La crisis de los residuos y el plan que divide a provincia y municipios
El Gobierno provincial propone que cada municipio tenga su plan para gestionar residuos. El problema de Ambiente que perjudicaría los recursos municipales.
Mendoza tiene 50 basurales a cielo abierto: ¿Servirá el nuevo plan de residuos?
El Gobierno de Mendoza presentó un proyecto para que cada municipio elabore su propio plan de gestión de residuos, en el marco de una nueva ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU). En diálogo con MDZ Radio el especialista ambiental y exjefe de Gabinete de Ambiente, Eduardo Sosa, analizó la iniciativa.
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El proyecto presentado por la ministra de Energía y Ambiente de Mendoza, Jimena Latorre, busca reemplazar normas anteriores incumplidas y abordar los más de 50 basurales a cielo abierto en el territorio. Sosa explicó que la ley retoma conceptos de los años 90, cuando se estableció que "los municipios son los que tienen que erradicar los basurales", pero con asistencia provincial. Sin embargo, señaló que "mayormente no se cumplió" y advirtió que la nueva propuesta "avanza sobre la autonomía municipal", especialmente al permitir que la provincia recaude tasas que hoy administran los municipios.
Entre los puntos críticos, destacó que el proyecto otorga al Ejecutivo provincial facultades para controlar y hasta judicializar a municipios que no cumplan, pese a que –según Sosa– "los principales infractores son los municipios, hoy, por necesidad". Cuestionó además la contradicción de exigir planes individuales mientras se promueve la regionalización: "Eso quizás haya que sacar de la ley".
Por otra parte, Sosa detalló que el Gran Mendoza envía sus residuos a vertederos como Cacheuta (Luján), Maipú o el Borbollón, donde se concentrarían 1.500 toneladas diarias. Criticó que el sistema priorice el enterramiento sobre el reciclaje, contrario a las tendencias globales, y alertó sobre los altos costos: "Los municipios gastan unos $21 mil por tonelada en el Borbollón".
Aunque reconoció avances como incluir a recuperadores urbanos, Sosa remarcó que sin incentivos económicos es difícil impulsar la separación en origen: "Cuando el residuo genera rentabilidad, la gente participa". Insistió en que la provincia debe aumentar el apoyo financiero: "Si la ley viene a sacar recursos en vez de ponerlos, asfixiará a los municipios".
