Ley de Glaciares: la audiencia pública más grande del mundo
El rechazo a la reforma crece por su impacto ambiental, su posible inconstitucionalidad y el riesgo sobre reservas hídricas clave.
Según el Inventario Nacional de Glaciares, contamos con 16.968 cuerpos de hielo en 12 provincias
Archivo.En la cosmogonía de la vida, el agua no es una mercancía; es el fluido vital que sostiene los territorios y los cuerpos. Desde una perspectiva ecofeminista, entendemos que la explotación de la naturaleza y la opresión de las identidades feminizadas beben de la misma fuente: una lógica extractivista y patriarcal que ve en los bienes comunes —como nuestros glaciares — simples recursos a ser sacrificados en el altar del capital transnacional.
Hoy, la Ley de Glaciares (26.639) está bajo un ataque sistemático. Tras una media sanción inconstitucional en el Senado en febrero de 2026, el oficialismo pretende aprobar la reforma de manera acelerada en la Cámara de Diputados, ignorando por completo el clamor ciudadano y los principios básicos de nuestra Constitución Nacional. Lo que estamos presenciando es un intento de "limpieza legal" para facilitar el saqueo de nuestras reservas hídricas más estratégicas en un país cada vez más desertificado y donde ya estamos en emergencia hídrica.
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Argentina alberga un patrimonio criogénico invaluable. Según el Inventario Nacional de Glaciares, contamos con 16.968 cuerpos de hielo en 12 provincias, de los cuales nacen ríos que abastecen de agua a la mayoría del país. Sin embargo, la reforma impulsada busca desprotección quirúrgica: apunta especialmente al ambiente periglacial. Defender el área periglacial es defender el suelo congelado o permafrost, y muy especialmente los glaciares de roca o escombros. Estos últimos son masas de hielo cubiertas por detritos rocosos que, a diferencia de los glaciares blancos (descubiertos), son mucho más resistentes al cambio climático. En zonas de extrema aridez como San Juan, La Rioja o Catamarca, los glaciares de roca son los verdaderos reservorios que garantizan el caudal de los ríos en verano.
La reforma pretende que solo se protejan los glaciares de "relevancia hídrica actual", una trampa semántica peligrosa. Como se expuso en la audiencia, un glaciar que hoy parece "pequeño" o "inactivo" es una reserva estratégica para las sequías extremas que vendrán. Eliminar la protección del ambiente periglacial es, en la práctica, entregar la llave de nuestros tanques de agua a las empresas mineras, que necesitan justamente esas zonas para instalar escombreras y plantas de lixiviación.
La falacia del "freno al desarrollo" y el dato de la verdad
Uno de los argumentos más cínicos del lobby minero es que la Ley 26.639 impide el progreso económico del país. Nada más alejado de la realidad científica. Los glaciares y las zonas periglaciares protegidas ocupan apenas un 0,2% del territorio nacional. Es decir, el 99,8% restante de la Argentina está disponible para el desarrollo de actividades productivas, incluida la minería, siempre que cumpla con las normativas vigentes. ¿Cómo puede un 0,2% del territorio ser un "freno" al país? La respuesta es simple: ese 0,2% es donde se encuentran los yacimientos de oro, cobre y plata más rentables para las multinacionales, pero también es donde nace el agua pura. La ley vigente no impide la minería; impide la minería sobre el agua.
El federalismo al servicio del saqueo
El proyecto con media sanción pretende delegar en las provincias la facultad de "redefinir" sus inventarios y niveles de protección. Este es un uso perverso del concepto de federalismo. El agua no reconoce fronteras políticas; los ecosistemas son interprovinciales por naturaleza. Las cuencas hídricas que nacen en los glaciares andinos recorren miles de kilómetros, irrigando valles productivos en provincias "aguas abajo" que no tienen voz en la decisión de una provincia cordillerana "aguas arriba". Por esto, la Ley de Presupuestos Mínimos es innegociable: la Constitución Nacional faculta al Congreso a fijar un piso de protección uniforme para todo el territorio. Permitir que cada provincia legisle de forma aislada sobre sus glaciares es desintegrar la unidad nacional ambiental y dejar a millones de argentinos a merced de convenios espurios entre gobernadores y CEOs extranjeros.
