Financiamiento universitario: la Justicia abrió la vía para que intervenga la Corte Suprema
La Sala III de la Cámara Contencioso Administrativo Federal habilitó el recurso extraordinario presentado por el Estado Nacional contra la cautelar que frenó la aplicación del decreto 759/25. Ahora será la Corte Suprema la que defina.
La Cámara Contencioso Administrativo Federal habilitó este jueves la vía para que la Corte Suprema tome intervención en la disputa judicial por la Ley de Financiamiento Universitario, tras conceder el recurso extraordinario presentado por el ejecutivo contra la medida cautelar que había frenado la aplicación del decreto 759/25.
El tribunal de alzada consideró que, si bien la resolución apelada no constituye una sentencia definitiva, el caso involucra la interpretación de normas federales vinculadas a la administración y ejecución presupuestaria del Estado. Entre ellas, mencionó disposiciones de las leyes 24.629, 24.156, 11.672 y 27.798.
En ese marco, los camaristas José Luis López Castañeira y Sergio Gustavo Fernández entendieron que correspondía admitir formalmente el recurso impulsado por el Poder Ejecutivo, dado que la decisión previa del tribunal había sido contraria a los argumentos sostenidos por el Estado nacional.
Sin embargo, la Cámara rechazó otros planteos formulados por el gobierno. En particular, descartó que existiera arbitrariedad en la sentencia cuestionada y sostuvo que las críticas expresadas por la nación “solo traducen una mera discrepancia” con lo resuelto por el tribunal.
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Además, los camaristas consideraron improcedente el argumento de “gravedad institucional” invocado por el Estado. Según señalaron, la eventual intervención de la Corte Suprema no persigue la protección de un interés institucional general, sino únicamente un interés patrimonial de carácter individual de la administración nacional.
De esta manera, la causa quedó en condiciones de ser elevada al máximo tribunal, que deberá definir si revisa o no la cautelar que actualmente limita la aplicación del decreto cuestionado.
El conflicto judicial por el financiamiento universitario comenzó luego de que Javier Milei dictara el Decreto 759/25, una norma cuestionada por el sistema universitario público por su impacto sobre las partidas destinadas al funcionamiento de las casas de estudio.
Frente al deterioro presupuestario, rectores nucleados en el Consejo Interuniversitario Nacional, junto con otras entidades académicas, promovieron una acción de amparo contra el Estado nacional al considerar que las medidas oficiales afectaban la autonomía universitaria y comprometían el normal desarrollo de las actividades educativas, científicas y administrativas en las universidades públicas.
La demanda quedó radicada en el fuero en lo contencioso administrativo federal. El pasado 23 de diciembre de 2025, el juez Martin Cormick hizo lugar a una medida cautelar solicitada por las universidades. La resolución suspendió parcialmente la aplicación del decreto mientras se analizaba el fondo de la cuestión.
El Gobierno apeló la decisión de Cormick y el expediente llegó a la Sala III de la Cámara Contencioso Administrativo Federal - Sala III, que a finales de marzo confirmó la cautelar al entender que existían elementos suficientes para preservar temporalmente el financiamiento universitario hasta que hubiera una sentencia definitiva.