La causa por la mansión en Pilar vinculada a la AFA seguirá tramitando en la Justicia federal de Campana

La Cámara Federal de San Martín puso punto final a la disputa que enfrentaban el magistrado Adrian González Charvay y su par del fuero penal y económico Marcelo Aguinsky. En la resolución firmada por el juez Alberto Lugones, el tribunal de alzada asignó la competencia territorial a la justicia federal de Campana para continuar con la investigación de la causa por presunto lavado de activos y delitos económicos vinculado a la cúpula de la AFA.

El expediente se originó a partir de una denuncia por posibles maniobras de lavado de dinero, que habrían incluido la compra de una mansión de alto valor en la localidad de Villa Rosa, partido de Pilar.

Según el fallo, en el predio se habrían encontrado “autos de colección, un haras de caballos árabes y pura sangre de carrera, pista de entrenamiento equino, helipuerto e instalaciones deportivas múltiples”, un nivel patrimonial que, para los denunciantes, resultaría incompatible con la capacidad económica declarada de los involucrados.

La disputa comenzó cuando Luciano Nicolás Pantano, uno de los imputados en la causa junto a su madre, pidió que se investigara el caso en Campana en lugar de Buenos Aires. El planteo desató un tira y afloje entre los jueces González Charvay y Aguinsky que terminó en la Cámara Federal.

A criterio de Lugones, los hechos investigados ocurrieron en el partido de Pilar, donde está ubicada la propiedad sospechada de haber sido comprada con dinero de origen ilícito. La mansión, según la denuncia, cuenta con autos de colección, un haras de caballos árabes y pura sangre de carrera, pista de entrenamiento equino, helipuerto e instalaciones deportivas múltiples.

Lo mas llamativo para el camarista del magistrado fue la supuesta "imposibilidad evidente para afrontar dicha compra de semejante envergadura económica" por parte de los titulares registrales. Los denunciantes sospechan que se utilizó una sociedad comercial "como pantalla para bienes de terceros" vinculados a la cúpula de la Asociación del Fútbol Argentino.

Sin embargo, el dato que terminó de inclinar la balanza fue que desde el 15 de noviembre de 2024, la AFA inscribió oficialmente su cambio de domicilio legal a la calle Mercedes 1366 de Pilar, también en la provincia de Buenos Aires. Dicho dato, que surge de registros públicos, refuerza la conexión territorial del caso con esa jurisdicción.

El juez penal económico Marcelo Aguinsky había resistido desprenderse de la causa, argumentando que el núcleo de la investigación era la AFA y que su fuero era especializado en delitos económicos complejos. Además, señaló que hay otra investigación paralela contra la entidad futbolística por retención indebida de tributos y aportes a la seguridad social.

No obstante, Lugones descartó esos argumentos. En su resolución enfatizó que "no resulta atendible la circunstancia alegada en torno a la especificidad técnica del fuero penal económico", ya que el juzgado federal de Campana tiene igual capacidad para investigar este tipo de delitos financieros complejos.

El camarista también le reprochó al juez Aguisnky no haber analizado antes la cuestión territorial, a pesar de que otro magistrado se lo había advertido en una contienda anterior. Consideró que postergar ese análisis "importa la afectación de la garantía del juez natural", un principio constitucional que prohíbe que las personas sean juzgadas por tribunales designados especialmente para su caso.