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La Justicia rechazó frenar la causa por la mansión de Pilar y la investigación sigue en curso

Los dueños formales de la mansión pidieron frenar la causa, pero la Justicia mantiene activas las pesquisas por presunto uso de testaferros.


Los titulares formales de la mansión de Pilar bajo investigación, Luciano Pantano y Ana Conte, apuntados por la Justicia como presuntos testaferros de dirigentes de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), solicitaron al juez en lo penal económico Marcelo Aguinsky que suspenda el avance de la causa durante la feria judicial. El planteo se apoyó en la supuesta inexistencia de razones de urgencia para continuar con las medidas.

El magistrado, que había decidido mantener activa la investigación pese al receso judicial, rechazó el pedido aunque resolvió elevarlo a la Cámara para su revisión. De este modo, el expediente quedó bajo análisis de la sala de feria, integrada por Carolina Robiglio, del fuero penal económico, y Leopoldo Bruglia, camarista del fuero Criminal y Correccional Federal.

Bienes y gastos millonarios

Bruglia fue, además, quien definió el traslado del expediente desde Comodoro Py hacia el fuero penal económico, luego de que Daniel Rafecas realizara las primeras diligencias y se declarara incompetente. Ese cambio de jurisdicción terminó de encuadrar la causa como una investigación patrimonial de gran escala.

Pantano y Conte figuran como propietarios de la sociedad Real Central, que aparece como dueña legal tanto de la lujosa quinta como de una colección de autos de altísima gama hallada durante los allanamientos. Para los investigadores, la documentación formal no coincide con la realidad económica de quienes figuran como titulares.

Los jueces que intervinieron hasta ahora reunieron numerosos indicios que refuerzan la sospecha de que los bienes no pertenecen realmente a Pantano ni a su madre. Una de las medidas más recientes reveló que el primero contaba con una tarjeta de crédito corporativa de la AFA, utilizada para cubrir gastos vinculados al mantenimiento y la logística de los vehículos alojados en la propiedad.

Se amplía la pulseada judicial

De acuerdo con la información incorporada al expediente, esa tarjeta registraba consumos mensuales cercanos a los 50 millones de pesos, un nivel de gastos incompatible con los ingresos declarados por Pantano. Ese dato se sumó a otros elementos secuestrados durante el allanamiento, como objetos personales y elementos asociados al entorno dirigencial del fútbol.

En paralelo al intento de frenar la causa por la feria judicial, la defensa impulsó otro planteo ante la Justicia de Campana. Allí, el juez Adrián González Charvay solicitó que Aguinsky se inhibiera de continuar con la investigación vinculada a la mansión, lo que abrió un nuevo frente procesal.

El magistrado rechazó apartarse del expediente y la disputa de competencia llegó a la Cámara Federal de San Martín. La definición quedó ahora en manos del camarista de feria Juan Pablo Salas, mientras la investigación principal continúa avanzando sobre el entramado patrimonial y financiero que rodea a la quinta de Pilar.