Gabinete multado: sancionaron al intendente Omar Félix y a 11 funcionarios municipales
El Tribunal de Cuentas multó al jefe comunal de San Rafael y a casi todo su gabinete por procedimientos irregulares en contrataciones de distintas áreas.
El Tribunal de Cuentas multó por $1.400.000 al intendente de San Rafael, Omar Félix. Foto: Municipalidad de San Rafael
El Tribunal de Cuentas de Mendoza sancionó al intendente de San Rafael, Omar Félix, y a los principales funcionarios del gabinete municipal por irregularidades en contrataciones realizadas por distintas áreas de la comuna.
Mediante el fallo Nº 18367, el órgano de control aprobó la rendición de cuentas de la gestión administrativo financiera y patrimonial de San Rafael para el Ejercicio 2024. Sin embargo multó a 12 funcionarios de la comuna por incurrir en un procedimiento administrativo irregular en una serie de contrataciones.
En concreto, el Tribunal de Cuentas multó por $1.400.000 al intendente de San Rafael, Omar Félix, y por el mismo monto al secretario de Hacienda y Administración, Marcelo Manuel Gómez y al contador general interino Francisco Javier Cófano.
Asimismo, al secretario de Gobierno, Paulo Campi, le impuso una sanción de $700.000; a la subsecretaria de Desarrollo Humano, Paola Calle, por $500.000; a la directora de Educación, Susana Belloso, por $400.000; a la directora de Educación, Jaquelina Ochoa, por $100.000; a la directora de Salud, Susana del Valle Torres, por $500.000; al Secretario de Ambiente, Obras y Servicios Públicos, Roberto Mario Zaratiegui, por $500.000; a la directora de Desarrollo Social, Mariela Langa, por $500.000; al subsecretario de Servicios Públicos, Juan José Gassman, por $700.000; y a la directora de Obras Municipales, Andrea María Fichetti, por $500.000.
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Todos estos funcionarios municipales fueron emplazados a cancelar estas multas en un plazo de 30 días.
El motivo de las sanciones
En el fallo del Tribunal de Cuentas el organismo observó una habitualidad en el uso de la figura del reconocimiento por legítimo abono en las contracciones del municipio y también destacan algunas “falencias en expedientes”.
La auditoría realizada sobre la rendición de la comuna detectó el incumplimiento de las etapas de registración presupuestaria del gasto ya que el devengamiento se produce sin evidencia de una imputación definitiva previa ni de una orden de compra en el expediente correspondiente, efectuándose el pago por reconocimiento de legítimo abono, siendo ésta una figura de pago excepcional.
Las contrataciones observadas por el órgano de control fueron las siguientes:
- Alquiler edificio Dirección de Educación.
- Alquiler Centro de Salud Pueblo Diamante.
- Alquiler Edificio Dirección de Desarrollo Social.
- Servicios pagos a Global Solution S.A.
- Otros Servicios-Servicios de limpieza.
- Alquiler de vehículos.
La defensa del municipio
El municipio se defendió señalando que “si bien los gastos fueron tramitados mediante el procedimiento de legítimo abono, la solicitud de los servicios se realizó con anterioridad a su efectiva prestación”.
Hicieron hincapié en que “debido a demoras en los procesos administrativos o a llamados que resultaron desiertos, no se logró contar con la correspondiente orden de compra en tiempo y forma. En consecuencia, y a fin de no interrumpir la continuidad del servicio, se recurrió a dicho procedimiento excepcional”.
Procedimiento irregular
El organismo consideró que los responsables debían justificar las causas en cada uno de los casos que se optó por el uso de la figura de legítimo abono como medio excepcional de pago. También resaltó que debería haber dado cumplimiento estricto al régimen de contrataciones y cumplir con las etapas de registración presupuestaria del gasto.
El Tribunal determinó que las autoridades de San Rafael incurrieron en un procedimiento administrativo irregular y que por lo tanto correspondía sancionarlos con una multa.
“El uso del método de pago de Legítimo Abono es un procedimiento de excepción y de interpretación restrictiva en tanto que posterga la aplicación del procedimiento reglado de contratación del Estado Provincial”, expresa el fallo.
En este sentido se aplicaron multas que van desde los $400.000 hasta el $1.400.000 dependiendo la responsabilidad de los funcionarios sancionados.
Desde la comuna adelantaron que recurrirán la sanción argumentando que estos procedimientos se llevaron adelante para garantizar el funcionamiento de servicios fundamentales para la comunidad del departamento y remarcaron que no hubo desmanejo en los fondos sino que la sanción apunta a la forma en que se realizaron las contrataciones.