Nueva apuesta de Cornejo para cerrar basurales: plan integral y multas de $420 millones
El gobernador presentó un proyecto de ley para la gestión integral de los residuos sólidos urbanos. Busca erradicar los basurales a cielo abierto e impone duras sanciones para su cumplimiento.
En la planta de separación de residuos de El Borbollón (Las Heras), decenas de personas trabajan seleccionando materiales. Foto: ALF PONCE MERCADO / MDZ
El gobernador Alfredo Cornejo envió a la Legislatura un proyecto de ley para la gestión integral de residuos sólidos urbanos que apunta a ordenar a nivel provincial el tratamiento de los desechos particulares e industriales. Durante su primera gestión, el mandatario impulsó la creación de una planta de GIRSU y había solicitado endeudamiento para financiar su construcción, pero el peronismo bloqueó esa autorización. La nueva apuesta del gobernador busca crear un plan integral que incluya a los 18 municipios y erradicar los basurales a cielo abierto. La iniciativa impone fuertes sanciones para basurales clandestinos con multas que llegan a los $420 millones.
La propuesta había sido adelantada por Cornejo en su discurso ante la Asamblea Legislativa el último 1º de mayo y esta semana anunció su envío a la Legislatura junto al intendente de Guaymallén, Marcos Calvente, quien anunció el cierre del mega basural de Puente de Hierro y la puesta en marcha de un plan de remediación.
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La ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre, fue la encargada de llevar a la Casa de las Leyes la iniciativa y destacó que “en materia específica de residuos sólidos urbanos, la provincia tenía una deuda legislativa porque había que adecuarse a los principios mínimos de la ley ambiental nacional, con un plan que sea cumplible, operativo y tenga una visión sistémica de la provincia y de la interacción que hay en los municipios”.
Destacó que también se busca establecer un sistema de sanciones para quienes incumplan con los lineamientos de la norma, pero también de beneficios para los municipios y los agentes privados, a quienes buscan incorporar al sistema de economía circular.
“Necesitamos darle volumen a esto para que sea otro vector de la economía. Para que desde el punto de vista de la sostenibilidad social, todas esas familias que hoy están en condiciones indignas, trabajando con la basura, puedan tener de esto una salida laboral formal vinculada al reciclaje y vinculada a esa recuperación de los residuos y a la capacitación y formación en oficios”, sostuvo la funcionaria.
Latorre advirtió que en la provincia había cuatro macro basurales. Uno era el de Puente de Hierro, en Guaymallén, que esta semana anunció el cierre y el compromiso para la remediación. Otro es el denominado Campo Cacheuta que debería tiene que hacer lo mismo que Puente de Hierro en cuanto al cierre y remediación. Otro era El Pozo, sobre el cual el municipio de Godoy Cruz hace 10 años se ocupó de ese cierre y remediación.
En tanto, El Borbollón sería el cuarto pero este ha cambiado su forma de gestión y hoy es un vertedero controlado, que cuenta con seguridad y tiene básculas para saber cuántos residuos ingresan.
“El Borbollón es el único inscripto porque se ha habilitado un registro para fiscalizar que cumplan con las condiciones y solamente otorgarle esa categoría de vertedero controlado para disposición final. El certificado de disposición final van a empezar a necesitar todas nuestras industrias y ningún basural clandestino le va a dar certificado de disposición final. Poder certificar el origen de los residuos sino la trazabilidad”, explicó la ministra.
El frustrado antecedente del GIRSU
Durante su primera gobernación, Alfredo Cornejo presentó un proyecto de ley en el que solicitaba autorización a la Legislatura para endeudarse por 25 millones de dólares para avanzar con el proyecto de una planta de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU).
La propuesta formaba parte de un plan de cuatro obras para las cuales el Ejecutivo buscaba autorización legislativa para tomar créditos para su financiamiento. Las tres restantes eran el mejoramiento de la ruta 82, la doble vía Rivadavia-Junín y el acueducto ganadero de La Paz.
La autorización del endeudamiento requería de dos tercios de los votos en ambas cámaras y para alcanzarlos el oficialismo necesitaba el acompañamiento del peronismo que rechazó la propuesta, en medio de la campaña electoral de 2019.
