Legisladores caros, resultados baratos: ¿vale la pena el gasto que hacemos en los políticos?

Una reflexión simple, pero de gran efectividad, surgió días atrás en el norte de Chile. Escuchaba al gobernador de Antofagasta durante una entrevista. Al analizar la labor de los parlamentarios de su región, puso un tema sobre la mesa: ¿Cuánto cuestan esos salarios y cuánto de eso se traduce en riqueza o beneficios directos para su gente?

Esta perspectiva, enfocada en el retorno económico y social del trabajo político, aplica a la realidad mendocina. El alto costo de mantener una estructura legislativa demanda una evaluación que vaya más allá del mero discurso. Es necesario preguntarse qué rendimiento productivo ofrece ese costo a los ciudadanos.

Hice un ejercicio simple. Utilicé herramientas de inteligencia artificial y le pedí calcular el costo acumulado de la dieta de un legislador provincial de Mendoza durante, al menos, los últimos diez años. El resultado, con una cifra muy conservadora, indica que cada banca en la Legislatura significó un costo superior a los 200.000 dólares acumulados durante el período.

El dato, sin embargo, solo considera a los legisladores. No incluye el gasto en asesores ni en todo el entramado de colaboradores que, históricamente (en algunos momentos más que en otros), se convirtió en repartición de nepotismo puro. El costo real de la Legislatura supera con creces esa cifra, llevando la pregunta sobre el retorno a una dimensión mucho mayor.

Ahora, la pregunta fundamental que debe guiar esta reflexión es: ¿ese costo, esa inversión obligatoria que el mendocino realiza con sus impuestos, se reflejó en proyectos que generan un beneficio palpable para la provincia?

Cuando observamos la agenda pública y las campañas electorales, el panorama muestra una gran desorientación. Vemos una concentración de discurso netamente político. Los legisladores prometen soluciones para problemáticas que, según la Constitución y la división de poderes, competen a otros poderes. Parecen no tener clara la función esencial que cumplen.

El rol del legislador se centra en la producción de normas. Su trabajo debe traducirse -por ejemplo- en la creación de leyes que modifiquen el entorno productivo de Mendoza. Dadas las cifras de pobreza y desempleo, en eso deberían poner el foco, en impulsar el desarrollo.

Todo lo contrario, la Legislatura mendocina se satura de proyectos de declaración, adhesiones a fechas conmemorativas o declaraciones de interés. Son papeles que no modifican el estatus quo de la provincia. Esta sobreabundancia de iniciativas de bajo impacto confirma la falta de proyectos sólidos y concretos. Más grave aún, existen ocasiones en que los cuerpos legislativos se convierten en un "palo en la rueda" para el desarrollo, frenando o distorsionando iniciativas que buscan promover inversiones.

El grueso del trabajo legislativo, el que realmente destraba el potencial de una provincia, brilla por su ausencia. Proyectos serios que apunten a cuestiones fiscales, de promoción industrial o de marcos regulatorios que permitan atraer inversiones, que generen nuevos empleos genuinos y diversifiquen la matriz productiva, no ocupan el centro del debate.

La ciudadanía financia salarios elevados que exigen un desempeño equivalente en términos de impacto positivo. Me atrevo a decir que, por lo menos en los últimos 15 o 20 años, lo caro que salen los legisladores no se vio reflejado en una Mendoza mejor en el plano productivo. Ya son ultraconocidos los informes que nos señalan que no se genera empleo genuino. Las estadísticas también dicen, entre otras cosas, que nuestras exportaciones –las que traen dólares– están casi estancadas. Los cambios que muestran se dan por tipos de cambio y no por mayor productividad. Entonces, y poniéndose en el lugar que sí tienen, uno espera que de la casa de las leyes surjan proyectos reales que se traduzcan en beneficios para los mendocinos.

Con lamento, hace años vemos la masiva presencia de ilustres desconocidos que, a pesar del cambio del sistema electoral, acceden a una banca de manera casi incógnita. Los ciudadanos de Mendoza no conocen a los diputados y los senadores. Lo siento por los legisladores que sí cumplen su rol, pero la realidad es que el alto costo de la estructura demanda un retorno generalizado. Si la única devolución es un discurso vacío de contenido legal o promesas fuera de jurisdicción, el costo de cada legislador deviene en una simple carga. El mandato principal es producir normas que hagan ganar a Mendoza, no solo que ellos se conviertan en un costo para la provincia.

La pregunta sobre el retorno de la labor legislativa debería ser una de las primeras cuestiones que los mendocinos se cuestionen cuando van a emitir su voto. Claro, muchos ciudadanos votan por el color político, ponen el visto en el casillero de la lista completa. Sin embargo, no podemos asegurar que el total de esa lista es idónea solo porque las cabezas les parecen las adecuadas. Quizás es momento de cambiar la forma en que el mendocino se enfrenta a la boleta. Debemos comenzar a pedirle a quienes ocupan los lugares de más abajo en la lista que se ganen un lugar con ideas y proyectos, no solo con la obediencia o la rosca interna de su partido.