Lavado de dinero: la UIF denunció la filtración de información confidencial de una empresa vinculada a Santiago Caputo
La acusación penal por violación de secreto fue presentada por el titular del organismo Paul Starc ante el fiscal federal Carlos Stornelli y apunta a la divulgación de documentación protegida de la cual únicamente tenían acceso la UIF y el banco que la emitió.
La Unidad de Información Financiera a cargo de Paul Starc denunció penalmente la filtración de información confidencial que involucra a Zefico S.A. luego que un documento protegido por la ley 25.246 cuya reserva se limitaba a la UIF y a la entidad bancaria que lo emitió saliera a la luz pública.
La información estaba contemplada en un Reporte de Operación Sospechosa que tras su divulgación Starc constató que los datos correspondían a un reporte en específico. El contenido de la documentación de alta confidencialidad fue reflejada totalmente en un artículo periodístico del diario La Nación.
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Con la total convicción que se trataba de una posible violación del secreto profesional, la UIF dispuso un rastreo interno urgente: se revisó quién había accedido al sistema de inteligencia financiera. El informe arrojó un dato sorprendente: ningún miembro de la UIF había consultado el ROS, salvo una verificación puntual ordenada por Starc a fin de descartar responsabilidades internas.
Con lo anterior y anexando un informe producido por la Dirección Tecnológica de Información y las Comunicaciones de la Unidad de Información Financiera, Paul Starc presentó una denuncia penal ante el fiscal federal Carlos Stornelli.
Si bien no se señala a persona alguna de la maniobra como autor, partícipe necesario o secundario, el organismo antilavado dejó en manos de la justicia la investigación de los hechos y la identificación de los posibles responsables. Por otra parte, la UIF pidió que se solicite a declarar a Pablo Costa, cuyo nombre aparece en el registro de Zefico S.A. y padre de Lucas Costa, señalado como amigo de la infancia de Santiago Caputo.
Finalmente y a través de un comunicado, Paul Starc remarcó que este tipo de filtraciones no solo violan la ley, sino que dañan la confianza en el sistema de reportes, base de la lucha contra el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva. “Proteger la confidencialidad no es solo una obligación legal, es una cuestión de credibilidad y de seguridad para el país”, remarcó el funcionario.