Manuel Adorni retoma las conferencias de prensa en Casa Rosada el lunes

Según voces oficiales, la única salvedad recayó sobre el cronista de TN señalado en la causa por la presunta operación de espionaje.

Desde Casa Militar habían interpretado que el equipo televisivo se había metido en zonas que estaban fuera del recorrido permitido y que el registro audiovisual en esos sectores había roto las normas de seguridad fijadas por la dependencia.

Por qué dieron marcha atrás

El giro en la postura oficial llegó en un momento delicado para la administración libertaria. Puertas adentro del edificio de Balcarce 50, en las últimas horas se había encendido la alarma ante la chance de que los tribunales emitieran una resolución cautelar que dejara sin efecto el cierre del recinto, a partir del planteo formulado por este medio en la Justicia.

Bajo ese panorama, el oficialismo midió los costos y entendió que daba menos rédito político volver a habilitar el lugar por decisión propia que verse forzado a hacerlo por mandato judicial.

La presión de los tribunales

El expediente impulsado por Ámbito está en marcha ante el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 10, conducido por Walter Lara Correa.

La acción se concretó después de que el Ejecutivo cerrara la puerta a los periodistas con credencial y, además, borrara los registros biométricos del sistema de control de acceso.

El planteo judicial incluye un reclamo de medida cautelar innovativa con carácter urgente para que se restablezca el ingreso de las cronistas Liliana Franco y Cecilia Camarano, ambas con varios años de cobertura sobre la actividad presidencial.

En el escrito se argumenta que la disposición del Gobierno fue ilegítima y arbitraria, y que pasa por encima de garantías de raigambre constitucional como la libertad de prensa, el derecho a trabajar, el principio de igualdad ante la ley y el acceso ciudadano a la información pública.

En las últimas horas, el expediente seguía su trayecto habitual y había sido remitido a la fiscalía para que se expidiera sobre la legitimación procesal y la competencia del fuero contencioso administrativo federal.

A la par, dentro de la administración nacional ya consideraban como un escenario muy plausible que la causa derivara en una medida cautelar en contra del cierre del lugar, motivo por el cual el regreso de la actividad parece haber sido un movimiento para adelantarse a un revés.

Adorni vuelve a las conferencias en medio de denuncias

Respecto al regreso del jefe de Gabinete de la Nación a la rueda de prensa, se confirmó que se hará presente el lunes a las 11 de la mañana.

La reaparición de Adorni se da en un escenario atravesado por imputaciones en su contra y después de haber respondido a los planteos de los legisladores en el recinto.

El funcionario carga con denuncias por supuesto enriquecimiento ilícito, todavía bajo análisis judicial. Pese a esto, volverá a desempeñar sus tareas como articulador del oficialismo y retomará el formato de las conferencias periodísticas.

Las razones esgrimidas por el oficialismo y las críticas

El veto al ingreso había sido aplicado el jueves de la semana pasada, sin que mediara una notificación formal a los medios acreditados.

La Casa Rosada se amparó en la necesidad de repasar las condiciones de seguridad luego de una presentación penal hecha por Casa Militar —área que responde a la Secretaría General de la Presidencia— en contra de dos cronistas de TN por una supuesta tarea de espionaje, después de la divulgación de tomas registradas en sectores internos y de circulación del edificio gubernamental.

El titular de la Secretaría de Comunicación, Javier Lanari, manifestó por aquellos días que la determinación de eliminar los registros dactilares de los cronistas acreditados respondió a un criterio de prevención frente a esa denuncia y al objetivo de resguardar lo que denominó "seguridad nacional".

A lo largo de los días en que la sala permaneció vedada, los profesionales que siguen la rutina del Presidente debieron buscar refugio en cafeterías y locales próximos a Plaza de Mayo para continuar con su tarea, sin poder pisar el interior del Poder Ejecutivo.

El veto cosechó cuestionamientos de organizaciones del rubro como ADEPA, FOPEA y AEDBA, además de dirigentes opositores y colectivos de la sociedad civil.

Hubo también muestras de acompañamiento desde la Iglesia: el arzobispo de San Juan y titular de la Comisión Episcopal de Comunicación Social, Jorge Lozano, recibió a referentes de los periodistas con credencial y, después, se mostró junto a ellos en Plaza de Mayo para darle entidad pública al reclamo.

En esa línea, Lozano subrayó la necesidad de tender canales de conversación, mensurar el peso de lo que estaba sucediendo y buscar caminos de salida.

Asimismo, planteó que la labor de los cronistas acreditados en Casa Rosada está atada al derecho de la ciudadanía a estar al tanto de las acciones de gobierno.

Un proyecto para blindar las salas de prensa

En forma paralela, la senadora Carolina Moisés, que conduce la Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión, impulsó una propuesta para reformar la Ley 27.275 de Acceso a la Información Pública y consagrar la obligación de disponer de espacios de prensa institucionales con carácter permanente en los tres poderes del Estado: el Ejecutivo, el Legislativo y la Corte Suprema.

La iniciativa apunta también a frenar el retiro masivo de credenciales y dispone que toda restricción al acceso deba ser personal, motivada y susceptible de revisión por parte de los jueces.