La Justicia montó un operativo policial en el Ministerio de Salud por la causa fentanilo contaminado
La justicia dispuso un dispositivo en la cartera sanitaria, donde solicitó información sobre la investigación que busca establecer responsables penales por la producción y distribución de las ampollas. La aclaración del Gobierno.
Sede del Ministerio de Salud
La justicia realizó este martes por la mañana un operativo en el Ministerio de Salud, donde personal policial recopiló información tendiente a avanzar con la causa judicial por las muertes provocadas por el fentanilo contaminado.
"Hay un requerimiento de información por parte del juez y el Ministerio está brindando toda la documentación solicitada sobre ingresos y egresos al Ministerio, como lo hizo desde el inicio de la investigación", señalaron desde la cartera sanitaria, donde aclararon que "no es un allanamiento".
"Vamos a respetar y acompañar el trabajo de la Justicia para que se esclarezcan los hechos y se determinen las responsabilidades. También queremos expresar nuestro acompañamiento a los familiares, que merecen conocer la verdad. Hasta este momento, el Ministerio no fue notificado ni tiene confirmación oficial de ninguna otra medida, por lo que no vamos a hacer especulaciones", agregaron oficialmente.
El expediente, a cargo del juez federal Ernesto Kreplak y de la fiscal María Laura Roteta, busca determinar las responsabilidades penales por la producción y distribución de ampollas de fentanilo contaminadas que fueron utilizadas en hospitales y clínicas de distintas provincias, y que derivaron en al menos 170 muertes y numerosos casos de infecciones graves. La investigación también intenta establecer si existieron fallas o irregularidades en los organismos estatales encargados de controlar la fabricación y comercialización de medicamentos.
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La investigación se inició a partir de una denuncia presentada por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), luego de que el Hospital Italiano de La Plata detectara un brote inusual de infecciones intrahospitalarias en pacientes que habían recibido fentanilo como parte de tratamientos médicos. Posteriormente, estudios realizados por el Instituto Malbrán confirmaron que las bacterias halladas en las ampollas coincidían genéticamente con las detectadas en los pacientes afectados, lo que permitió vincular el medicamento con los contagios.
La principal hipótesis judicial sostiene que el lote investigado fue elaborado en condiciones incompatibles con las normas de buenas prácticas de fabricación. En el caso se analizan presuntas irregularidades en la producción, el control de calidad y la liberación de los medicamentos elaborados por HLB Pharma y Laboratorios Ramallo, empresas que quedaron bajo investigación. Entre los sospechosos figura el empresario Ariel García Furfaro, propietario de ambas firmas, quien está preso junto a otras 13 personas relacionadas al eslabón en la producción y distribución de esos medicamentos.
Con el avance de la pesquisa, el juez Kreplak ordenó distintas medidas cautelares, entre ellas inhibiciones de bienes, restricciones para salir del país y allanamientos. Además, tomó declaración indagatoria a varios de los imputados mientras se profundizaban las pericias sobre los procesos de fabricación y distribución del fármaco.
En las últimas semanas, la investigación dio un nuevo giro al incorporar el análisis del accionar de los organismos de control. A pedido de la fiscal Roteta, el magistrado dispuso el secreto de sumario para preservar nuevas medidas de prueba orientadas a determinar si funcionarios o exfuncionarios de la ANMAT y del Instituto Nacional de Medicamentos (INAME) incumplieron sus deberes o mantuvieron algún tipo de connivencia con los laboratorios investigados. La Justicia intenta conocer si existieron inspecciones deficientes, demoras en la adopción de medidas o fallas en los controles que permitieron que el producto llegara a los centros de salud.
Paralelamente, la causa también reconstruye la trazabilidad del medicamento para identificar el recorrido de los lotes distribuidos, determinar cuántos establecimientos sanitarios recibieron las ampollas contaminadas y establecer el número definitivo de víctimas. Mientras las cifras continúan actualizándose a medida que avanza la investigación, el expediente ya es considerado uno de los mayores escándalos sanitarios de la historia reciente del país.