La Corte confirmó una millonaria sanción contra un exfuncionario del Casino de Mendoza
Los jueces Omar Palermo, Mario Adaro y José Valerio ratificaron que un ex gerente del organismo deberá devolver una importante cantidad de dinero por irregularidades en la contratación del servicio de limpieza.
La Suprema Corte de Justicia de Mendoza confirmó una millonaria sanción contra un exfuncionario del Instituto Provincial de Juegos y Casino (IPJyC) que le impuso el Tribunal de Cuentas. Se trata de un ex gerente del organismo público que deberá devolver una importante cifra de dinero por irregularidades en la contratación del servicio de limpieza al haberse pagado horas de servicio que ni fueron prestadas.
Sobre el final de la gestión del ex gobernador Francisco “Paco” Pérez, el Tribunal de Cuentas detectó una serie de irregularidades por la falta de justificación en los pagos por servicios de limpieza en el Casino de Mendoza, particularmente en el año 2015. Tiempo después el órgano de control dictó una serie de fallos en los que impuso millonarias sanciones a las ex autoridades y funcionarios del organismo estatal que administra el juego en la provincia.
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Sin embargo, en muchos casos esas multas y cargos que emplazaban a los ex funcionarios a devolver una importante cantidad de dinero quedaron en la nada, ya que en el último tiempo la Justicia provincial se encargó de anular estas sanciones.
Entre los salvados se encuentran el presidente del IPJyC durante la última gestión peronista, Carlos Bianchinelli; los ex directores del organismo Federico Domínguez y Miguel Bondino; el ex coordinador de Administración y Servicios, Carlos Cardone; los ex contadores generales Gonzalo Javier Jerez y Carina Andreoni; y un ex gerente administrativo Alejandro Sabino.
No obstante, ahora la Corte confirmó una sanción contra el ex gerente administrativo del IPJyC, Daniel Osvaldo Molina, que había sido sancionado con un cargo solidario de $880.059,06, a valores del año 2018.
Los jueces Omar Palermo, Mario Adaro y José Valerio fueron los integrantes de la ex Sala Segunda de la Corte que rechazaron la demanda presentada por este ex funcionario y ratificaron el cargo, al que sumando los intereses de los últimos años lo convierte en una importante sanción millonaria.
Irregularidades en el servicio de limpieza del Casino
Molina había presentado una acción procesal administrativa exigiendo a la Justicia que anule el Fallo 17037 del Tribunal de Cuentas que le aplicó un cargo solidario por $880.059,06 en 2018 por una serie de irregularidades detectadas en la rendición del organismo mientras se desempeñaba como gerente.
El fallo fue dictado en agosto de 2018 y analizó las cuentas del ejercicio 2015 en donde se aplicó una sanción conjunta de más de 3 millones de pesos a ex funcionarios del Casino provincial
Molina se desempeñaba como gerente administrativo del Instituto Provincial de Juego y Casino (IPJyC) y fue sancionado por el pago de facturas por el servicio de limpieza de los edificios del Instituto en los meses de julio a diciembre.
Las irregularidades detectadas estaban relacionadas con la contratación de una empresa de limpieza a la que se le abonaron servicios que no cumplió, entre otras falencias. La empresa contratada era Masterful SRL, que tenía a cargo la limpieza del Casino y a la que se le abonaron “horas hombre” incumplidas, además del pago por el supuesto uso de tecnología que, según los auditores, tampoco había aportado.
El Tribunal de Cuentas emitió fallos imponiendo multas contra los responsables del Casino provincial y estableció que debían devolver $3.084.113,49 y por otro lado $2.913.292,67, haciendo un total de cargo solidario y conjunto entre los implicados de $ 5.997.406,16.
La sentencia de la Corte
El ex gerente administrativo del Casino provincial interpuso una acción procesal administrativa exigiendo a la Corte que anule el fallo del Tribunal de Cuentas que le había impuesto como sanción devolver una importante cantidad de dinero.
Los jueces Adaro, Palermo y Valerio analizaron el caso y determinaron que no existían elementos suficientes para aceptar la demanda de Molina. Ratificaron que el Tribunal de Cuentas consideró que ciertos pagos no estaban debidamente justificados, ya que no se pudo comprobar que los servicios por los que se pagó realmente se hayan prestado.
Los magistrados advirtieron que quienes estaban a cargo, entre ellos el Gerente Administrativo del IPJC, no verificaron si esas horas de trabajo se realizaron efectivamente, limitándose a controlar las horas facturadas en lugar de las horas realmente prestadas. Indicaron que esta falta de control era evitable, ya que existían planillas de registro horario que permitían hacer esa verificación.
“Al no haberlo hecho en su momento, se terminaron pagando horas de servicio que no fueron prestadas, lo que causó un perjuicio económico al Estado y dio lugar a la sanción”, expresaron en el fallo los jueces.
En este sentido, decidieron rechazar la demanda interpuesta por Molina y ratificaron la sanción del Tribunal de Cuentas, por lo que el ex funcionario deberá devolver $880.059,06, a valores del año 2018.
