La Corte ordenó el decomiso de 8.500 vehículos secuestrados en Mendoza
El máximo tribunal provincial solicitó a los tribunales y fiscalías avanzar con los procesos de destrucción y compactación de los autos y motos que llevan más de 2 años en las playas de secuestro.
La Suprema Corte de Justicia de Mendoza ordenó el decomiso de más de 8.500 vehículos retenidos en las Playas de Secuestro de la provincia. Desde el Alto Tribunal solicitaron a los tribunales y fiscalías intervinientes en los procesos judiciales vinculados a estos autos y motos que se expidan para avanzar con la destrucción y compactación de estos bienes.
A través de la Acordada Nº 32.273, firmada el pasado 31 de octubre, la Sala Administrativa de la Corte dispuso el decomiso de aquellos vehículos judicializados alojados en las Playas de Secuestros de todo el territorio provincial cuyo bodegaje haya superado los 2 años desde su secuestro.
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La intención es proceder al desguace, descontaminación, destrucción y compactación de vehículos en el marco del plan provincial lanzado en 2021 que creó el Programa Mendoza Compacta (PROMECOM).
En la disposición de la Corte se aclara que el Ministerio de Justicia y Seguridad de Mendoza remitió listados de todos los vehículos de procedencia judicial alojados en las distintas Playas de Secuestros y el total asciende a 8.596 al 15 de julio de 2025. Advierten que esa cifra no considera a los vehículos alojados en las distritales, cuyo número sería de 3.180 aproximadamente.
El Alto Tribunal provincial hizo hincapié en que apunta a liberar depósitos respetando legalidad y garantías, pudiendo disponer la destrucción, remate o donación de aquellos vehículos decomisados según corresponda, “en aras de evitar y/o morigerar el peligro que puede ocasionar dichas chatarras al medio ambiente, la vida del hombre y demás seres vivos”.
Playas saturadas e impacto ambiental
La acordada de la Corte remarca que el mantenimiento de los vehículos bajo custodia resulta razonable y necesario en aquellos casos en que el bien conserva interés como elemento probatorio dentro de una causa en trámite o en los que aún no se ha arribado a sentencia definitiva. En base a esta normativa es que se decide autorizar la excepción al decomiso automático, habilitando la prórroga hasta 2 años desde el secuestro.
Advierten que la permanencia indefinida de vehículos judicializados en los distintos predios de guarda, afecta la seguridad, el orden y el control administrativo de los depósitos. Asimismo, los vehículos en bodegaje a la intemperie pierden valor económico y funcional, lo que perjudica al Estado y a posibles adjudicatarios en casos de subasta o afectación institucional.
Resaltan también que en algunos casos los vehículos llevan 20 años retenidos, lo que ha llevado a una saturación de las Playas de Secuestro de la provincia, las cuales han colapsado.
“El estado de la mayoría de los rodados son un potencial foco de contaminación de napas subterráneas de agua y suelo debido a los fluidos que desprenden. La acumulación desordenada y desorganizada alienta la presencia de roedores y otras alimañas y el peligro real y latente de incendios por la presencia de combustibles, lubricantes, plásticos y otros materiales inflamables, pueden afectar vecindarios colindantes como han sido de público conocimiento los ocurridos en playas como San Agustín de Ciudad y Vignaud del departamento de San Martín”, expresa en sus fundamentos la Sala Administrativa de la Corte.