Proponen una ley que obliga a los presos de Mendoza a usar uniforme naranja
El senador Martín Rostand presentó un proyecto de ley para obligar a las personas privadas de la libertad a usar un mameluco naranja y prohibir del uso de indumentaria civil.
n senador provincial presentó un proyecto de ley para obligar a los presos a usar uniforme reglamentario, como se utiliza en cárceles de otros países y como recientemente comenzó a implementarse en la provincia de Santa Fe.
La iniciativa fue impulsada por el senador del PRO, Martín Rostand, propone la obligatoriedad del uso de uniforme para todas las personas privadas de la libertad en el Sistema Penitenciario Provincial y la prohibición del uso de indumentaria civil.
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Plantea que el uniforme sea un mameluco de una sola pieza de color anaranjado o similar y con bandas refractarias y además u calzado tipo “crocs” o similar. En tanto, plantea que el costo de esta indumentaria esté a cargo del recluso.
El principal fundamento que esgrime el legislador es que la medida permitiría eliminar toda ventaja táctica que las personas privadas de su libertad puedan tener al momento de una evasión.
Uniforme obligatorio
El proyecto de ley establece el uso obligatorio de uniforme reglamentario para todas las personas privadas de libertad alojadas en establecimientos penitenciarios, alcaidías y centros de detención transitoria de la Provincia de Mendoza.
El uniforme consistirá en un mameluco de una sola pieza, confeccionado en tela de alta resistencia y color de alta visibilidad (anaranjado internacional o similar), con bandas refractarias.
Por otro lado, también incluirá un calzado de tipo anatómico, de caucho o polímero de una sola pieza (tipo "crocs" o similar), sin cordones, elementos metálicos, ni suelas que faciliten la tracción para escalamiento o carrera veloz.
La iniciativa también determina que quedará estrictamente prohibido el uso de prendas civiles dentro de las zonas de alojamiento, circulación de los penales y traslados extra muros. Al ingresar al sistema penitenciario, las prendas de propiedad del interno serán inventariadas, higienizadas y quedarán bajo custodia del Servicio Penitenciario en depósito seguro, siendo restituidas exclusivamente al momento de la libertad efectiva.
Costo a cargo del preso
La normativa propuesta establece que el costo de adquisición y reposición de las mudas de uniforme y calzado estará a cargo del interno o encausado.
La autoridad de aplicación determinará los valores de venta, los cuales deberán ajustarse a los costos de producción o adquisición mayorista del Estado.
Asimismo, la autoridad de aplicación determinará cuántos uniformes serán provistos a los reclusos por año, como así también los medios y procedimientos que considere pertinentes para hacer efectivo el cobro del uniforme y calzado, quedando facultada para disponer la forma, oportunidad y mecanismos de percepción de los montos correspondientes.
El senador impulsor de la ley sostiene que “el sostenimiento del sistema penitenciario no debe recaer exclusivamente sobre el contribuyente mendocino, especialmente en elementos de uso personal y obligatorio”. Agrega que “la asunción de este costo por parte del sujeto privado de libertad no solo alivia el erario público, sino que funciona como un mecanismo de internalización de las cargas que genera su situación procesal o de condena, promoviendo una cultura de responsabilidad y cuidado de los bienes provistos”.
Una medida “anti-fugas”
El senador Rostand esgrimió en los fundamentos del proyecto que la actual permisividad de la vestimenta civil dentro de las alcaidías y cárceles atenta contra el principio de identificación inmediata. “La experiencia comparada y la criminología moderna demuestran que el uso de uniformes de alta visibilidad (mamelucos color naranja internacional) reduce drásticamente las posibilidades de una fuga exitosa”, advierte.
Remarca que un interno uniformado es fácilmente detectable por las fuerzas policiales, cámaras de seguridad urbana y por el ciudadano común, quien puede alertar a las autoridades ante una presencia anómala.
En tanto, respecto al calzado tipo "crocs" o similar afirma que no se trata de una “medida caprichosa”, sino de una “restricción funcional”. “El calzado deportivo de propiedad privada, diseñado para la tracción, la carrera y la escalada, es una herramienta que facilita la huida. La provisión de calzado mono material y sin cordones dificulta físicamente la carrera veloz y el ascenso por muros o cercas, sin afectar la integridad ni la salud del interno”, expresa la propuesta.
El legislador hace referencia a dos antecedentes recientes de intentos de fuga. Uno fue el caso de la evasión de dos delincuentes peligrosos de la Alcaidía de Tunuyán, quienes lograron evadirse y mimetizarse con la población civil de forma inmediata, lo que les permitió estar casi 24 horas fuera de la unidad penitenciaria.
Posteriormente, se produjo otro hecho que fue un intento de fuga en el pabellón penitenciario del Hospital Central de Mendoza. En esa ocasión, uno de los reclusos estuvo deambulando por los pasillos del nosocomio, haciéndose pasar por familiar de un paciente internado a quien supuestamente iba a cuidar. Lamentablemente, el otro fugado cayó al vacío desde un tercer piso y falleció.
