Juicios por jurado en Mendoza y las claves que planteó José Valerio sobre la Justicia

El ministro de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, José Valerio, explicó el alcance del sorteo para determinar las terminaciones de documentos de quienes podrán ser convocados como jurados en los juicios populares previstos para 2027. Además, analizó el sistema judicial, las diferencias dentro de la Corte y los desafíos presupuestarios y de gestión que atraviesa el Poder Judicial.

El sorteo que define a los posibles jurados

El sorteo estableció los números de terminación de documentos correspondientes a los ciudadanos que podrán ser convocados para integrar jurados durante los juicios populares de 2027. El procedimiento forma parte de un sistema que, según Valerio, ya se consolidó dentro de la transformación de la Justicia penal mendocina.

"Bueno, yo creo que ha sido realmente, no diría un éxito, sino una institución que ha consolidado el proceso de transformación de la justicia penal", sostuvo el ministro en After Office por la 105.5 FM MDZ Radio.

En ese sentido, consideró que los juicios por jurado representan un nuevo paso en la transformación del sistema judicial y destacó el rol que adquieren los ciudadanos que participan directamente del proceso.

"Lo que se forma es este proceso de lo que es el juicio por jurado y para quienes participan directamente en el juicio como jurados, es decir, después de la selección participan del juicio, la deliberación y todo lo demás, advertimos un cambio en la visión no solamente de cómo funciona la justicia y cómo debe funcionar la justicia, sino también esa visión del ciudadano responsable que toma decisiones".

Valerio señaló que las personas convocadas pueden tener distintas motivaciones frente a la posibilidad de integrar un jurado. "Hay personas que por ahí pueden pensar que no están preparadas, hay personas que a lo mejor pueden no tener interés, hay personas que están hasta muy entusiasmadas de participar", explicó.

Las diferencias dentro de la Suprema Corte y los desafíos de gestión

Consultado sobre el funcionamiento interno del máximo tribunal provincial, Valerio señaló que sus siete integrantes tienen coincidencias y discrepancias sobre cuestiones jurídicas y también respecto del modelo de Justicia. "Entonces, bueno, no puede haber coincidencia total, esto es evidente, nosotros estamos ahí para cumplir una función, como suelo decir, no para ser amigos", afirmó.

El ministro también planteó diferencias respecto de la conducción de la Corte y sostuvo que es partidario de que la Presidencia se ejerza por turnos. A su vez, vinculó parte de los problemas de funcionamiento con la distribución de recursos y la cantidad de causas que llegan al máximo tribunal.

En ese marco, remarcó la necesidad de definir previamente las políticas judiciales antes de establecer el presupuesto. "Antes de definir cuál es el presupuesto, hay que definir hacia dónde vamos, qué es lo que queremos y cómo lo vamos a encarar", sostuvo.

Seguridad, el caso de Leonel Ortiz y el nuevo régimen penal juvenil

Al ser consultado por la situación de inseguridad en Mendoza tras el asesinato de Leonel Ortiz, el niño de 7 años baleado en Las Heras, Valerio diferenció las responsabilidades institucionales de la Suprema Corte y del Ministerio Público.

"Eso debe hacerlo el Ministerio Público, que es el que tiene la responsabilidad de llevar adelante la política criminal y de definir la política de persecución penal. Eso sí, el Ministerio Público debe hacerlo. Nosotros tenemos que resolver los casos que ellos nos traigan", explicó.

Sobre el nuevo régimen penal juvenil, señaló que su implementación requerirá recursos y una política que contemple alternativas a la respuesta penal. "Esto requiere presupuestos. Me imagino que los presupuestos deberán estar destinados o tratarán de hacer lo posible para destinar al cumplimiento de esta ley", afirmó.

Valerio destacó además que se trata de personas jóvenes que se encuentran en proceso de formación y consideró necesario diferenciar entre delitos graves y menos graves. "La ley tiene establecidas distintas alternativas de solución", indicó.

Finalmente, planteó una posición respecto del alcance de la intervención estatal: "No soy muy partidario, esto ya hace muchos años, por no decir algunas décadas, no soy muy partidario de que el Estado termine moldeando los proyectos de vida de las personas más allá de lo que sea necesario". Y agregó: "La intervención debe ser la mínima posible".