La Fiscalía reclamó penas de hasta cinco años de prisión para los acusados de encubrir el crimen de Mariano Ferreyra
El fiscal Marcelo Colombo cerró su alegato y solicitó penas de prisión e inhabilitación perpetua para cargos públicos para tres de los cuatro imputados por la trama de sobornos y tráfico de influencias.
El Ministerio Público completó su alegato de cierre en el juicio oral que se sigue ante el Tribunal Oral Federal N.° 8 por el encubrimiento del crimen de Mariano Ferreyra, el joven militante del Partido Obrero asesinado el 20 de octubre de 2010 durante una protesta de trabajadores ferroviarios tercerizados en el barrio porteño de Barracas. En ese marco, el fiscal Marcelo Colombo y la auxiliar Agustina D'Angelo solicitaron condenas de cumplimiento efectivo para los principales acusados de haber montado una operación de sobornos y manipulación judicial destinada a garantizar la impunidad del entonces secretario general de la Unión Ferroviaria, José Pedraza, condenado mucho tiempo después a 15 años de prisión como responsable del homicidio.
La Fiscalía pidió cinco años de prisión efectiva para Octavio Aráoz de Lamadrid, abogado y exmagistrado federal considerado como el articulador central de la maniobra y la inhabilitación especial perpetua para el ejercicio de la función pública por ser coautor del delito de tráfico de influencias agravado en concurso ideal con el de cohecho pasivo, en calidad de partícipe necesario. Dado que la pena solicitada implica cumplimiento efectivo, Colombo requirió además medidas restrictivas adicionales: presentación periódica ante el tribunal, prohibición de salida del país y retención de su documentación de viaje, al entender que estos pedidos de pena elevan considerablemente los riesgos procesales a futuro.
Para Luis Ameghino Escobar, ex prosecretario administrativo de la Oficina de Sorteos de la Cámara Nacional de Casación Penal, se solicitaron cuatro años de prisión efectiva e inhabilitación especial perpetua, por considerarlo autor del delito de tráfico de influencias agravado en concurso ideal con cohecho pasivo.
En tanto, para Ángel Luis Stafforini, exvicepresidente de Belgrano Cargas y excontador de la Unión Ferroviaria, el fiscal reclamó tres años de prisión en suspenso y seis años de inhabilitación especial, por considerarlo coautor del delito de cohecho activo en concurso real con cohecho activo agravado. La única excepción fue Susana Rita Planas, exdirectora suplente de Belgrano Cargas, a quien el fiscal no imputó y solicitó su absolución.
El acusador público requirió también el decomiso de los 50.000 dólares secuestrados el 1° de febrero de 2011 durante el allanamiento del estudio jurídico de Aráoz de Lamadrid en la calle Villamonte 1470, en aplicación del artículo 23 del Código Penal, por tratarse tanto del instrumento como del producto de la maniobra delictiva. El dinero, hallado en un sobre con la palabra "Octavio" escrita, se encuentra depositado en el Banco Nación.
A lo largo de su alegato, Colombo y D'Angelo reconstruyeron ante los jueces Gabriela López Iñiguez, Sabrina Namer y Nicolás Toselli el esquema que, según la acusación, se puso en marcha apenas semanas después del asesinato de Ferreyra. El fiscal sostuvo que "el plan tuvo una estrategia principal y una táctica para lograr la impunidad de Pedraza", y que el objetivo concreto era conseguir que la apelación del procesamiento del gremialista cayera en la Sala III de la Cámara de Casación, presidida por el juez Eduardo Riggi, quien había trabajado trece años junto a Aráoz de Lamadrid.
Según la acusación, Ameghino Escobar alteró el procedimiento de asignación de causas durante la feria judicial de enero de 2011. La fiscalía señaló que el recurso en cuestión fue ingresado al sistema y sorteado en un lapso de 51 minutos, cuando en muchos otros casos la diferencia entre presentación y asignación llegaba a 15 días. Lograda la asignación, el plan avanzó hacia la entrega del dinero destinado a financiar las gestiones de Aráoz de Lamadrid ante Riggi. Ese mismo 1.° de febrero, mientras Stafforini y Planas se dirigían al estudio con los fondos extraídos de una caja de seguridad, el lugar fue allanado, donde se encontró el sobre con los dólares.
Días antes del cierre del alegato fiscal, el CELS, que representa a la querella de Beatriz Rial, madre de Mariano Ferreyra, había completado su propia presentación reclamando penas más altas: los abogados Tomás Griffa y Delfina Yadó solicitaron ocho años de prisión para Aráoz de Lamadrid, seis para Ameghino Escobar y Stafforini, y cuatro para Planas.
El CELS también señaló que, a lo largo de quince años, catorce jueces se excusaron de intervenir en la causa, mientras las defensas recurrieron reiteradamente a planteos de nulidad y prescripción para dilatar el proceso, lo que la organización interpretó como una expresión de los mecanismos de protección corporativa que se activan cuando la justicia se investiga a sí misma.
Con las exposiciones de la Fiscalía y la querella, resta ahora los alegatos de las defensas, que iniciarán el próximo 26 de marzo con la del exjuez Octavio Aráoz de Lamadrid.