Mendoza ordenó iniciar acciones legales por los daños a un móvil policial siniestrado en 2023
El Ejecutivo provincial ordenó iniciar acciones judiciales para recuperar fondos por un móvil policial dañado, tras fracasar el reclamo extrajudicial.
La medida quedó oficializada este miércoles (foto ilustrativa).
Gobierno de MendozaEl Gobierno de Mendoza resolvió avanzar con acciones judiciales para intentar recuperar los fondos correspondientes a los daños ocasionados a un móvil policial que resultó afectado en un siniestro ocurrido en enero de 2023. La decisión fue formalizada a través del Decreto Nº 2758, firmado por el gobernador Alfredo Cornejo y la ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus, y publicado oficialmente este miércoles.
La norma instruye a la Asesoría de Gobierno para que, en representación de la Provincia, inicie las acciones legales pertinentes contra el conductor involucrado en el siniestro y/o quien resulte civilmente responsable, además de la compañía aseguradora. El objetivo es lograr el cobro de la deuda derivada de los daños y perjuicios ocasionados al móvil policial interno N° 3577, perteneciente al Ministerio de Seguridad y Justicia.
El expediente administrativo da cuenta de un extenso proceso previo, en el que se intentó recuperar el monto estimado para la reparación del vehículo, valuado originalmente en $10.640.000. Sin embargo, las gestiones extrajudiciales ante la aseguradora no prosperaron, pese a que existieron ofertas parciales y una instancia de mediación que concluyó sin acuerdo.
El móvil policial, "destruido"
Además, los informes técnicos incorporados al expediente señalaron que el móvil policial fue declarado “fuera de circulación total y permanente” y que posteriormente quedó destruido como consecuencia de un incendio ocurrido en la playa de secuestros donde se encontraba alojado. Esta situación fue debidamente registrada en actuaciones administrativas y judiciales internas del Estado provincial.
En ese contexto, los dictámenes de la Dirección de Asesoría Letrada, la Asesoría de Gobierno y la Fiscalía de Estado coincidieron en que se encontraban agotadas las vías administrativas, y recomendaron avanzar con medidas judiciales para resguardar el patrimonio público, teniendo en cuenta además la proximidad del plazo de prescripción legal.
El decreto también faculta al titular de la Asesoría de Gobierno a realizar una nueva evaluación sobre la conveniencia y pertinencia de iniciar dichas acciones, conforme al marco legal vigente. La medida se apoya en lo establecido por la Ley de Administración Financiera de la Provincia y la normativa constitucional que regula la defensa de los intereses del Estado mendocino.
El decreto publicado en el Boletín Oficial