Pedro Toranzo sobre la Ley de Glaciares: "No nos podemos perdonar no explotar los recursos de la cordillera"

La reforma de la Ley de Glaciares, sancionada en abril de este año, reavivó una discusión que atraviesa a la Argentina desde hace más de una década, cómo conciliar la protección de las reservas estratégicas de agua con el desarrollo de la actividad minera.

Mientras los sectores ambientalistas advierten sobre un retroceso en la preservación de los glaciares, otras voces sostienen que el país no puede seguir postergando la explotación de un potencial que, en buena parte de la cordillera, permanece casi sin tocar.

En ese debate se mete Pedro Toranzo, consultor y académico en Gestión de Riesgo Ambiental y Sostenibilidad, y autor del Manual de Gestión de Riesgo Ambiental. En diálogo con MDZ, defiende la reforma como "un avance importante", reclama una urgente actualización de la evaluación de impacto ambiental y plantea una tesis que incomoda a los extremos: la minería sustentable es posible, pero solo con controles profesionales, monitoreo externo e independencia de la política. "El impacto ambiental igual a cero no existe", resume.

—La Ley de Glaciares se modificó en abril de este año. ¿Qué te parece la reforma y qué distancia hay con la ley original de 2010?

—La nueva versión trae dos cosas muy buenas. Aporta un marco nuevo y positivo para la explotación de recursos naturales que antes no teníamos y que frenaba el desarrollo económico de las provincias, de las economías locales y del país. En ese sentido es un avance importante.

Ahora bien, las leyes funcionan en conjunto: esta reforma tiene que ir acompañada de una mejora en la evaluación de impacto ambiental. La ley de presupuestos mínimos no describe bien cómo debería ser ese proceso, que es la herramienta madre para cualquier desarrollo, minero o petrolero. El resultado de la evaluación de impacto ambiental es el permiso ambiental, y eso tiene que estar mejor definido a nivel federal, con un esquema que después se traslade a las provincias. Como son presupuestos mínimos, las provincias pueden hacer sus ajustes, pero el proceso tiene que estar mejor descripto.

—¿Y respecto de la ley anterior?

—Era una ley muy pobre desde lo técnico. La definición de las geoformas relacionadas con los glaciares no era clara: confundía el concepto de glaciar con otros similares, sin atender a las funciones hídricas.

El ejemplo más claro es cuando habla de baja, media y alta montaña sin precisar los metros. Era una ley negativa que nunca llegó a implementarse. A eso se suma que hay provincias que prohibieron la minería, algo que me parece espantoso. Lo que hay que hacer es gestionar el riesgo ambiental a través de evaluaciones de impacto profesionales y objetivas. Así se puede hacer minería sustentable.

—Una de las críticas de los sectores más radicalizados es que no existe la minería sustentable. ¿Creés que sí es posible?

—Sí. Yo siempre lo digo, y lo escribí en el libro: el impacto ambiental igual a cero no existe. Los paneles solares, la energía eólica, la hidroelectricidad, la biomasa, cualquier actividad humana tiene impacto.

La minería es necesaria y, hasta ahora, el ser humano no puede reemplazarla, porque muchas de las soluciones sustentables, como los paneles o los molinos de viento, necesitan metales que salen de la minería: el cobre, que es un gran transmisor de energía, o el litio. Es imposible sacarla del esquema.

Además, las que más dinero gastan en gestión ambiental son las mineras y las petroleras. Hay estándares muy altos: las empresas que cotizan en bolsa necesitan certificaciones. Si la evaluación de impacto está bien hecha —no con un arreglo político, sino de manera correcta—, con un permiso consecuente y un monitoreo externo e imparcial, se puede hacer una buena minería. Va a modificar el terreno, sí, pero hay muchas técnicas para restaurarlo. E igual la autoridad de aplicación siempre puede decir que no se puede hacer minería en determinado lugar porque las condiciones del ecosistema son muy sensibles.

—Durante el debate se discutió el rol de las provincias para evaluar el ambiente. La oposición planteó que no se podía delegar en ellas y que había que respetar el marco federal. ¿Qué pensás?

