Manuel Adorni bajo la lupa: avanza la causa por hipotecas y préstamos privados
La Justicia toma testimonios clave en la causa contra Adorni por presunto enriquecimiento ilícito. Investigan préstamos, hipotecas y trazabilidad del dinero.
Avanza la causa por presunto enriquecimiento ilícito del jefe de Gabinete, Manuel Adorni.
Captura de pantallaLa investigación judicial sobre el patrimonio del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, comienza esta semana a transitar una etapa determinante. A partir de este lunes, la fiscalía avanzará con una serie de declaraciones testimoniales bajo juramento que apuntan a esclarecer el origen y la consistencia de operaciones inmobiliarias bajo sospecha.
El expediente, impulsado por el fiscal federal Gerardo Pollicita y bajo la órbita del juez Ariel Lijo, investiga un presunto caso de enriquecimiento ilícito vinculado a la compra de propiedades mediante esquemas de financiamiento entre particulares.
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Quiénes declaran y qué se investiga
Este lunes están citadas dos testigos clave: Graciela Isabel Molina y su hija, Victoria María José Cancio. Ambas figuran como prestamistas en una operación por 100.000 dólares otorgados a Adorni, garantizados con una hipoteca sobre un departamento en Parque Chacabuco.
De acuerdo con la documentación bajo análisis, Molina —una comisaria retirada de la Policía Federal— habría aportado el 85% del monto, mientras que Cancio, también integrante de la fuerza, habría contribuido con el 15% restante.
El préstamo habría sido pactado a dos años, con una tasa del 11% anual y un esquema de pagos mensuales. La Justicia busca ahora determinar si las condiciones y el origen de esos fondos resultan consistentes con la capacidad económica de las acreedoras.
La lupa sobre la capacidad financiera
Uno de los ejes centrales de la investigación es la verificación patrimonial de las personas involucradas. Por pedido de la fiscalía, se requirió a ARCA información detallada sobre ingresos, bienes, declaraciones juradas y movimientos económicos de las testigos.
El objetivo es establecer si las prestamistas contaban con respaldo financiero suficiente para justificar los créditos otorgados y las garantías hipotecarias asociadas.
En esa misma línea, el juez dispuso levantar el secreto fiscal sobre todas las personas citadas, una medida que habilita a profundizar el análisis sobre la trazabilidad del dinero.
El foco se traslada a otra operación inmobiliaria
La investigación no se limita a un solo inmueble. El miércoles será el turno de otras dos testigos: Beatriz Alicia Viegas y Claudia Bibiana Sbabo, quienes vendieron a Adorni un segundo departamento en el barrio de Caballito.
Según consta en la causa, la operación se realizó mediante un esquema de financiación privada: el funcionario abonó 30.000 dólares al momento de la escritura y quedó con una deuda de 200.000 dólares a cancelar en noviembre próximo, sin intereses.
El dato que genera interrogantes en la fiscalía es que las vendedoras no se desprendieron completamente del crédito, lo que refuerza la hipótesis de operaciones atípicas en el mercado inmobiliario.
Con celulares y bajo juramento
Para estas declaraciones, la fiscalía adoptó una medida poco habitual: las testigos deberán presentarse en tribunales con sus teléfonos celulares y estar dispuestas a facilitar el acceso a su contenido.
La intención es contrastar la documentación formal con posibles comunicaciones, transferencias o acuerdos informales que puedan surgir del análisis digital.
Este cruce de información busca robustecer la prueba sobre la existencia, condiciones y circuito de los fondos involucrados.
Declaraciones juradas y trazabilidad del dinero
En su última presentación ante la Oficina Anticorrupción, Adorni declaró deudas por más de 50 millones de pesos vinculadas a estas operaciones: una con Molina y otra con Cancio, ambas garantizadas con el inmueble de Parque Chacabuco.
La fiscalía intenta ahora verificar si esos pasivos reflejan efectivamente movimientos reales de dinero o si existen inconsistencias entre lo declarado y la operatoria concreta.
En este punto, la trazabilidad de los fondos se vuelve clave: no solo importa la existencia de la deuda, sino también el recorrido del dinero y su correspondencia con ingresos legítimos.
El origen de la causa y otras líneas de investigación
El expediente se inició a partir de una denuncia de la diputada Marcela Pagano, y se encuentra delegada en la fiscalía de Pollicita.
En paralelo, el juez Lijo también investiga otra línea que involucra al jefe de Gabinete por presuntas dádivas. Se trata de un viaje en avión privado a Punta del Este junto a su familia, que habría sido financiado por el empresario y periodista Marcelo Grandío, vinculado a contratos con la TV Pública.
Una semana clave para el expediente
Con el inicio de las declaraciones testimoniales y el acceso a información fiscal y digital, la causa entra en una fase decisiva. La Justicia buscará determinar si las operaciones inmobiliarias responden a mecanismos legales de financiamiento o si encubren maniobras incompatibles con los ingresos declarados del funcionario.
El resultado de estas indagatorias podría definir el rumbo del expediente y el grado de exposición judicial del jefe de Gabinete en las próximas semanas.