Esa vieja iniciativa contemplaba una inversión de 20 millones de dólares en la planta de El Borbollón y la del Valle de Uco tendría destinados otros 5 millones de dólares. A su vez, el crédito estaba acordado con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID)
Un nuevo plan para gestionar los residuos
El proyecto que ingresó esta semana a la Legislatura contempla considera Residuos Sólidos Urbanos (RSU) a aquellos elementos, objetos o sustancias generados y desechados, producto de actividades humanas realizadas en los núcleos urbanos, rurales e industriales.
Por su parte, considera Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU) al conjunto de operaciones interdependientes y complementarias entre sí, que tienen por objeto dar a los residuos generados la recolección, traslado, tratamiento y disposición final establecida por las normas reglamentarias en la materia, de forma sostenible y contemplando los aspectos sociales, ambientales, económicos y de gobernanza.
Además de los planes de tratamiento de los residuos, entre los objetivos de la propuesta se destacan la eliminación progresiva de la existencia de basurales a cielo abierto en todo el territorio de la provincia, a través de su cierre y remediación. También la promoción de la inclusión social y el registro de los recuperadores urbanos de residuos, como actores que formen parte del Sistema GIRSU.
También se plantea un importante trabajo en conjunto con los 18 municipios a quienes autoriza a conformar consorcios o agencias de gestión, para asociarse entre sí, pudiendo acordar con el Gobierno provincial su incorporación, para la promoción y concreción de emprendimientos de interés común.
Los municipios deberán elaborar su Plan Municipal o Interjurisdiccional de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (PMGIRSU/PINGIRSU), ajustado a los lineamientos y políticas establecidas en el Plan Provincial de RSU (PPRSU).
A su vez, el proyecto de ley prohíbe la descarga de residuos y la quema incontrolada de residuos a cielo abierto, la generación de basurales, el vuelco de residuos en cauces o cursos de agua, o su disposición final fuera de los lineamientos de la ley.
Los municipios deberán relevar los basurales existentes en su territorio y proponer medidas para su erradicación y remediación definitiva.
También se crea el Fondo de Gestión de Residuos Sólidos Urbanos de Mendoza para las adquisiciones de equipos, construcción de infraestructuras, mantenimiento y asistencia financiera a municipios.
Duras sanciones para incumplidores
La propuesta del Ejecutivo provincial establece sanciones especiales para los que no cumplan con la legislación, además de las acciones civiles, penales o contravencionales que le puedan corresponder.
Las multas por basurales clandestinos irán desde mil a un millón de Unidades Fiscales (UF). El valor actual de las UF fijado en la Ley Impositiva para el 2025 es de $420. Es decir que las multas irán de los $420.000 a los $420 millones.
También se podrá suspender la actividad durante un mes y un año, avanzar con la paralización o cese definitivo de la actividad y clausura de las instalaciones y la confiscación de maquinarias o vehículos utilizados durante la infracción.
Las sanciones serán graduadas de acuerdo a la naturaleza de la infracción y las circunstancias del caso, así como al daño presente o futuro ocasionado al ambiente y a la sociedad, incluyendo también los gastos de seguimiento y control hasta la finalización de la mitigación y/o recomposición del ambiente.
En caso de reiteración, los máximos de las multas serán aumentados multiplicando el valor de la sanción por el número de veces en que se haya incurrido en las faltas.
La iniciativa también contempla que podrán exigirse resarcimientos para conmutar las infracciones cometidas a la norma y que podrán ser en insumos y maquinarias.
Inclusión de recuperadores
Uno de los puntos del proyecto consiste en la formalización, capacitación y mejora técnica y de gestión de los recuperadores urbanos de residuos. Señala que los municipios deberán incorporar planes de inclusión social y desarrollar centros de economía circular que generen empleo local, innovación tecnológica y revalorización de materiales.
Respecto a la tarea que realizan estas personas, la ministra Latorre sostuvo que “son situaciones muy complejas. Son generaciones que si no hay un buen manejo de este tema, toman esto como un ingreso económico y culturalmente como una salida laboral”.
“Es necesario capacitarlos y llevarles tranquilidad de que hay una reconversión, no se les está quitando su fuente de ingresos, sino que se las está convirtiendo en algo más digno y más seguro”, concluyó.