La Justicia Electoral advirtió al Congreso por los cambios en las reglas de juego de cara a las elecciones 2027
En una acordada extraordinaria, los camaristas Dalla Via Corcuera y Bejas plantearon la necesidad de contar “con seguridad y certeza”, y señalaron que las reformas sobre comicios, partidos y financiamiento deben aprobarse con suficiente anticipación para garantizar la organización de los comicios y evitar cambios de reglas sobre la marcha.
La Cámara Nacional Electoral. Foto: Noticias Argentinas
La Cámara Nacional Electoral (CNE) reclamó al Congreso que defina con suficiente anticipación las eventuales reformas al régimen electoral, a los partidos políticos y al financiamiento de las campañas. El pedido fue formulado mediante una acordada extraordinaria, en la que los jueces Alberto Ricardo Dalla Via, Santiago Hernán Corcuera y Daniel Bejas advirtieron que el tiempo disponible para introducir cambios comienza a ser un factor determinante de cara al próximo proceso electoral.
La Cámara no cuestionó ninguno de los proyectos que están en discusión en el Congreso, sino cuándo deben quedar establecidas las reglas que regirán una elección. Según los magistrados, cualquier modificación importante necesita un período suficiente para que la Justicia Electoral, los partidos políticos y los organismos encargados de organizar los comicios puedan adecuarse.
“El Estado tiene el deber de disponer los medios para garantizar adecuadamente el ejercicio efectivo del sufragio”, señalaron los jueces. Y remarcaron que la Justicia Electoral tiene la responsabilidad de “resguardar la efectiva vigencia del principio democrático de la representación popular”.
El calendario electoral está compuesto por plazos que, en muchos casos, son perentorios e improrrogables. Por eso, una reforma aprobada cuando el proceso ya está avanzado puede obligar a modificar procedimientos, reglamentos y estructuras en un período demasiado corto.
El impacto operativo de los cambios y los estándares internacionales de anticipación
La Cámara puso como ejemplo posibles cambios en las categorías de cargos que se elegirán, los requisitos para que los partidos conserven su personería, los mecanismos para seleccionar candidatos, el instrumento de votación y las normas que regulan el financiamiento partidario. Cada modificación, advirtieron, puede requerir una serie de adecuaciones complejas y coordinación entre los juzgados electorales de todo el país.
Para fundamentar su postura, los jueces recurrieron además a estándares internacionales. La acordada cita un manual de la Organización de Estados Americanos (OEA), según el cual el plazo considerado adecuado para introducir cambios electorales es de entre seis y tres meses antes del comienzo formal del proceso. También menciona a la Comisión de Venecia, que recomienda que los elementos fundamentales del derecho electoral no sean modificados durante el año previo a una elección.
La Cámara recordó además un antecedente reciente: la suspensión de las PASO para las elecciones de 2025 mediante la Ley 27.783. Después de esa modificación, el tribunal había pedido a las agrupaciones políticas que adaptaran sus mecanismos internos para seleccionar candidatos. Sin embargo, según la acordada, la experiencia mostró que casi todas las agrupaciones terminaron designando candidatos sin recurrir al voto directo de sus afiliados: ocurrió en 625 de las 626 agrupaciones que participaron, con una única excepción.
La aclaración sobre la discusión política y el envío de la acordada
La Cámara también dejó en claro que no pretende intervenir en la discusión política sobre las reformas. “El presente pronunciamiento no importa juicio de valor alguno sobre el contenido, la conveniencia político-institucional o el mérito de las iniciativas legislativas en trámite”, aclararon los magistrados.
La acordada fue enviada al Congreso de la Nación y también comunicada a la Vicejefatura de Gabinete del Interior, la Dirección Nacional Electoral, los juzgados federales con competencia electoral de todo el país y el Consejo Consultivo de Partidos Políticos. La Cámara pidió que cualquier eventual reforma observe los estándares internacionales de anticipación para “resguardar la previsibilidad y la integridad del proceso electoral venidero” y permitir su aplicación efectiva antes del comienzo del año electoral.
