Los fallos clave de la Corte Suprema de Justicia que marcaron este 2025

La Corte Suprema de Justicia de la Nación cerró 2025 con cifras récord. En el transcurso de doce meses resolvió más de 15 mil fallos y casi 29 mil causas, lo que convirtió al año en el de mayor actividad judicial desde la creación del tribunal. En ese marco, dictó una serie de resoluciones que tuvieron fuerte impacto institucional y social, al intervenir en causas de corrupción, daño ambiental, libertad de expresión, derechos previsionales y conflictos de alto voltaje político.

Uno de los pronunciamientos más relevantes fue el que dejó firme la condena a seis años de prisión contra la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner en la causa Vialidad, por el delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública. Al mismo tiempo, el tribunal confirmó su absolución por asociación ilícita y ratificó las condenas y absoluciones del resto de los imputados. En un voto conjunto, los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti rechazaron uno por uno los planteos de la defensa y afirmaron que el proceso respetó las garantías constitucionales y se apoyó en prueba suficiente y debidamente valorada.

En el plano económico, la Corte puso fin a los reclamos del empresario tabacalero Pablo Otero, conocido como el “Señor del Tabaco”, al declarar la constitucionalidad de los impuestos internos a los cigarrillos. El fallo sostuvo que esas normas persiguen un fin recaudatorio y también extrafiscal, vinculado a la protección de la salud pública, y obligó al empresario a pagar los montos que había evitado durante años gracias a medidas cautelares.

Otra decisión de alto impacto fue la que dejó sin efecto la cautelar que permitía al Casino Flotante seguir funcionando sin contrato vigente. Por unanimidad, los supremos revocaron la medida que había extendido la concesión de los barcos casino en la Ciudad de Buenos Aires y pidió que se eleve el expediente principal para definir la cuestión de fondo, en un contexto en el que la Constitución porteña prohíbe las salas de juego en manos privadas.

En materia de corrupción y lavado de dinero, la Corte dejó firme la condena a diez años de prisión contra Lázaro Báez y otros imputados en la causa conocida como “ruta del Dinero ”. El fallo confirmó que se montó una estructura jurídica y financiera para lavar más de 55 millones de dólares entre 2010 y 2013, en un expediente que incluyó multas y decomisos sin precedentes.

También en el expediente “Cuadernos”, el máximo tribunal rechazó numerosos recursos y revocó el sobreseimiento que había beneficiado a Daniel Muñoz, ex secretario privado de Néstor Kirchner, y a su esposa Carolina Pochetti, investigados por lavado de dinero. La decisión reabrió la investigación sobre el origen y destino de bienes y propiedades en el exterior, luego de que Pochetti declarara como arrepentida.

Entre los fallos vinculados a tragedias y responsabilidades estatales, la Corte confirmó la condena a cuatro años de prisión contra el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido por su rol en la Tragedia Ferroviaria de Once, que en 2012 causó la muerte de 51 personas. El tribunal rechazó los recursos de la fiscalía y de la defensa y dejó firme la sentencia por administración fraudulenta.

En el terreno de los derechos personalísimos, el máximo tribunal dictó un fallo clave a favor de las herederas de la actriz Beatriz Salomón, al considerar que un informe periodístico con cámara oculta vulneró su derecho a la intimidad. La Corte fijó estándares para ponderar la libertad de expresión frente a la vida privada y sostuvo que las escenas difundidas carecían de interés público.

El tribunal también tuvo una definición de peso en materia previsional, al confirmar la constitucionalidad de la Reforma Jubilatoria impulsada durante el gobierno de Mauricio Macri. Si bien ratificó el principio de movilidad, aclaró que la Constitución no impone un único sistema y deja margen de decisión al Congreso.

Por último, la Corte volvió a pronunciarse sobre la organización judicial en la Ciudad de Buenos Aires en el fallo conocido como “Levinas II”, al reiterar que el Tribunal Superior de Justicia porteño es el superior tribunal de la causa para los procesos que tramitan ante la justicia nacional ordinaria con asiento en la Ciudad, sin avanzar sobre el traspaso pleno de competencias.