Legisladores abordaron la problemática del juego online ilegal en Mendoza

Legisladores de las comisiones de Salud del Senado y de Diputados de Mendoza mantuvieron una reunión conjunta con Alejandro Iturbide, jefe de Fiscales de la Fiscalía de Delitos Económicos, para analizar la problemática del juego online ilegal y su impacto en niños y adolescentes. El encuentro estuvo encabezado por la senadora Claudia Najul y el diputado Daniel Llaver.

Durante su exposición, Iturbide brindó un panorama preocupante sobre la proliferación del juego ilegal en plataformas digitales y explicó que la mayoría de las denuncias vinculadas a Juegos y Casinos refieren a apuestas realizadas en sitios no habilitados. Indicó que, en su mayoría, estas denuncias se canalizan a través del Instituto de Juegos y Casinos, y no directamente por el Ministerio Público Fiscal.

El fiscal señaló que la Ley provincial vigente desde 2020 establece que el control del juego online recae sobre dicho Instituto, aunque destacó que las investigaciones judiciales cumplen un rol fundamental para disuadir estas prácticas.

Además, remarcó la necesidad de contar con mayor colaboración de las plataformas digitales, que “poseen información sensible que puede ser clave en las investigaciones”. Como ejemplo, mencionó el convenio internacional NCMEC (National Center for Missing and Exploited Children), mediante el cual las prestadoras de internet deben informar de inmediato sobre contenidos vinculados a pornografía infantil, lo que ha derivado en numerosas condenas a nivel global y nacional. Según explicó, un esquema similar podría aplicarse para los casos de juego ilegal, especialmente cuando involucran a menores.

Iturbide advirtió que estas plataformas “son capaces de detectar si un usuario es menor de edad y, sin embargo, permiten su acceso”. En este sentido, consideró indispensable aplicar normativas que obliguen a reportar estos casos y mencionó que existe un proyecto de ley nacional que propone agravar las penas cuando se compruebe que los jugadores son menores.

Investigación y colaboración tecnológica

El funcionario alertó que muchos niños y adolescentes acceden a estas plataformas utilizando los datos de tarjetas de crédito de sus padres, pese a que las propias aplicaciones detectan que se trata de usuarios no autorizados. También señaló la dificultad que representa la interjurisdiccionalidad, ya que muchas plataformas no están radicadas en la provincia, lo que complica las investigaciones. Aun así, sostuvo que “si el delito se comete y afecta a ciudadanos de Mendoza, corresponde avanzar con las causas”.

Durante la ronda de consultas, los legisladores se interiorizaron sobre los aspectos técnicos de las investigaciones digitales. Iturbide detalló que la página del Ministerio Público Fiscal está habilitada para recibir denuncias y que se trabaja en optimizar los formularios, ya que muchas veces la información recibida es insuficiente y requiere múltiples comunicaciones para completarla.

Explicó que las investigaciones incluyen la identificación de perfiles en redes sociales, la verificación de la ubicación de los usuarios mediante geolocalización de IP y, cuando es posible, allanamientos para secuestrar dispositivos y obtener pruebas forenses. Destacó que este tipo de procedimientos han derivado en condenas en otras provincias, demostrando su efectividad.

Por último, comentó que existe un acuerdo con ALEA (Asociación de Loterías, Quinielas y Casinos estatales de Argentina) que permite bloquear perfiles vinculados al juego ilegal en un plazo aproximado de 48 horas y un convenio con ENACOM para el bloqueo de páginas web ilegales en 72 horas.

Si bien reconoció que no hay estadísticas precisas sobre la cantidad de menores involucrados en estas prácticas, estimó que el número podría ser elevado, considerando el alto porcentaje de juego clandestino en la provincia.

La reunión concluyó con el compromiso de seguir avanzando en acciones conjuntas entre la Legislatura, el Ministerio Público Fiscal y los organismos competentes, con el objetivo de proteger a la población más vulnerable frente al avance del juego ilegal en entornos digitales.