Las penas son de nosotros y las obras son ajenas
El Ministerio de Economía de la Nación y el Gobierno de Mendoza firmaron un convenio mediante el cual Vialidad Nacional le cede a la provincia la potestad de realizar obras, mejoras y mantenimiento sobre algunos tramos de rutas nacionales.
El pasado 14 de mayo del corriente año, el Ministerio de Economía de la Nación y el Gobierno de la Provincia de Mendoza dieron a conocer un convenio mediante el cual el Gobierno nacional -a través de Vialidad Nacional-, le cede al Gobierno provincial la potestad de realizar tareas de ejecución de obras, mejoras, mantenimiento integral sobre algunos tramos de rutas de jurisdicción nacional.
El convenio establece que las tareas a realizar serán bajo costo y responsabilidad de la provincia de Mendoza, sin reembolso alguno de los fondos por parte del Gobierno Nacional.
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Los tramos de rutas nacionales cedidos a la provincia son:
- RN 7 – Tramo: Palmira – Av. Costanera
- RN 40 – Tramo: Calle Azcuénaga – Empalme RN 7
- RN 40 – Tramo: Empalme RN 7 – F.F.C.C. Gral San Martín
- RN 40 – Tramo: Empalme RN 7 – RP 96
- RN 143 – Tramo: Pareditas – San Rafael
Si bien a partir de este convenio, Mendoza está habilitada a llevar adelante los trabajos mencionados, lo que más llama la atención es la forma en que el gobernador y varios funcionarios y/o legisladores de Cambia Mendoza festejaron su firma bajo el slogan “Todos Los Días Adelante”.
¿Es realmente un paso adelante para Mendoza este convenio?
Antes de discutir si Mendoza debe hacerse cargo de obras sobre rutas nacionales, debemos responder dos preguntas clave: ¿Quién tiene la obligación legal de financiar estas obras? y ¿Qué han hecho otras provincias ante el abandono nacional de la obra pública?
La primer pregunta tiene una respuesta bastante sencilla: si la ruta es de jurisdicción nacional, la responsabilidad de su mantenimiento y mejora es del Gobierno nacional. Las provincias no pueden asumir obligaciones que no les corresponden porque simplemente no son suyas.
Respecto a la segunda pregunta, la comparación con otras jurisdicciones deja en evidencia la diferencia de enfoques. La Provincia de Buenos Aires —junto a más de 20 intendentes— denunció públicamente al Gobierno nacional por el abandono de rutas nacionales dentro de su territorio y por no coparticipar recursos clave como el impuesto a los combustibles. La respuesta de Nación no fue un convenio como el firmado con Mendoza, sino una medida estructural: mediante la Resolución 827/2025 se convocaron audiencias públicas para avanzar en el programa “Red Federal de Concesiones – Etapa II”, que incluye rutas como el Tramo Sur, Atlántico, Pampa, Mediterráneo, Puntano, Portuarios y Acceso Sur. La estrategia: concesionar las rutas nacionales a privados, con o sin participación estatal, para que sean ellos quienes financien y mantengan la infraestructura.
Incluso en Santa Fe, la Cámara Federal de Reconquista ratificó una sentencia que obliga a Vialidad Nacional a reparar 226 kilómetros de la Ruta Nacional Nº 11, tras un litigio iniciado por el abandono del trazado (Expte FRE Nº 4885/2024).
Por todo esto sostengo que, lejos de ser un paso adelante, este convenio es un paso atrás, un retroceso. El convenio refleja una forma de gestionar los intereses estratégicos de la Provincia de Mendoza que confunde obediencia con colaboración. Un gobierno provincial que en vez de plantarse ante la Nación para defender lo que es de Mendoza, como lo hizo Buenos Aires o Santa Fe por nombrar algunas, termina arrodillándose y regalando parte de los 1.023 millones de dólares del resarcimiento para hacer tareas que ni siquiera son responsabilidad de la provincia.
Y mientras tanto, ¿cómo está el resto de la provincia? Las rutas provinciales en mal estado. Las escuelas esperando reparaciones. El Metrotranvía consumiendo más de $134.000 millones… y todavía sin terminar. ¿Tiene sentido sumar nuevas obras —además, ajenas a nuestra competencia— mientras seguimos sin resolver lo esencial?
Hoy padecemos las consecuencias de un gobierno lento, sin decisión que busca protagonismo en lo ajeno porque ya no puede sostener lo propio.
Este convenio no es gestión: es entrega. Y lo más grave es que se hace con fondos que estaban destinados a transformar estructuralmente a nuestra Provincia. Si esto es lo que el oficialismo llama “un paso adelante”, entonces preferimos detenernos y repensar hacia dónde vamos. Porque mientras tanto, ¡las penas siguen siendo nuestras y las obras ajenas!
Por Germán Vicchi, senador provincial