Que el árbol de las falsas denuncias no nos tape el bosque de la violencia de género

En el debate público sobre la violencia de género, una narrativa se repite en el último año: la de las “falsas denuncias”. Se insiste en que existe un uso abusivo de la figura de las mujeres víctimas que denuncian sin fundamentos y que eso estaría generando un grave agravio al sistema judicial y a los derechos de los varones. Sin negar que las denuncias sin sustento merecen una respuesta adecuada -con penas que ya están contempladas en el sistema penal para cualquier denuncia falsa- , es imprescindible no perder de vista lo esencial: la violencia contra las mujeres, incluidas sus formas más extremas —los femicidios— sigue siendo una crisis nacional y requiere atención prioritaria.

El bosque que estamos tapando, es que en la Argentina se registraron 164 femicidios entre el 1° de enero y el 31 de agosto de 2025. Estas cifras no son una estadística más, sino vidas de mujeres se pierden por la violencia machista, la mayoría de las veces dentro de sus hogares. En manos del marido, del novio, del ex o de quien supuestamente tiene una relación ¿afectiva? con ella. Otras veces no sólo las víctimas son las mujeres sino también los hijos porque se quedan sin madres o porque pierden la vida en manos del femicida.

La magnitud del problema exige políticas públicas sólidas, prevención efectiva, sanciones proporcionales y mecanismos de protección que funcionen. Sin embargo, polulan discursos desde el Gobierno nacional que desconocen la existencia de la violencia de género- aunque le pueda pasar a tu compañera de trabajo que tenés al lado y todos los sabemos- y hasta incluso se llegó a plantear desde el ministerio de Justicia- con poco éxito- la eliminación de la figura de los femicidios, que agrava las penas.

El peligro de las falsas denuncias

Mientras tanto, la insistencia sobre las denuncias falsas corre el riesgo de generar un efecto peligroso: desviar la atención, legitimar la desconfianza hacia las víctimas, debilitar el impulso de denunciar y, en última instancia, debilitar al propio sistema de protección. Las estadísticas internacionales muestran que las denuncias falsas representan un porcentaje mínimo del total; en cambio, los femicidios, la violencia recurrente y la persistente impunidad constituyen el verdadero y urgente problema.

En este contexto, surge la iniciativa de la senadora Carolina Losada (UCR-Santa Fe) presentada en el Congreso de la Nación, que propone penalizar las falsas denuncias —en particular las vinculadas a violencia de género, abuso sexual o acoso sexual— con penas de hasta seis años de prisión. El expediente S-228/25 obtuvo despacho favorable en la Comisión de Justicia y Asuntos Penales del Senado. Simultáneamente, en la provincia de Mendoza existen proyectos en la Legislatura que apuntan lo mismo. Es más, hace unos días, el diputado provincial Gustavo Cairo propuso que los denunciados por delitos de abuso sexual y/o en contexto de género sólo sean detenidos con prisión preventiva cuando haya "pruebas objetivas y científicas más allá de relatos y declaraciones testimoniales".

El camino de castigar las denuncias falsa no puede convertirse en argumento de quien pretende relativizar, desviar o quitar foco al problema estructural y sistemático de la violencia machista. Las mujeres siguen siendo víctimas de agresiones, abusos, amenazas, controles coercitivos, y cuando los mecanismos de protección no funcionan, el desenlace puede ser la muerte. El Estado, las instituciones y la sociedad en su conjunto no pueden permitirse el lujo de distraerse.

El bosque de la violencia de género

Y aquí está el otro problema: la evidencia es contundente sobre la ausencia o debilidad del Estado para prevenir, acompañar, intervenir y sancionar con suficiente rapidez y eficacia, como lo exige la ley 26.485 desde el año 2008. En los informes sobre femicidios surge que la mayoría de las víctimas había sufrido violencia previa, denuncias, o convivía con el agresor, pero que las respuestas llegaron tarde, fueron insuficientes o directamente inexistentes. Esa falla institucional desincentiva la denuncia, debilita la protección y alimenta la impunidad. Ni hablar de los gobernantes que tienen un discurso de la necesidad de minimizar las tareas del Estado, entonces, ¿dónde denunciar si hay violencia de género si las instituciones estatales son inexistentes?

Por tanto: poner el énfasis exclusivo en las “falsas denuncias” es como enfocar la mirada en un árbol, mientras se ignora el bosque entero de la violencia de género que arrasa vidas. Cambiar de foco no significa descuidar el árbol, significa reconocer primero que el bosque está ardiendo. Una verdadera política de Estado debería combinar tres elementos: prevención real, protección efectiva, y respuesta institucional firme. Hasta tanto no lo hagamos, mientras sigan los femicidios, mientras siga el Estado ausente, la pregunta central no puede girar en torno a la denuncia falsa; debe girar en torno a por qué siguen muriendo mujeres.