¿Por qué se confunde la Ley de Inocencia Fiscal con un blanqueo? El caso Adorni que abrió el debate

En las últimas horas, las redes sociales y los principales portales de noticias se convirtieron en el escenario de un intenso debate. La confirmación de que Bettina Angeletti y su esposo, el jefe de Gabinete Manuel Adorni, solicitaron ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) su adhesión al Régimen Simplificado del Impuesto a las Ganancias encendió las alarmas de la opinión pública. Rápidamente, plataformas como "X" se llenaron de especulaciones, instalando la idea de que nos encontramos ante una maniobra de ocultamiento o un beneficio éticamente cuestionable.

Sin embargo, el apuro por juzgar suele borrar las líneas entre las distintas herramientas legales. ¿Realmente la adhesión a este esquema implica una práctica espuria? Para entenderlo, es fundamental desarmar la confusión generalizada entre lo que es un "blanqueo" y lo que verdaderamente propone la nueva normativa.

Un cambio de reglas, no un régimen único

En primer lugar, es un error común escuchar que alguien se "adhirió al régimen de inocencia fiscal". La Ley 27.799, impulsada por el gobierno de Javier Milei y sancionada a fines del año pasado, no crea un único régimen, sino que reforma de manera profunda el sistema penal tributario y los procedimientos de fiscalización en el país.

Entre sus puntos más destacados, la ley modificó los montos mínimos para que una evasión sea considerada delito, aumentó las multas por incumplimientos formales y redujo el plazo general de control de ARCA sobre los contribuyentes de cinco a tres años hacia atrás. Pero, además de todo esto, incorporó una herramienta específica para las personas humanas: el Régimen de Declaración Jurada Simplificada del Impuesto a las Ganancias.

¿Qué es este régimen? En la práctica, busca que declarar impuestos sea un proceso más simple y automatizado. En lugar de que el contribuyente deba confeccionar manualmente su declaración jurada (DJ), el propio organismo recaudador (ARCA) precalcula el impuesto utilizando los datos de facturación y consumos ya existentes en sus bases de datos. El ciudadano simplemente ingresa, revisa y, si está de acuerdo, confirma y paga.

El polémico "tapón fiscal": ¿un blanqueo encubierto?

La controversia que hoy rodea al jefe de Gabinete nace principalmente de la denominada "presunción de exactitud" o "tapón fiscal". La norma estipula que, si el contribuyente paga en término la declaración precargada, ARCA no podrá revisar ni ajustar las declaraciones de los períodos fiscales anteriores no prescriptos.

A simple vista, esto fue interpretado por diversos sectores como una amnistía automática o un "borrón y cuenta nueva". Técnicamente, no lo es por razones fundamentales que destruyen esa idea:

• La presunción no es absoluta: Este beneficio se cae por completo si ARCA detecta lo que la ley llama una "discrepancia significativa". Esto ocurre si el fisco encuentra una diferencia igual o mayor al 15% entre lo declarado y lo que realmente correspondía. En casos con patrimonios expuestos o bajo investigación judicial, un desfasaje de este porcentaje es fácilmente detectable por el ojo del fisco.

• El límite del delito penal: La protección del "tapón" también se rompe de forma automática si la diferencia detectada por el organismo fiscal supera el monto mínimo legal para que se configure el delito de evasión (fijado por la nueva ley en 100 millones de pesos). Si la brecha llega a ese piso del Régimen Penal Tributario, el contribuyente queda expuesto a una denuncia penal sin ningún tipo de amparo administrativo.

• Documentación apócrifa: La protección queda anulada e invalidada si se detecta la utilización de facturas o documentos falsos, independientemente de los montos o del tamaño del ajuste realizado.

• No frena la investigación penal no impositiva: Este sistema posee exclusivamente efectos tributarios. En nada interfiere ni bloquea las investigaciones judiciales en curso por presunto enriquecimiento ilícito, lavado de activos o dádivas, delitos que corren por carriles de la justicia federal totalmente independientes de las facilidades administrativas que ARCA otorgue para liquidar Ganancias.

Desmitificar para entender

Desde el entorno del funcionario aclararon de inmediato que no planean regularizar fondos ocultos o "dinero del colchón", sino utilizar un mecanismo operativo que la propia ley abre para facilitar la presentación de las declaraciones juradas. De hecho, desde la propia Casa Rosada enfatizaron que la inscripción es un trámite de público conocimiento y un derecho contemplado por la legislación vigente.

Más allá del ruido político y del uso que cada figura pública haga de las leyes vigentes, la existencia de este Régimen Simplificado no debe convertirse en un tabú moral. El espíritu plasmado en la ley busca abandonar la tradicional presunción de culpabilidad del contribuyente para agilizar la recaudación y reducir los costos operativos de los ciudadanos frente al Estado.

Que la herramienta sea efectiva o que ARCA logre mantener un control riguroso frente a las declaraciones precargadas es un debate técnico válido. Lo que es seguro es que, en el estricto plano legal, el régimen simplificado dista mucho de ser el cheque en blanco que las pasiones de las redes sociales intentan dibujar.

Juan Emilio Gorelik - Abogado, Magíster en Derecho Tributario - Socio GTT Legal & Compliance