Mendoza aprobó un protocolo para intervenir propiedades abandonadas o usurpadas
El protocolo permite intervenciones administrativas preventivas en inmuebles asociados a situaciones de inseguridad.
El Ministerio de Seguridad y Justicia busca actuar de forma rápida sobre casas abandonadas, usurpadas o utilizadas para actividades ilícitas.
ALF PONCE MERCADO / MDZEl Gobierno de Mendoza oficializó este martes la Resolución 5425, mediante la cual se aprobó el “Protocolo para la intervención preventiva administrativa sobre inmuebles con fines de Seguridad Pública y Ciudadana", una herramienta que apunta a reforzar la prevención del delito en propiedades abandonadas, usurpadas o en condiciones de deterioro.
La norma fue publicada en el Boletín Oficial y establece un marco de actuación para que el Ministerio de Seguridad y Justicia, en articulación con los municipios, pueda ordenar medidas como tapeos, clausuras parciales o demoliciones preventivas, sin afectar la titularidad registral de los inmuebles.
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Según se detalla en los fundamentos, las autoridades detectaron numerosos casos de propiedades donde los dueños “han perdido el poder de disponer el uso y goce de los mismos”, y que actualmente funcionan como aguantaderos o espacios vinculados a actividades ilícitas, lo que impacta de manera directa en la seguridad urbana.
Intervenciones rápidas y articulación con los municipios
El texto oficial sostiene que los inmuebles abandonados o en estado de deterioro “atraen la delincuencia o el desorden”, generan oportunidades para hechos ilícitos y erosionan la convivencia vecinal. En ese marco, el protocolo busca habilitar respuestas administrativas ágiles, con respaldo legal, que permitan reducir riesgos y mejorar el entorno urbano.
Además, la resolución invita a los municipios a celebrar convenios de cooperación con el Ministerio de Seguridad y Justicia para coordinar acciones, en línea con la normativa provincial que establece que la seguridad pública es una responsabilidad primaria del Estado.
De este modo, Mendoza incorpora un nuevo instrumento preventivo que apunta a fortalecer la seguridad ciudadana, preservar la paz social y recuperar espacios urbanos degradados, con un enfoque institucional y proporcional.
La resolución publicada en el Boletín Oficial