La causa por los incidentes en la marcha contra la reforma laboral seguirá en Comodoro Py

La Justicia de la Ciudad de Buenos Aires resolvió que la investigación por los incidentes registrados en la última marcha frente al Congreso de la Nación, en el marco del debate por la reforma laboral, no debe seguir en el fuero contravencional, sino en los tribunales federales de Comodoro Py.

La decisión fue tomada por el juez en lo Penal, Contravencional y de Faltas Gonzalo Rúa, quien sostuvo que la causa está vinculada con otra denuncia más amplia que ya tramita en los tribunales de Retiro, por lo que entiende que allí debe concentrarse toda la investigación.

La situación procesal de los imputados por los incidentes

Después de una audiencia que se extendió por varias horas, Rúa ordenó que Milton Iván Tolomeo, acusado de arrojar bombas molotov contra la policía durante los incidentes, continúe detenido bajo prisión preventiva, mientras se resuelve su traslado formal al sistema federal. “La investigación ha demostrado una conexidad insoslayable con los hechos denunciados en el Juzgado Federal 11, por lo que corresponde que allí se profundicen las medidas”, sostuvo el magistrado.

Rúa rechazó los planteos de las defensas de otros dos acusados. Aunque determinó que no hay pruebas suficientes para sostener una participación penal en su contra, les impuso restricciones: uno de ellos quedó en libertad, pero con la obligación de presentarse cada 15 días ante la fiscalía y la prohibición de acercarse a menos de 500 metros del Congreso y de salir del país.

Los incidentes ocurrieron el pasado miércoles 11 de febrero, cuando organizaciones y manifestantes se concentraron en las inmediaciones del Congreso mientras el Senado debatía y finalmente otorgaba media sanción al proyecto de reforma laboral impulsado por el Gobierno. Allí se produjeron enfrentamientos con las fuerzas de seguridad, lanzamiento de piedras y bombas incendiarias, y varios efectivos resultaron heridos, según fuentes oficiales.

Para que el pase de la causa al fuero federal se oficialice, debe quedar firme la declaración de incompetencia del juez Rúa. Sin embargo, la fiscalía y las defensas aún pueden apelar esa decisión. De ocurrir lo anterior, el expediente se sumará a una denuncia presentada por el Ministerio de Seguridad de la Nación ante el mismo juzgado federal, ahora a cargo del magistrado Ariel Lijo, por delitos como “daño agravado, rebelión y resistencia a funcionario público”.