajo, a la que calificó como “nefasta”.
En ese mismo ámbito, advirtió sobre el uso excesivo de la inconstitucionalidad como herramienta judicial, aunque defendió la posibilidad de inaplicar normas cuando resulten contrarias a principios laborales.
Además, forma parte del Grupo de Estudio de Derecho Social, un espacio que reivindica el derecho como instrumento para la justicia social, una definición que dialoga con su enfoque doctrinario.
La CGT celebra el fallo y lo lee como un respaldo
La decisión judicial fue recibida como una victoria por la CGT, que había impulsado la presentación contra la reforma laboral.
Desde la central obrera destacaron que la medida cautelar “respalda la organización sindical” y ratificaron su estrategia de judicializar los cambios impulsados por el Gobierno.
En la misma línea, Andrés Rodríguez, también secretario adjunto de la CGT, afirmó: “El fallo es algo grato para el movimiento obrero. La Justicia declaró inconstitucionales muchos artículos, incluso más de los que habíamos planteado”.
“Ahora debe resolverse la cuestión de fondo, pero es un paso importante. Siempre sostuvimos que esta supuesta modernización laboral vulnera derechos constitucionales y afecta garantías de los trabajadores”, agregó.
Rodríguez concluyó que la resolución judicial confirma la postura del sindicalismo: “Para nosotros es una gran satisfacción porque la Justicia nos está dando la razón”.