Logros, sinsabores y preguntas incómodas sobre los dueños de San Jorge
El gobernador Alfredo Cornejo acelera tras las elecciones. El logro minero, los avances en la justicia y el discreto camino de los dueños reales de San Jorge.
Si alguien dudaba cómo podía capitalizar Alfredo Cornejo el respaldo electoral que logró en octubre en su sociedad política con Javier Milei es porque no conoce el recorrido político del “hombre del poder” en la última década de Mendoza. En una semana, por ejemplo, logró la aprobación del proyecto minero San Jorge, logrando un hito político que tiene como desafío convertirse en productivo, ascendió, vía el Senado, a un polémico fiscal sin oír advertencias y, con los votos dentro del Jury, se hizo su voluntad para suspender a un juez penal de origen peronista con quien tiene explícitas diferencias.
Más aún, en una larguísima alocución ante sus militantes Cornejo ratificó el rumbo con una retórica redundante: la gente en Mendoza está mal, pero la provincia está bien; la base de los problemas está en la macroeconomía y lo sembrado por el populismo, pero en la provincia los servicios funcionan. Con la vara bajísima, los radicales se convencen del buen rumbo.
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Sin embargo alguna frustración le queda al gobernador. El armado improvisado de una lista propia para aspirar a la conducción del descendido Godoy Cruz se suma a alguno de sus (pocos) fracasos electorales. Más doloroso le puede resultar el descenso del radicalismo nacional, partido en el que Cornejo no logró la influencia que quería para lograr un giro institucional hacia el apoyo a Javier Milei.
Por eso la elección que derivó en la conducción partidaria de Leonel Chiarella fue casi desconocida por el Gobernador mendocino que buscó despegarse por completo de la UCR orgánica. Esa pelea por las migajas de una fuerza política deshilachada es el resultado de una década perdida en la que la identidad de la UCR fue desteñida por el Pro primero, por La Libertad Avanza ahora y, sobre todo, por los problemas propios. Cornejo decidió ser “cola de león” y quedarse bajo el amparo de la impredecible La Libertad Avanza, gozando el éxito actual. Hay ahí también una paradoja: el éxito de Milei es un tope a cualquier aspiración propia de ser relevante a nivel nacional de manera autónoma.
La UCR es más que nunca una federación de partidos provinciales sin un norte y con liderazgos esfumados. Esa fragilidad los hace permeables a distintos intereses. En Mendoza ocurre desde el poder, cuestión que facilita la digestión de decisiones que en otro momento serían al menos polémicas: desde aliarse con Milei, hasta reenamorarse con De Marchi para “ganar” un municipio esquivo. En el plan político hay un dato relevante que pasa desapercibido pero va a cambiar la matriz institucional: el oficialismo admitió de oficio la autonomía municipal y San Rafael redactará su Carta Orgánica, la “pequeña constitución” que generará un antes y un después. Para los intendentes del Gran Mendoza puede ser incómodo tener que imitarlos porque supondrá también tomar responsabilidades en serio sobre temas centrales. Hacerse cargo.
Preguntas incómodas sobre San Jorge
La mina San Jorge tiene aval político y el Gobierno ahora tiene un desafío de pericia política para gestionar las tensiones que genera en las calles con grupos antimineros. El debate está plagado de distorsiones: en una provincia con una crisis profunda por la escasez y la contaminación del agua ya ejecutadas, el foco está puesto en una actividad que aún no existe. Es, también, el enemigo ideal para el Gobierno. Pero San Jorge debe responder otras dudas más incómodas sobre su presente y futuro.
En la misma semana de hiperactividad Alfredo Cornejo estuvo en el Consejo de Mayo, ese grupo formado por el Presidente para planear políticas estratégicas. El Gobernador compartió mesa con alguien que tiene intereses particulares en Mendoza y más en particular aún con el proyecto “emblema” del cornejismo. Se trata de Martín Rappallini presidente de la Unión Industrial Argentina, que también tiene una silla de privilegio en el Consejo de Mayo. Rappallini es dueño del Grupo Alberdi, que tiene parques industriales y, sobre todo, una cerámica. Pues ese grupo es uno de los propietarios de San Jorge, la mina que minutos antes de la reunión del Consejo había recibido el aval político.
Curiosamente Rappallini tiene bajísimo perfil con el proyecto minero del que es propietario y no hizo declaraciones, así como tampoco hubo algún comunicado entre los accionistas. Es parte de la discretísima actitud de los accionistas de ese proyecto, que se contrapone a la enérgica defensa que hubo desde el Gobierno que, a la vez, es autoridad de aplicación.
