Jueces cuestionaron la nueva reforma penal juvenil y alertan por su lógica punitiva

La Red de Juezas y Jueces Penales de la República Argentina expresó un rechazo categórico al proyecto de ley que impulsa una modificación del Régimen Penal Juvenil mediante la reducción de la edad de punibilidad.

En un documento difundido este lunes, la organización advirtió que la iniciativa en debate en el Congreso no constituye una respuesta eficaz frente al delito juvenil y representa, en cambio, un retroceso en materia de derechos y política criminal.

Según el pronunciamiento, la insistencia en bajar la edad de punibilidad responde a una lógica punitiva recurrente que reaparece ante cada crisis de seguridad. “Lejos de ofrecer soluciones reales, produce un efecto placebo: genera la apariencia de acción estatal sin impactos verificables en la seguridad pública”, señalaron los magistrados, que cuestionaron la equiparación entre mayor castigo y mayor prevención del delito.

Los ejes centrales contra el proyecto de ley

Uno de los ejes centrales del documento es la dimensión simbólica de la reforma. Para la Red, reducir la edad de punibilidad implica negar a la niñez y la adolescencia como categorías jurídicas diferenciadas y sustituir un abordaje integral por una respuesta exclusivamente penal.

Bajo el discurso de la responsabilidad individual, advierten, se trasladan conflictos sociales protagonizados por adolescentes al terreno del castigo penal, aplicando esquemas diseñados para personas adultas a sujetos en pleno proceso de desarrollo.

Desde una perspectiva jurídica, los jueces subrayan que el derecho penal moderno parte del principio de que no todos los sujetos se encuentran en igualdad de condiciones frente al poder punitivo del Estado.

La infancia y la adolescencia, sostienen, exigen un tratamiento diferenciado no como privilegio, sino como reconocimiento de una menor autonomía psíquica, social y jurídica. En ese marco, bajar la edad de punibilidad supone eliminar ese diferencial y asimilar a niños, niñas y adolescentes a adultos plenos, en contradicción con el propio ordenamiento jurídico nacional e internacional.

A qué estándares apunta la reforma

El documento también cuestiona la compatibilidad de la reforma con los estándares internacionales de derechos humanos. La Red advierte que la reducción de la edad mínima de responsabilidad penal entra en tensión con los principios que rigen la justicia penal juvenil, que exigen sistemas especializados con finalidades orientadas a la responsabilidad progresiva, la reinserción social y la garantía de segundas oportunidades, y no a la mera retribución punitiva.

En ese sentido, los magistrados remarcan que el hecho de que exista una edad mínima de responsabilidad penal no implica impunidad. Las provincias argentinas ya cuentan con marcos normativos y dispositivos específicos para abordar delitos cometidos por adolescentes no punibles, incluyendo medidas socioeducativas y, en casos graves, privaciones de la libertad en centros de régimen cerrado, como ocurre en distritos como Buenos Aires, Tucumán y Entre Ríos.

Para la Red, el camino elegido por el proyecto en discusión implica una renuncia del Estado a diseñar políticas públicas complejas e integrales. “Más castigo temprano no produce mayor seguridad”, concluye el texto, que contrapone esa lógica con la necesidad de fortalecer derechos económicos, sociales y culturales como eje central de cualquier política de prevención del delito juvenil.

Finalmente, el pronunciamiento exhorta al Congreso a que un eventual nuevo Régimen Penal Juvenil armonice el derecho penal sustantivo con los estándares internacionales de derechos humanos y el corpus jurídico específico de la niñez. En particular, reclama la fijación de un límite máximo a las penas de prisión y la revisión periódica de toda sanción privativa de la libertad, como garantías básicas frente al poder punitivo del Estado.