—Las cuestiones federales son las geoestratégicas e interjurisdiccionales. Pongamos que hay un glaciar que es fuente de agua de un río o de varios ríos que pasan por dos o tres provincias: si quieren hacer minería en esa área periglacial, la evaluación de impacto debería estar a cargo de la Subsecretaría de Medio Ambiente, porque es algo interjurisdiccional.

En cambio, si queda dentro de la geografía de una sola provincia, la evaluación corresponde a esa provincia. El problema es que los parámetros actuales de los presupuestos mínimos son paupérrimos. Hay que legislarlo de nuevo, porque si no se termina en que no se hagan evaluaciones profesionales, cuando es una herramienta que existe en el mundo desde la década de 1970. Tenemos que seguir las prerrogativas que las mineras ya conocen de memoria y aplicarlas en todas las jurisdicciones.

—Otra crítica de la oposición es que la reforma impacta de manera negativa en el marco legal para la minería. ¿Coincidís?

—No, no estoy de acuerdo. Comparado con la ley anterior es totalmente positivo, al revés. Lo que pasa es que, si hay un glaciar realmente definido como tal, va a haber una dificultad para que el proyecto avance. Eso era así antes y sigue siendo así, pero ahora está más simplificado y delega mejor en las autoridades que definen el tema. El glaciar siempre va a estar protegido, porque son aguas estratégicas. Pero hay que dejar la mitología de lado. Basta mirar del otro lado de la cordillera: en el área metropolitana de Santiago, hacia Rancagua, la minería convive con el centro poblacional más grande de Chile, con viñedos y agricultura, y funciona bien. Chile tiene un 19% del PBI en minería; nosotros, un 0,9%.

—¿Por qué creés que pasa eso?

—Por impericia y por una mirada de corto plazo. Chile y Uruguay tienen una institucionalidad mucho más estable que la nuestra. Acá cambia todo de manera demasiado radical según el gobierno de turno; allá los cambios no son tan bruscos. Por eso los inversores prefieren poner el capital ahí: las oficinas principales de la minería en la región están en Santiago de Chile y en Lima. Chile tiene menos recursos que la Argentina en otros rubros, pero lo que no nos podemos perdonar es no explotar los recursos mineros de la cordillera. La nuestra está casi virgen, siendo un país pobre que podría mejorar el nivel de vida de manera significativa.

—Cuando pensamos en el mapa de la extracción minera, ¿cómo lo explicás en términos de recursos e inversiones?

—Pesan la demanda global y el costo regulatorio. Por eso el RIGI, y ahora el "súper RIGI": si se implementa bien, va a traer muchísima ventaja para los inversores. Lo que juega en contra es que no tenemos cultura minera. Conseguir trabajadores especializados es más difícil acá que en Chile, Australia o Perú. Pero la minería se puede montar rápido: para una mina se llega a construir un pueblo entero. Hay ciudades de Australia que nacieron como campamentos mineros. La empresa tiene que hacer los caminos, llevar la luz, el agua potable, todo. Son movimientos económicos lentos, porque el ciclo —exploración, construcción, explotación y cierre de la mina— lleva años. Va a llevar tiempo, pero los recursos están; nadie lo duda.

—Escribiste el Manual de Gestión de Riesgo Ambiental. ¿Qué te llevó a hacerlo y a qué te referís con riesgo ambiental?

—Fue una vocación. Estudié Derecho y me fui moviendo hacia la gestión de riesgo ambiental; hice una maestría y seguí ese camino. Quise escribir un libro simple, de lectura accesible: no hace falta ser especialista para entenderlo.

Es corto, con buenos ejemplos, y es una forma fácil de comunicarles a quienes quieren hacer las cosas bien desde lo ambiental. Me interesa el medio ambiente porque conecta disciplinas: economía, ecología, derecho, ingeniería.

En cuanto al riesgo ambiental, tiene que ver con el uso del agua, de la energía, con el ruido: es la probabilidad de que una actividad humana genere un impacto con determinada consecuencia. Medir esa probabilidad y esa consecuencia es toda una ciencia, y además hay legislación que la regula. El riesgo ambiental está presente en cualquier actividad: todos lidiamos con la energía, el agua, los residuos, el transporte o el ruido.

—¿Dónde se consigue el libro?

—En Amazon.