Alfredo Cornejo recibió un importante aval en el Senado para invertir recursos: de qué se trata
El Gobierno Provincial recibió la aprobación de la Cámara Alta en un convenio que firmó con Vialidad Nacional. Detalles y obras.
La Cámara de Senadores dio sanción final este martes a la ratificación del Decreto Nº 1165, mediante el cual el gobierno de Alfredo Cornejo firmó un convenio con Vialidad Nacional para hacerse cargo del arreglo de seis tramos de las rutas nacionales 143, 40 y 7.
La medida ha causado controversia en términos políticos, sobre todo porque es la Nación la que debería mantener las inversiones en las rutas nacionales, pero de igual forma el oficialismo consiguió votos opositores, teniendo en cuenta que el retiro del gobierno de Javier Milei de la obra pública, no tiene retorno, al menos por ahora.
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Desde el peronismo, hubo algunos votos a favor, mientras que La Unión Mendocina (LUM) decidió abstenerse.
El senador oficialista Walther Marcolini fue quien detalló los alcances del convenio. Enumeró los tramos que serán intervenidos: la Ruta Nacional 7 entre Palmira y el nudo vial de Costanera (28,9 km), varios tramos de la Ruta Nacional 40 que totalizan más de 74 kilómetros en el Gran Mendoza, y la Ruta Nacional 143 entre Pareditas y San Rafael, con una extensión de 109 kilómetros.
Remarcó que la iniciativa representa una "respuesta concreta a una necesidad urgente de la población" y se enmarca en la decisión del gobierno provincial de dar "solución" a problemas estructurales sin esperar una respuesta del Estado nacional. Además, defendió el convenio, que buscará "mejorar la circulación, reducir siniestros viales y garantizar la continuidad del desarrollo económico de la provincia".
A favor y en contra en la Cámara de Senadores
Desde la oposición, algunos senadores expresaron reparos respecto al alcance y al enfoque del acuerdo.
El senador del Partido Verde, Dugar Chappel, consideró que la medida implica "asumir responsabilidades que corresponden al Estado nacional" y cuestionó que se utilicen fondos provinciales para ese fin.
Desde el PRO, Germán Vicchi informó que su bloque optaría por abstenerse en la votación, al considerar que el convenio no aclara suficientemente los mecanismos futuros de financiamiento ni los criterios de asignación de responsabilidades.
También hubo observaciones desde el peronismo, donde algunos legisladores acompañaron el proyecto reconociendo la urgencia de las obras, pero advirtieron sobre el riesgo de convalidar el desentendimiento del gobierno nacional respecto al estado de las rutas.
El cierre del debate estuvo a cargo de la senadora Natacha Eisenchlas, quien planteó una defensa política y conceptual del convenio. Señaló que, mientras gran parte de la sociedad reclama soluciones frente al deterioro de la infraestructura vial, desde algunos sectores de la oposición se "obstaculizan" decisiones que permitirían avanzar con obras largamente postergadas.
Recordó que casi el 30% de los accidentes viales fatales en Mendoza se producen en rutas nacionales, y que desde hace años hay promesas incumplidas por parte de la Nación, tanto en la gestión anterior como en la actual. También mencionó que varios gobernadores de distintas provincias y diferentes signos políticos han tomado decisiones similares para no quedarse de brazos cruzados, asumiendo con recursos propios obras que la Nación dejó de financiar.
Alcances de convenio de rutas
El acuerdo implica la cesión a la Provincia de la responsabilidad sobre distintos tramos de las rutas nacionales 7, 40 y 143, que atraviesan zonas estratégicas de Mendoza. Las tareas contemplan desde la ejecución de obras hasta el mantenimiento integral de esos corredores viales.
Será la Provincia la encargada de llevar adelante los trabajos, ya sea por administración directa o mediante sistemas de contratación acordes a la legislación local, sin que ello genere compromisos de reembolso por parte del organismo nacional. Además, se establece que las intervenciones deberán ajustarse a la normativa técnica vigente de Vialidad Nacional.
El convenio contempla también la posibilidad de que Mendoza gestione ante el Poder Ejecutivo Nacional la implementación de un sistema de concesión por peaje para los tramos involucrados, como alternativa de sostenibilidad financiera, pero se implementarán, una vez terminadas las obras.
En cuanto a los aspectos ambientales, se prevé que la Provincia realice los estudios de impacto correspondientes, conforme a las normativas nacional y provincial vigentes. La vigencia del acuerdo será de 36 meses a partir de su aprobación legal, con posibilidad de prórroga en función de la complejidad y alcance de las obras proyectadas.