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Comodoro Py investigará a Patricia Bullrich por la represión en la marcha de jubilados

La Corte Suprema determinó que el juez federal Martínez De Giorgi lleve adelante la causa por apremios ilegales y abuso de autoridad contra la hoy senadora, a raíz del violento operativo policial del 4 de septiembre de 2024 frente al Congreso.

Patricia Bullrich brindó algunas precisiones sobre la reforma tributaria que prepara el Gobierno, mientras mira de reojo al bloque peronista.

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Noticias Argentinas

La Corte Suprema de Justicia zanjó una disputa de competencia entre dos juzgados y determinó que la exministra de Seguridad y actual senadora nacional de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, debe ser investigada por la justicia federal. Los supremos Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti resolvieron, en línea con el dictamen de la Procuración General, que el expediente recaiga en el juzgado federal a cargo de Marcelo Martínez De Giorgi.

El expediente se originó tras la denuncia presentada por el diputado de Fuerza Patria Horacio Pietragalla, quien acusó a Bullrich de haber ordenado, en su rol de ministra, el operativo de la Policía Federal que ese día reprimió a los manifestantes que marchaban contra el veto presidencial a la Ley de Movilidad Jubilatoria. La jornada terminó con alrededor de treinta heridos, entre ellos ocho periodistas, y con imágenes de Bullrich monitoreando el operativo en tiempo real. Los cargos que pesan sobre ella son apremios ilegales y abuso de autoridad.

El caso generó un primer choque entre juzgados antes de llegar al máximo tribunal. El juez federal Martínez De Giorgi había declinado su competencia al entender que el fondo del asunto pasaba por la validez del protocolo antipiquetes establecido por el Ministerio de Seguridad en 2023 y que esa cuestión ya había sido objeto de un habeas corpus preventivo tramitado ante la justicia ordinaria.

Sin embargo, el juzgado nacional al que se derivó el caso rechazó recibirlo con el argumento de que una denuncia penal de acción pública y una acción declarativa de certeza son figuras completamente distintas y que, en cualquier caso, la conducta de una ministra en ejercicio de sus funciones es "de indudable competencia federal".

Ante el conflicto entre ambos fueros, la decisión quedó en manos de la Corte como superior común; previamente, el Procurador General Eduardo Casal dictaminó que la eventual coincidencia en una cuestión jurídica entre dos expedientes no habilita por sí sola la acumulación de causas ni modifica las reglas de competencia. La Corte tomó en cuenta el criterio de Casal y devolvió el expediente a Martínez De Giorgi.

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