La CGT celebró el fallo judicial que suspendió el protocolo antipiquetes

La Confederación General del Trabajo (CGT) celebró el reciente fallo judicial que dejó sin efecto el protocolo antipiquetes impulsado por el Gobierno nacional para regular las manifestaciones sociales con cortes de calle. La central obrera consideró que la decisión representa un freno a lo que calificó como un avance indebido del Poder Ejecutivo sobre derechos constitucionales.

El pronunciamiento fue dictado por el juez Martín Cormick, quien ordenó suspender la aplicación de la resolución del Ministerio de Seguridad de la Nación que establecía el protocolo antipiquetes. La medida judicial se dio en el marco de una acción de amparo presentada por organizaciones sindicales y de derechos humanos.

Qué dice el fallo festejado por la CGT

Según el fallo, la resolución 943/2023 excedía las atribuciones del Poder Ejecutivo al avanzar sobre competencias propias del ámbito penal y procesal. En ese sentido, el magistrado sostuvo que el Ministerio de Seguridad se arrogaba facultades que no le corresponden, lo que motivó la anulación de sus efectos.

Desde la CGT remarcaron que la decisión judicial no se trata de un fallo aislado, sino de un antecedente relevante que desactiva una herramienta que, a su entender, tendía a la criminalización de la protesta social. Para la central sindical, el protocolo constituía un mecanismo restrictivo del derecho a manifestarse.

El protocolo antipiquetes había sido presentado por el Gobierno como una herramienta para garantizar la libre circulación y el orden público frente a protestas sociales. Sin embargo, su implementación generó fuertes cuestionamientos de sectores gremiales, políticos y de derechos humanos, que denunciaron una vulneración de garantías constitucionales.

En ese contexto, la CGT reafirmó su compromiso con la defensa de la libre expresión y el ejercicio democrático de los derechos fundamentales de los trabajadores y trabajadoras. Además, anticipó que continuará impulsando acciones para sostener esa postura en distintos ámbitos.

Finalmente, la central obrera advirtió que no descarta recurrir a la movilización callejera, a la vía judicial o al debate legislativo para frenar iniciativas que considere lesivas de los derechos laborales y sociales, en un escenario de creciente tensión entre el Gobierno y el movimiento sindical.