Funcionarios del BCRA piden anular allanamientos en la causa por venta irregular de dólares
Dos funcionarios del Banco Central pidieron la nulidad de los allanamientos y cuestionaron la validez de las pruebas clave de la causa por dólar oficial.
Los funcionarios del Banco Central de la República Argentina (BCRA) que quedaron bajo investigación por presuntas irregularidades en la venta de dólar oficial comenzaron a mover sus primeras fichas en el plano judicial. Dos de los implicados pidieron la nulidad de los allanamientos realizados a fines del año pasado en sus domicilios, en un intento por frenar el avance de una causa que apunta a una supuesta operatoria ilegal durante el cepo cambiario.
Los planteos fueron presentados por Diego Volcic, inspector jefe del organismo, y por María Valeria Fernández, supervisora de entidades financieras. Ambos cuestionaron la validez de las medidas ordenadas por la Justicia y sostuvieron que la investigación se apoya en pruebas débiles: el testimonio de un supuesto arrepentido que no declaró específicamente en este expediente y audios cuya autenticidad —según argumentan— nunca fue debidamente verificada.
Se trata de la primera intervención formal de las defensas en el expediente y marca un punto de inflexión en la causa. Los escritos comenzarán a ser analizados la próxima semana, una vez concluida la feria judicial de enero. El fiscal federal Franco Picardi deberá emitir dictamen y, posteriormente, resolverá el juez Sebastián Casanello, a cargo del proceso.
La investigación busca determinar si entre 2022 y 2023, en plena vigencia de las restricciones cambiarias, Elías Piccirillo, Francisco Hauque y Martín Migueles —socios en distintas financieras y casas de cambio— accedieron de manera irregular al dólar oficial, presuntamente con la colaboración de funcionarios del Banco Central que tenían a su cargo tareas de supervisión y control.
En sus presentaciones, los abogados defensores Ignacio Trimarco, por Volcic, y Aníbal Campana, por Fernández, sostuvieron que la identificación de los funcionarios surgió de elementos probatorios viciados. Señalaron que Carlos “Lobo” Smith, el testigo clave del caso, no declaró como arrepentido en esta causa en particular, por lo que no tenía obligación legal de decir la verdad y pudo haber exagerado o tergiversado información para mejorar su propia situación procesal. También pusieron en duda los audios incorporados al expediente, al remarcar que no existen peritajes que descarten ediciones o manipulaciones.
En uno de los escritos, Trimarco afirmó que las órdenes de allanamiento se sustentaron en “pruebas afectadas por una nulidad absoluta”, al provenir de los dichos de un testigo que se refirió a hechos ajenos al objeto central de la investigación. Desde la defensa de Fernández, en tanto, se aseguró que la funcionaria no tuvo intervención en los episodios bajo análisis y que durante gran parte del período investigado se encontraba con licencia médica o asignada a otras tareas.
Fernández detalló que desde agosto de 2023 está de licencia y que entre abril y agosto de 2022 trabajó bajo modalidad remota y jornada reducida, utilizando una computadora personal y abocada exclusivamente a actuaciones vinculadas al Banco Galicia y Buenos Aires SAU. Según su planteo, esa situación la excluye de cualquier participación en las maniobras que se investigan.
El origen de la investigación vinculada al BCRA
La causa se inició a partir de la declaración de Carlos “Lobo” Smith, exintegrante de la Policía Federal, quien declaró como arrepentido en otro expediente judicial. Smith afirmó haber participado en enero de 2025 de un operativo ilegal armado para perjudicar a Hauque por una deuda millonaria y sostuvo que Piccirillo le había confesado contar con funcionarios del Banco Central “arreglados” para facilitar la compra de divisas al tipo de cambio oficial.
Como parte de su testimonio, Smith entregó audios que luego fueron incorporados a la causa. En uno de ellos se escucha una conversación entre Piccirillo y Romina García, inspectora de Supervisión de Entidades No Financieras del Banco Central. Allí, García admite haber asesorado a Hauque —una conducta prohibida por la normativa interna— y afirma que él la amenazaba tanto a ella como a otros funcionarios. Según el audio, esas amenazas habrían sido informadas a las autoridades del organismo, pero no se adoptaron medidas porque “había gente de arriba involucrada”.
Con esos elementos, a fines del año pasado el juez Casanello y el fiscal Picardi ordenaron un procedimiento en la sede del Banco Central y allanamientos en los domicilios de Volcic, Fernández, García, Analía Jaime —inspectora general de Supervisión de Entidades No Financieras— y Fabián Violante, gerente principal de Supervisión de Entidades “A”. Todos ellos aparecen mencionados en las grabaciones.
Durante los operativos se secuestraron teléfonos celulares, computadoras, notebooks y distintos dispositivos de almacenamiento, que actualmente están siendo peritados. En paralelo, el Banco Central abrió una investigación administrativa interna contra los cinco funcionarios para evaluar posibles violaciones al Código de Ética del organismo y a la Ley de Ética en el Ejercicio de la Función Pública.