La Corte confirmó la extradición a Andorra de un exdirectivo de Petróleos de Venezuela que se escondía en Córdoba
El máximo tribunal puso fin a siete años de trámites judiciales de Luis Abraham Bastidas Ramírez, primo del expresidente de la petrolera estatal, Rafael Ramírez, acusado de blanquear unos cinco millones de dólares de la corrupción chavista.
Luis Abraham Bastidas Ramírez, detenido en agosto de 2018 (Cortesía La Voz del Interior)
La Corte Suprema de Justicia ratificó el fallo del Juzgado Federal N.° 3 de Córdoba, a cargo del magistrado Miguel Hugo Vaca Narvaja, que en 2021 había declarado procedente la extradición de Luis Abraham Bastidas Ramírez, ex alto funcionario de Petróleos de Venezuela S.A., por lavado de dinero al Principado de Andorra.
Bastidas es primo del antiguo ministro de Petróleo y Minería y exdirector de la petrolera estatal durante los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, Rafael Ramírez Carreño. Ocupó durante varios años el cargo de gerente del Departamento de Logística y Servicios Generales de la firma y logró ingresar al sistema financiero del Principado de Andorra cerca de cinco millones de dólares a través de una cuenta abierta en la Banca Privada d'Andorra, valiéndose de una sociedad panameña llamada Tellancourt S.A. para ocultar el origen del dinero.
La justicia de ese país lo acusa del "delito mayor continuado de blanqueo de dinero proveniente de la corrupción pública", cargo que en ese principado puede llevar entre cinco y ocho años de prisión.
En 2015, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos denunció a la Banca Privada d'Andorra como una institución que lavaba fondos irregulares vinculados a redes de corrupción de Venezuela, Rusia y China, lo que derivó en su intervención por parte de las autoridades de ese Estado. A raíz de ese escándalo se destapó una red de funcionarios del chavismo que habían usado ese sistema financiero para esconder el dinero de los sobornos cobrados a contratistas de PDVSA.
Luis Abraham Bastidas Ramírez llevaba tres años viviendo en Argentina sin levantar sospechas. Se había radicado en la capital de la provincia de Córdoba, donde atendía un quiosco mientras su esposa trabajaba en una peluquería. Fue detenido en agosto de 2018 por la División Investigación Federal de Fugitivos de la Policía Federal Argentina, a raíz de una orden de captura de Interpol requerida por la justicia de instrucción del Principado de Andorra.
A partir de ese momento, el trámite de extradición inició un extenso recorrido judicial con idas y vueltas que incluyeron un primer rechazo por defectos formales, una anulación del fallo por la propia Corte Suprema en 2020 y la intervención de la Procuración General, que aconsejó ratificar la procedencia de la entrega.
La defensa del exfuncionario intentó frenar la extradición por dos vías. La primera fue cuestionar que el Principado de Andorra no había presentado una descripción clara de los hechos imputados, argumento que la Corte descartó recordando que en estos procesos está expresamente vedado imponer exigencias adicionales sobre la prueba reunida en el extranjero. La segunda fue el planteo de prescripción del delito, que tampoco tuvo éxito: el máximo tribunal consideró que la requisitoria andorrana incluía con suficiente claridad las fechas de los hechos, las razones por las que la acción penal no está extinta y la transcripción de las normas penales aplicables.
Durante los siete años que duró el trámite, Bastidas Ramírez buscó que la Argentina le reconociera el estatus de refugiado político, argumentando que temía por su vida y su integridad física si Andorra lo enviaba de regreso a Venezuela. El pedido jamás prosperó. La decisión final, sin embargo, no recaerá sobre la Justicia, sino sobre el Poder Ejecutivo nacional, que tiene la última palabra en todos los procesos de extradición.