La alta dependencia de Cornejo y la influencia de las empresas estatales
En el oficialismo y la oposición se acostumbran a la dependencia de Alfredo Cornejo. La falta de alternativas y de nuevos proyectos de poder. El resultado de la impronta estatal en el impulso a la minería.
Mendoza convive con una comodidad política que de a poco lleva a la provincia a un estado de fragilidad; de falta de anticuerpos. Un psicólogo podría decir que hay un problema de “personalidad dependiente”: todo gira alrededor de la misma persona, sus humores, ideas y objetivos, y parece que hay imposibilidad de desapego.
La omnipresencia de Alfredo Cornejo genera una situación de confort en sus aliados, subordinados y socios. Eso nubla la creatividad para hallar nuevas soluciones a problemas viejos y, más aún, la rebeldía para que aparezcan nuevos liderazgos. En los opositores es peor: tienen atrofiado el músculo de la ambición de ser Gobierno, de construir una alternativa de poder; situación a la que llegaron por los fracasos (como los del PJ), desilusiones (como la Unión Mendocina) y proyectos flácidos como los del Partido Verde y otras aventuras políticas.
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Alfredo Cornejo tiene un liderazgo potente y lleva 10 años en el poder. Lo más importante no es la suma temporal sino la impronta: es el gobernador más reformista de la historia democrática. La suma de hechos es mayor a la mejora de la calidad de vida de los mendocinos, aunque esa conclusión es altamente opinable: Mendoza está pobre, pero un amante de Esperando la Carroza podría ironizar asegurando que es una “pobreza digna” porque los servicios esenciales funcionan mejor. No se pierden días de clase, los hospitales públicos tienen algunos servicios de excelencia (hay que recorrer el Notti y algunos servicios del Central para verlo).
El conformismo es parte de la misma “patología” relacionada con la personalidad dependiente. Por eso, por ejemplo, es casi una situación dada que en los otros poderes del Estado no hay posibilidad de disidencia. El efecto aleccionador de algunas decisiones tomadas desde la política es brutal. Es lo que ocurrió con el jury al juez Sebastián Sarmiento, que enfrentará un juicio por sentencias que más allá de las opiniones que pueda haber no tienen flagrantes irregularidades que, según opinan incluso algunos oficialistas, ameriten un juicio. Dentro de Tribunales el efecto es el más nocivo: comentarios en los pasillos, silencio de radio entre los “magistrados” y obediencia en los organismos que tienen injerencia institucional o social: Consejo de la Magistratura, el propio Jury, la Asociación de Magistrados, el Colegio de Abogados. ¿Puede influir ese contexto en la toma de decisiones de funcionarios tan relevantes para las garantías como son los jueces?
La obsecuencia hacia quien lidera llega al punto de admitir errores groseros en algunas de las explicaciones que el propio Gobernador brinda sobre temas tan relevantes como los recursos naturales renovables y no renovables sin que alguien de su equipo lo advierta antes o después. No son detalles, pues más allá de la coyuntura política buena parte del futuro productivo de Mendoza se planifica en el presente. Es lo que pasa con la industria minera que se quiere instalar y la petrolera que se necesita resucitar.
Estado S.A.
Una persona que no conoce el contexto se puede confundir. Si una empresa quiere sondear oportunidades en la “zona prometida” de Mendoza, es decir el sur de Malargüe, va a necesitar un mapa, un vehículo de alta prestación y mucha paciencia. Es que, por ejemplo, para llegar a Pata Mora, el sitio promocionado como base logística para la minería y el petróleo, hay que cruzar a Neuquén, previa travesía por la ruta 40, y luego reingresar a Mendoza por Rincón de los Sauces. Una vez en el pueblo, la desolación se hace presente y no genera muchas expectativas. Así lo viven los habitantes de la zona y las empresas que podrían apostarse: todo depende de Neuquén y de YPF.
