Odebrecht: confirman la vigencia de la causa por coimas a Julio De Vido y Daniel Cameron para la ampliación de gasoductos
La Cámara Federal Porteña ratificó nuevamente el rechazo al intento de exfuncionarios y exdirectivos de cerrar la investigación por el pago de 25 millones de dólares en sobornos para obras de gas durante el kirchnerismo.
En un fallo dividido, la sala II de la Cámara Federal porteña rechazó el planteo de prescripción de un tramo del capítulo argentino de la causa Odebrecht, donde se investiga el pago de sobornos a exfuncionarios del kirchnerismo por parte de exdirectivos de la firma brasileña Odebrecht para la ampliación de los gasoductos norte y sur.
Las defensas del exsecretario de Energía Daniel Cameron, el exministro de Planificación Julio De Vido, los representantes de CAMMESA, Luis Beuret y Julio Bragulat, y el exdirectivo de Odebrecht y arrepentido Marcio Faria Da Silva apelaron la decisión de la jueza Maria Eugenia Capuchetti, quien en abril del año pasado desestimó todos los planteos al señalar, entre otras cosas, que un tramo de la causa se encontraba elevada a juicio, a cargo del Tribunal Oral Federal 2, donde se investigan los delitos de administración fraudulenta y negociaciones incompatibles con la función pública.
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El expediente data de 2007 con la denuncia del fiscal Carlos Stornelli e investiga uno de los capítulos argentinos del megaescándalo Lava Jato: el pago de aproximadamente 25 millones de dólares en coimas por parte de Odebrecht para quedarse con contratos vinculados a la ampliación de los gasoductos Norte y Sur entre 2006 y 2008.
Según documentos aportados por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, el dinero circuló a través de la llamada División de Operaciones Estructuradas de la constructora, una unidad creada específicamente para pagar sobornos en distintos países de la región.
La causa pasó por diversos juzgados hasta que en 2024, el magistrado federal Daniel Rafecas sobreseyó a todos los imputados al argumentar que lo que se investigaba en este era lo mismo que ya se ventilaba en la causa de las plantas potabilizadoras de AySA. Sin embargo, la Unidad de Información Financiera apeló el fallo y la Cámara Federal revirtió la decisión, le sacó el expediente y se lo entregó a la jueza María Eugenia Capuchetti.
Las defensas argumentaron que el cohecho, que prevé una pena de hasta seis años de prisión, debería haber prescripto si se toman como referencia las fechas en que habrían ocurrido los pagos, entre 2004 y 2006. La jueza Capuchetti rechazó ese razonamiento en dos oportunidades tras sostener que "no hay dudas sobre el desempeño de determinados imputados en el ejercicio de la función pública" y que la normativa "no distingue entre jerarquías o funciones dentro de la estructura estatal".
Los camaristas Roberto Boico y Martín Irurzun avalaron el criterio de la magistrada luego de analizar un informe de la Cámara de Diputados que da cuenta de que el exsubsecretario de Combustibles, Cristian Folgar, también imputado en la causa, trabaja desde 2022 como personal técnico y administrativo en el despacho de la legisladora Margarita Stolbizer.
Los jueces consideraron que ese vínculo laboral con el Estado justifica, en principio, mantener suspendida la prescripción, pero advirtieron que la información disponible no es suficiente para confirmarlo.
Ante ello, le ordenaron a la jueza que recabe datos precisos sobre las funciones concretas que Folgar cumple en el Congreso, para determinar si su cargo lo rodea de "herramientas y relaciones que puedan coadyuvar a la impunidad". Por su parte, el magistrado Farah sostuvo que la prolongación del proceso excedió todo plazo razonable y que corresponde sobreseer a todos los imputados.