Más discreta aún fue la actitud de los accionistas mayoritarios, es decir la empresa Solway. San Jorge es propiedad de una sociedad formada por Zonda Metals y el Grupo Alberdi. La proporción es 70-30. Zonda es una empresa de nombre argentino, pero de origen societario suizo. Más aún, el dueño real es el grupo Solway Investment Grup. Esa compañía que tiene su base en Macedonia y Suiza tampoco hizo alguna comunicación sobre el futuro de San Jorge y no lo tiene en su cartera pública de proyectos. Los accionistas principales son los integrantes de la familia Bronstein, particularmente Dan, el conductor de la compañía y principal accionista de San Jorge. Solway había estado asociada a la empresa Aterra, a quien le compró la totalidad de las acciones antes de asociarse con Alberdi.
Los tres proyectos que Solway tiene en el mundo, más allá de San Jorge, están en Macedonia, Ucrania y Guatemala. La empresa tenía vinculación con Rusia, pero por el conflicto por la invasión a Ucrania esos intereses se rompieron. Justamente los socios rusos le trajeron problemas más profundos.
En Guatemala, donde opera la mina de níquel, es donde más problemas tuvo. El año pasado el Gobierno de Estados Unidos sacó a Solway de la lista negra de empresas sospechadas de maniobras de corrupción o de violación a los derechos humanos, entre otros delitos.
Esa sanción le impedía operar o vincularse con empresas de Estados Unidos y, por ejemplo, aspirar a absorber capital para invertir. La sanción había sido impuesta en 2022, como indicó la embajada de EEUU en Guatemala, que advirtió que empresarios rusos ligados a Solway habían cometido actos de corrupción en Guatemala. Así lo determinó la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. "Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN), Compañía Procesadora de Níquel (ProNiCo) y Mayaníquel funcionan como subsidiarias de Solway Investment Group, una empresa rusa que ha explotado minas guatemaltecas desde 2011. El líder de las operaciones mineras de Solway en Guatemala, el ruso Dmitry Kudryakov (Kudryakov), junto con la bielorrusa Irina Litviniuk (Litviniuk), presuntamente dirigieron múltiples esquemas de sobornos durante varios años, involucrando a políticos, jueces y oficiales del gobierno. Además, Litviniuk realizó actos de corrupción, fomentando el tráfico de influencias al dar pagos en efectivo ilegalmente a oficiales públicos a cambio de apoyar los intereses mineros rusos”, describían desde la sede diplomática de Estados Unidos.
La empresa dueña de San Jorge estuvo bloqueada para operar hasta enero del año pasado. “Las filiales guatemaltecas de Solway Investment Group, empresa minera global con sede en Suiza, fueron eliminadas hoy de la lista de sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro de Estados Unidos”, celebraban desde la empresa, a lo que le siguieron pedidos diversos para poder reabrir la mina en todo su potencial.
Los problemas de esa empresa son de larga data, pues Guatemala fue sancionada en 2023 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos por no haber tenido en cuenta a la comunidad indígena local en la explotación de la mina operada por Solway. La empresa nuevamente se desligó al asegurar que los inconvenientes surgieron de manera previa a la compra. Esos discretos socios deben responder ahora sobre la inversión comprometida de 600 millones de dólares que debe cumplir la empresa.
Activos complejos
Con la exploración y explotación de cobre a Mendoza le ocurre igual que con otros activos estratégicos: por ahora no logra tentar a empresas de primera línea. Los antecedentes son amplios. En la primera licitación petrolera ejecutada por la Provincia (cuando se reconoció la propiedad provincial de esos recursos) las concesiones se dieron a empresas marginales, sin antecedentes y con dudosa confiabilidad. Salvo YPF, claro. Esa decisión derivó en el complejo presente de esa industria en Mendoza, donde se cosechó la falta de inversión en exploración y de mirada estratégica: las concesiones se dieron en 2008 y en 2011 se profundizó con extensiones de concesiones, justo en los años bisagra en los que la industria puso los ojos sobre Vaca Muerta y la explotación no convencional.
Otro antecedente aún más fresco es lo que pasó con Potasio Río Colorado. Mendoza dio la vuelta al mundo para tratar de hallar algún inversor de peso tras el derrumbe y la salida de la brasileña Vale. Tras el fracaso de esas gestiones, Minera Aguilar, empresa argentina pero con sus accionistas y sociedades asociadas radicados afuera, se quedaron con el proyecto. Y la empresa no cumplió el plan de inversiones. El propio Cornejo suele quejarse de la falta de interés de los empresarios de peso y también sobre quiénes son los que se arriesgan en Mendoza.