Presupuesto 2026: el Gobierno podrá renegociar la deuda con mayor flexibilidad

El Presupuesto 2026 aprobado habilita al Poder Ejecutivo a renegociar la deuda pública y administrar pasivos sin las restricciones que hasta ahora imponía la legislación vigente. A partir de los cambios incorporados, el Gobierno contará con un mayor margen de maniobra para realizar canjes, compras o ventas de instrumentos financieros sin la obligación de mejorar tasas, reducir capital o extender plazos.

El nuevo esquema surge de las modificaciones introducidas en los artículos 55 y 56, que reformulan aspectos centrales de la Ley de Administración Financiera. Con esta actualización normativa, el Ejecutivo busca dotar al ministerio de Economía de herramientas más flexibles para encarar eventuales procesos de reordenamiento de sus compromisos financieros.

Durante el tratamiento legislativo, estos artículos pasaron prácticamente inadvertidos. El debate parlamentario estuvo concentrado en otros puntos sensibles del Presupuesto, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, lo que dejó en un segundo plano las implicancias del nuevo marco legal vinculado a la deuda pública.

Las críticas sobre este punto fueron limitadas y provinieron principalmente desde sectores de la oposición, que advirtieron sobre la amplitud de las facultades otorgadas. Sin embargo, el oficialismo avanzó sin introducir cambios en el articulado referido a la administración de pasivos.

Qué dice el Presupuesto 2026 en este punto

En concreto, la norma autoriza al ministerio de Economía a realizar operaciones financieras de diversa naturaleza, incluyendo la compra, venta o canje de bonos y acciones, operaciones con monedas, tasas de interés, instrumentos derivados y otras transacciones habituales del mercado financiero. Además, estas operaciones podrán canalizarse a través de vehículos creados específicamente para ese fin.

Un informe técnico del organismo de control presupuestario señaló que la principal diferencia respecto del régimen anterior es la exclusión expresa de la obligación de encuadrar las reestructuraciones de deuda bajo el artículo que exigía una mejora en las condiciones originales de los compromisos asumidos por el Estado.

De esta manera, el nuevo marco legal deja atrás el criterio que condicionaba cualquier renegociación a beneficios explícitos en términos de plazos, montos o intereses. En su lugar, se prioriza una lógica de administración activa de pasivos, alineada con las prácticas habituales de los mercados financieros.

Con esta reforma, el ministro de Economía Luis Caputo contará con mayor flexibilidad para encarar un año exigente en materia de vencimientos de deuda, en un contexto marcado por fuertes obligaciones financieras que deberá afrontar el Estado nacional.