La trama que llevó a la acusación de Macho por estafa

Roberto Macho fue imputado por estafa, como adelantó MDZ, en una causa que se investiga si el gremio ATE afilió de manera ilegal a empleados del Estado. Esa causa, además, esconde una trama política dentro de los gremios estatales. La denuncia original la hizo el gremio ATSA y tiene que ver con la puja para tener la representación gremial en paritarias. En la causa figuran al menos 100, pero se cree que son más de 1000, personas que fueron afiliadas a ATE pero que, según la sospecha, ese trámite se hizo sin consentimiento.

La fiscal de delitos económicos Gabriela Chaves imputó a Macho por estafa porque sospecha que se fraguaron las afiliaciones y así se engañó a los empleados y al Estado (que es quien descuenta el aporte gremial a los trabajadores). Macho habló con MDZ y asegura que no existen afiliaciones “truchas” sino que se trata de acuerdos paritarios firmados entre el 2010 y el 2015 que incluían el pase a planta de los contratados y tenían como condición automática la afiliación. Lo que ocurrió, asegura Macho, es que en muchos casos no se hacían los descuentos y recién el año pasado comenzaron a ejecutarlos y por eso se alertaron. En la Justicia se detectó que de un mes a otro la cantidad de afiliados de ATE creció en más de 1000 personas y eso también llamó la atención. Luego se sumaron testimonios de empleados a los que se les hizo el descuento y declararon no estar afiliados. Como parte de la instrucción, se pidieron las fichas de afiliación. Pero no estaban. En diciembre se allanó la sede de ATE y tampoco las hallaron.

Muchos empleados reclamaron en el gremio cuando le vinieron los descuentos. Otros, sumaron sus testimonios en la causa judicial. Ahora, con Macho acusado, la justicia deberá determinar si las afiliaciones fueron legales. La otra trama tiene que ver con la forma de incorporar empleados a la planta permanente. Justamente ese es el principal argumento de defensa de ATE. Es que los pasos a planta se acordaron en paritarias, donde se discutía no solamente salario. Así, tanto trabajadores nucleados en ATE como en Ampros pasaron a planta sin mediar concursos, sino por haber sido contratados y estar enmarcados en los acuerdos firmados por los dos gobiernos anteriores y los gremios. Allí es donde quedaba “abrochada” la afiliación. “Todo se hizo con consentimiento. No hay ninguna afiliación trucha. Los pases a planta fueron acordados por paritarias y ratificados por ley”, aseguró Macho.

La pelea entre los gremios también juega un rol importante. La representación gremial la tiene el sindicato que más afiliados presente. Y en el caso de los no profesionales de la salud es ATE quien lo tiene desde hace varios años. ATSA comparte el sector, pero con menos afiliados. Y la sospecha era sobre la posibilidad de que se “inflen” los padrones de afiliados.

La trama judicial apunta a seguir investigando a Macho por estafa genérica porque consideran que el Estado fue el engañado al pasarle listas “infladas” de afiliados para ejecutar el descuento y las víctimas son los empleados. Macho considera que si hay problemas, debería resolverse en la Subsecretaría de Trabajo y no en tribunales. “A quienes renunciaron o hicieron un reclamo se les devolvió la plata y se puede hacer”, aseguró Macho. En Tribunales opinan distinto: si confirman que hay delito creen que no se resuelve con la devolución de los descuentos mal hechos, sino con una condena. Roberto Macho arrastra otros problemas, pero no de índole penal. Fue condenado por la justicia correccional por cortar la calle Peltier, en una protesta de ATE al inicio de la gestión de Cornejo.