Un fraude institucional: La audiencia del silencio
La Cámara de Diputados ha protagonizado uno de los episodios más oscuros de la democracia reciente. A pesar de contar con más de 102.000 inscriptos —la audiencia pública más grande del mundo—, se diseñó un esquema restrictivo que solo permitió hablar a menos del 0,5% de los interesados. Incumple la Ley General del Ambiente (25.675) y el Acuerdo de Escazú, que tiene jerarquía superior a las leyes y exige una participación pública "real, oportuna y efectiva". Al obligar a la presencialidad en Buenos Aires y limitar la oralidad, se aplicó un filtro de clase y geográfico: solo pudieron participar quienes tenían el dinero para viajar o el acceso a una conexión de internet estable, en un país donde la pobreza supera el 50%. Se trató de un simulacro para "cumplir con las formas" mientras se acelera el trámite legislativo para principios de abril.
Inconstitucionalidad y el principio de no regresividad
La reforma es inconstitucional por violar el Principio de No Regresividad Ambiental. El derecho internacional y nuestra propia jurisprudencia establecen que, una vez alcanzado un nivel de protección ambiental, el Estado no puede retroceder. Reducir el inventario de glaciares o permitir actividades que hoy están prohibidas es un retroceso ilegal. Además, se ignora el Convenio 169 de la OIT, al no haber realizado la Consulta Previa, Libre e Informada a las comunidades de Pueblos Originarios que habitan esos territorios ancestrales.
Ecofeminismo: La defensa de la trama de la vida
¿Por qué alzamos la voz desde el ecofeminismo? Porque el extractivismo es la cara visible de un sistema patriarcal que ve en la naturaleza un cuerpo a ser penetrado, dominado y drenado. Existe una analogía directa entre la violencia que sufren los territorios y la violencia que sufren los cuerpos feminizados bajo este modelo. Somos las mujeres y las identidades diversas quienes sostenemos las redes de cuidado y la soberanía alimentaria en las comunidades. Cuando el agua se contamina con metales pesados o cuando el caudal de los ríos disminuye por el uso industrial, son estas redes las que colapsan primero. Defender la Ley de Glaciares es defender la reproducción de la vida frente a la producción de mercancía. No hay justicia social sin justicia ambiental, y no hay justicia ambiental que no sea feminista.
El clamor ciudadano: 84% de rechazo
El poder político parece vivir en una realidad paralela. Según el relevamiento nacional de la Universidad de San Andrés (UdeSA) y la consultora Pulso (marzo de 2026), el 84% de la población argentina rechaza esta reforma. El rechazo es transversal: no distingue entre partidos políticos ni clases sociales; es el sentido común de un pueblo que sabe que "el agua vale más que el oro".
Los glaciares no son moneda de cambio
Resulta alarmante la urgencia del Gobierno por tratar este proyecto a principios de abril. ¿A qué le temen? Le temen a la verdad científica, le temen a la Constitución y, sobre todo, le temen a un pueblo movilizado que ha decidido que sus glaciares no son moneda de cambio para pagar deudas externas o financiar campañas. Exigimos que la Cámara de Diputados rechace la media sanción del Senado. No permitiremos que se mutile la Ley 26.639. Defender nuestros glaciares y su ambiente periglacial es el acto de patriotismo más urgente de nuestro tiempo.
Ni la tierra ni nuestros cuerpos son territorios de conquista. El agua se defiende, y la ley de glaciares no se toca.
* María José Lubertino. Doctora en Derecho, Especialista en Derecho Ambiental y Profesora Titular UBA. Presidenta Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos.