Ordenan seguir investigando una denuncia del exjuez federal Walter Bento
La Cámara Federal Porteña consideró prematuro el archivo dictado por el juez Daniel Rafecas en la causa por supuesta coacción y armado de pruebas en su destitución, pese a que diversos peritajes no hallaron evidencia concluyente.
Por mayoría, la Cámara Federal Porteña revocó el archivo de la denuncia presentada por el destituido juez federal de Mendoza Walter Bento y ordenó profundizar la investigación sobre una presunta maniobra de coacción y manipulación de pruebas vinculada a su destitución.
La Sala II del tribunal de alzada integrada por los magistrados Martín Irurzun, Eduardo Farah y Roberto Boico hizo lugar a la apelación de Walter Bento, quien actúa como querellante y sostiene que funcionarios públicos y abogados habrían presionado a Diego Alejandro Barrera, testigo clave para que declarara falsamente en su contra ante el Consejo de la Magistratura. Para el exjuez, la maniobra habría sido determinante para impulsar el proceso que derivó en su remoción.
La denuncia de Walter Bento apunta contra el fiscal federal Dante Vega, al exconsejero de la Magistratura, Pablo Tonelli, y a otros funcionarios y abogados, a quienes atribuye haber intervenido en la supuesta construcción de declaraciones falsas. Por el momento, en la causa no existen imputaciones firmes ni avances concretos que acrediten responsabilidades penales.
Walter Bento fue destituido por mal desempeño por un Jurado de Enjuiciamiento y posteriormente condenado a 18 años de prisión por delitos como asociación ilícita, cohecho y lavado de activos en una causa paralela por corrupción judicial.
La denuncia del exjuez data del 2023 y ya había sido archivada en dos oportunidades. En una de ellas. Tras una investigación que incluyó peritajes sobre el teléfono de Barrera, el juez federal Daniel Rafecas concluyó que no se lograron corroborar las maniobras ilícitas denunciadas, por lo que en abril pasado, dispuso del archivo de la causa.
De acuerdo con el análisis de las comunicaciones, no surgieron contactos relevantes entre el testigo y los acusados ni evidencia de coacción o acuerdos ilegales. Tampoco se detectaron indicios concretos que vinculen a los señalados con una operación para direccionar su testimonio.
Sin embargo, los camaristas Roberto Boico y Martín Irurzun consideraron que la investigación aún no agotó todas las medidas posibles y que resultó “manifiestamente apresurado” concluir que no existió delito. En ese sentido, entendieron que deben explorarse nuevas líneas de prueba antes de adoptar una decisión definitiva sobre la hipótesis planteada por el exjuez quien es representado por los penalistas Mariano Fragueiro Frías y Felipe Salvarezza.
En disidencia, Eduardo Farah sostuvo que la pesquisa ya fue suficientemente exhaustiva y que no existen elementos objetivos que respalden la denuncia. Según su criterio, la causa se sostiene únicamente en la versión de Bento y no hay diligencias pendientes con capacidad de modificar ese escenario.
Finalmente, los camaristas aclararon que “no se investigan ni juzgan aspectos que hacen exclusivamente al marco propio del procedimiento constitucional de destitución”, es decir, que el expediente no busca revisar la validez del proceso, ni las decisiones del Consejo de la Magistratura, sino determinar si en ese contexto se cometieron los delitos de coacción y falso testimonio. La decisión ordena al juez Rafecas a “analizar las medidas que lucen pertinentes para profundizar la pesquisa, con el fin de agotar el conocimiento de la hipótesis presentada”.