Justamente la petrolera estatal ha suplido durante años algunos roles que le corresponden al Estado. Desde la energía, hasta agua potable. Ahora, la empresa deja las áreas convencionales de las que Mendoza se alimentó para enfocarse en Vaca Muerta. Mendoza depende de YPF para ese mismo desarrollo: la empresa prevé explorar tres pozos en la formación y del resultado de esos trabajos también dependen inversiones de otras empresas. Todo indica que el desarrollo de Vaca Muerta se extenderá hacia el norte, pero de este lado del río aún no hay preparación. Mendoza creó un fideicomiso para desarrollar Pata Mora, que avanza a un ritmo mucho más lento del necesario para tentar inversores. Mientras, Neuquén “conquista” en base a petrodólares y una coyuntura opulenta.
Esa transferencia de responsabilidad hacia empresas y proyectos ocurre también con la minería y en particular con San Jorge en Uspallata. La idea de que esa mina puede “salvar” al pueblo es un arma de doble filo. De hecho le exigen a un emprendimiento productivo las respuestas que la gestión y las obligaciones políticas no cumplieron en ´décadas. San Jorge tiene el camino político allanado. El Gobierno aún analiza el porvenir en la calle, sobre todo por la manifestación anunciada para el 23 de diciembre. Para Cornejo el tema está saldado y las discusiones no son sobre “ambiente o el agua” sino por una visión más sesgada en contra de la minería y el propio Gobierno.
Sobre el proyecto en sí, la empresa debe perfeccionarlo y responder a las exigencias. Más allá de eso, hay quienes advierten sobre la necesidad de poner los ojos en la propia compañía. No sobre sus representantes mendocinos, muchos de ellos de larga y reconocida trayectoria en la minería, sino en los capiteles y los antecedentes de los dueños reales, como la empresa Solway. Como explicó MDZ, los antecedentes recientes de la empresa en Guatemala y las sanciones de EEUU no suman para la construcción de confiabilidad hacia el futuro.
En el impulso minero del Gobierno hay matices particulares, pues en una actividad en la que rehúsan de la intervención del Estado, hubo en Mendoza una altísima dependencia de esas estructuras con empresas estatales que juegan un doble rol: se manejan con la flexibilidad de empresas privadas, pero con las licencias de ser pare de un Estado que no sanciona los errores y hasta los cubre con dinero.
La empresa Impulsa Mendoza fue creada para reemplazar a lo que era la versión estatal de Potasio Río Colorado y es el instrumento para impulsar la minería desde el Gobierno, más allá de su condición de sociedad. Impulsa tiene recursos “no renovables”, pues se financia en gran parte con los dólares que dejó la brasileña Vale. Fue esa empresa la que financió el Distrito Minero Malargüe y que le ayudó a todas las empresas, abogados y contadores que captaron propiedades mineras dentro de esa zona y, sin aportar capital, se hicieron con proyectos (una vez aprobados por la Legislatura sí debían invertir). Algunos de los grandes ganadores de la estrategia de Impulsa Mendoza antes estuvieron vinculados a ella, como los socios de la empresa APELEG, que son de los principales propietarios del Distrito Minero. Impulsa Mendoza también fue el “arma legal” para que el Estado prácticamente se apropiara de una mina privada: Hierro Indio.
Ese proyecto fue tomado como emblema y el Estado avanzó incluso contra el propietario original de la mina. A través de Impulsa Mendoza se amplió la participación estatal y se anunció la explotación, sin que se concretara. En 2024, por ejemplo, Impulsa Mendoza (es decir el Estado) aportó 109.951.916 pesos en Hierro Indio. El proyecto de explotación está demorado. El último balance presentado por Impulsa Mendoza arroja pérdidas, en gran medida por la pérdida de valor del dólar. “considerando la fuerte caída en el poder adquisitivo del dólar en Argentina producto de una inflación significativamente superior a la devaluación, Impulsa expone una pérdida ajustada por inflación de $ 8.599.232.607”, concluye el Balance. Incluso hay rasgos de malos negocios, como la cesión de equipos pesados sin pago que hizo la empresa, como la perforadora entregada a Aconcagua, que nunca fue pagada.
