Casas abandonadas y aguantaderos: cómo está la situación en Mendoza
La inseguridad crece en torno a casas abandonadas que muchas veces terminan ocupadas por delincuentes. ¿Qué acciones toman los municipios mendocinos?
Guaymallén y Godoy Cruz también avanzan con medidas urbanas para cerrar casas abandonadas que pueden volverse peligrosas para la comunidad.
Municipalidad de GuaymallénLa proliferación de casas abandonadas en distintas zonas del Gran Mendoza se ha transformado en un serio problema de seguridad urbana. Muchas de estas viviendas están en sucesión o sin herederos visibles, lo que las convierte en espacios vulnerables al vandalismo, la ocupación ilegal y el uso delictivo.
Es por este motivo que distintos municipios de la provincia han comenzado hace algunos años un accionar sobre estas viviendas, pero, aún así, en muchos casos los vecinos continúan elevando quejas a las autoridades por las complicaciones que generan los inmuebles en ese estado en zonas residenciales.
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El panorama en la Ciudad de Mendoza
En la Ciudad de Mendoza, el municipio viene trabajando desde abril de 2024 en una ordenanza que impone una sobretasa a inmuebles desocupados por más de cuatro meses sin justificación. Esta medida apunta a desactivar los focos de delito y a fomentar el uso activo del suelo urbano.
La normativa, establece un sistema de identificación y fiscalización de estos inmuebles para comprobar su estado de improductividad. El objetivo es desalentar la existencia de propiedades que puedan generar inseguridad en los barrios.
Según datos oficiales, la ciudad cuenta con 31.878 parcelas totales distribuidas en doce secciones. Dentro de ellas, existen 167 viviendas en estado ruinoso, distribuidas principalmente en la cuarta, quinta y sexta sección, lo cual representa un 0,52% del total de las parcelas. De esas 167 casas, unas 85 ya mejoraron su infraestructura tras la aplicación de la medida y otras 23 están en proceso de recuperación.
La ordenanza prevé un mecanismo en tres etapas: identificación, verificación y notificación. Se permite a los vecinos realizar denuncias a través de diversas vías, como la app Ojos en Alerta o reuniones barriales, lo que refuerza el control ciudadano.
Además, el municipio podrá usar registros catastrales, informes de preventores, consumo eléctrico y antecedentes municipales para constatar el estado de cada inmueble. La idea es tener una base sólida de información para evitar arbitrariedades.
En caso de confirmarse la ociosidad, se notificará al propietario, quien tendrá 15 días para hacer su descargo. Si no hay justificación válida, el inmueble será incluido en el régimen especial del Código Tributario y se le aplicará la sobretasa correspondiente.
Desde el Ejecutivo local explicaron que los fondos recaudados se destinarán a reforzar áreas como seguridad e higiene urbana, generando una mejora indirecta en la calidad de vida de todos los vecinos del departamento.
Otros municipios
Ésta no es solo una problemática de Ciudad, sino que, también, otros municipios enfrentan esta situación. Por ejemplo, en Godoy Cruz, tras el pedido de vecinos del Barrio Parque, el municipio intervino y tapiaron cuatro viviendas que eran usadas por delincuentes. Allí, según autoridades locales, se intenta responder a los reclamos con situaciones similares y acordar con los propietarios de dichos terrenos para poder accionar de forma beneficiosa para los vecinos.
En tanto, Guaymallén avanza con un convenio con la AABE para custodiar un terreno estatal de más de 9.000 m² que estaba abandonado en una zona crítica entre varios distritos. También desarrollan un ambicioso plan para recuperar 30 hectáreas ferroviarias, con foco en urbanismo y prevención.
Estos casos muestran cómo el abandono inmobiliario no sólo afecta la estética urbana, sino que se convierte en un problema social, sanitario y delictivo. La recuperación y reutilización de estos espacios se presenta hoy como una estrategia central en la política urbana mendocina.