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Ley de Glaciares: continúa la audiencia pública en medio de la tensión y los reclamos

Tras un primer día con protestas y cruces, Diputados retoma la audiencia pública por la reforma de la Ley de Glaciares en un clima de fuerte tensión política.


Luego de una primera jornada atravesada por tensiones políticas y protestas en las inmediaciones del Congreso, la audiencia pública por la reforma de la Ley de Glaciares continuará este jueves con una segunda instancia que se realizará de manera virtual y sumará exposiciones desde distintos puntos del país.

A partir de las 10 está prevista la reanudación del proceso, que ya quedó bajo cuestionamiento judicial. Sectores opositores impulsaron presentaciones para declarar la nulidad de la audiencia, en rechazo a la decisión del oficialismo de limitar la cantidad de oradores habilitados.

La polémica gira en torno al tope de 200 expositores en vivo, una restricción que generó críticas tanto dentro como fuera del Congreso.

Un primer día con protestas y clima de tensión

El debut de las audiencias, el miércoles, estuvo marcado por manifestaciones de organizaciones ambientalistas en las inmediaciones del Palacio Legislativo y por un clima áspero dentro de las comisiones.

La reunión fue encabezada por los titulares de Recursos Naturales, José Peluc, y de Asuntos Constitucionales, Nicolás Mayoraz, y se extendió durante toda la jornada con intervenciones mayoritariamente críticas al proyecto.

Cruces y cuestionamientos al esquema

Durante las exposiciones se registraron cruces entre algunos oradores y diputados opositores, en un contexto atravesado por reclamos por la modalidad de participación. Buena parte de los expositores cuestionó el límite impuesto a las intervenciones, al considerar que restringe el carácter federal del debate.

Qué cambia la reforma que impulsa el oficialismo

El proyecto en discusión, que ya cuenta con media sanción del Senado durante el período de sesiones extraordinarias, propone modificar el alcance de las áreas protegidas por la normativa vigente.

En concreto, busca redefinir los criterios sobre las zonas periglaciares, habilitando en determinados casos actividades de exploración y explotación económica que actualmente están prohibidas. El eje del debate gira en torno al equilibrio entre desarrollo productivo —especialmente minero— y la preservación de recursos estratégicos como el agua.