Más rara es la contabilidad de otra de las empresas estatales de Energía, como EMESA. Esa empresa también arrojó pérdidas en el balance 2024 (que fue aprobado en septiembre de este año). Pero los detalles son más interesantes que los números gruesos. Entre los malos negocios de esa empresa, están los contratos rescindidos con CEOSA por sus incumplimientos. EMESA pagó los montos en dólares como costo por rescindir los contratos (que debía abonar su socio) para evitar sanciones mayores de parte de CAMMESA. En concreto la empresa estatal de energía pagó 385 mil dólares por el proyecto no cumplido PS Luján de Cuyo, de Walta energía (sociedad entre CEOSA y EMESA), 372.750 dólares por el incumplimiento del proyecto Anchoris, de la sociedad Allen Energía y 308.000 dólares por el proyecto Lavalle, de Kutek Energía. Una curiosidad: esa trama de empresas y vinculaciones fueron lideradas por Emilio Guiñazú, el cerebro de la estrategia energética de los gobiernos de Alfredo Cornejo y Rodolfo Suarez. Además, la empresa estatal pagó 875 mil dólares por la rescisión del contrato del proyecto El Sosneado.
CEOSA, por su parte, no recibió sanciones internas y sí un cómodo plan de pagos por alguno de sus incumplimientos: por uno de esos contratos EMESA le otorgó un plan de pagos de más de 60 cuotas. “Con el claro objetivo de minimizar los efectos negativos…EMESA durante el ejercicio 2022, tomó lo decisión de intimar a la firma CEOSA para que ejerciera la opción de rescindir los contratos…CEOSA ejerció la opción de rescisión de los contratos. Sin embargo, abonó solamente las sumas previstas en la Resolución Nº 1260/21 respecto de los Proyectos La Paz (Kayen Energía S.A.) y Gral. Alvear (Kalue Energía S.A.), por lo que EMESA, frente a la inacción de CEOSA, abonó las rescisiones de los Proyectos Lujan de Cuyo (Walta Energía S.A.), Lavalle (Kutek Energía S.A.) y Anchoris (Allen Energía S.A.)”, explican desde EMESA para justificar el pago de más de un millón de dólares que debía pagar la empresa CEOSA.
Esa firma tiene en paralelo el contrato de obra más oneroso para el Estado y va camino a que sea adjudicatario de otra obra emblemática: el tren de cercanías. La vinculación entre EMESA, el Estado y Ceosa es muy fluida, como los montos de los presupuestos de las obras en las que cotiza. La primera etapa del Metrotranvía se pagó con valores muy superiores a los adjudicados por la cantidad de obras complementarias. Fue CEOSA quien lideró el trunco proyecto Portezuelo del Viento, que excedía el presupuesto oficial y luego fue reajustado en más de 200 millones de dólares. Ahora con el tren de cercanía presentó ofertas muy por debajo del presupuesto oficial.
El otro vínculo complejo que tiene Impulsa Mendoza es con Minera Aguilar, dueña del nuevo proyecto Potasio Río Colorado. Impulsa tiene el 12% de participación, sin necesidad de aportar capital. Las acciones quedarían en un 100% en manos de Minera Aguilar a medida que avanzara el plan y el cumplimiento de las metas. En realidad ha ocurrido lo contrario y es el Gobierno el que estaría en condiciones de sancionar a Minera Aguilar y hasta quitarle el proyecto por los incumplimientos. No está en la mente de Cornejo meterse en ese trámite para enfrentarse a un grupo empresario que se ha empoderado fuertemente con otros negocios, algunos de ellos cedidos y ampliados durante la década de cornejismo en Mendoza.