Filtración de YPF: cómo es la investigación interna que inició el Gobierno y los 3 cambios claves en la Procuración
El Gobierno investiga filtraciones en la Procuración del Tesoro por la causa YPF. Milei firmó un decreto y desplazaron a 60 empleados clave.
Filtración de YPF: cómo es la investigación interna que inició el Gobierno y los 3 cambios clave en la Procuración.
Tras el escándalo por la presunta venta de información sobre la causa YPF, el Gobierno despidió a 60 empleados y reestructuró áreas clave. Milei firmó un decreto con modificaciones profundas en la Procuración del Tesoro, que ya está bajo auditoría.
El Gobierno nacional atraviesa horas de máxima cautela y hermetismo tras detectar una posible filtración de datos sensibles en la Procuración del Tesoro de la Nación, el organismo que lidera la estrategia legal del Estado en la causa por la expropiación de YPF. Según pudo saber este medio, el Ejecutivo ordenó una investigación interna, activó mecanismos de control y concretó una purga de 60 empleados. Además, formalizó cambios en el organigrama mediante un decreto firmado por el presidente Javier Milei.
Te Podría Interesar
Tras la filtración de información sobre YPF, el Gobierno reestructuró el PTN
“Creemos que hubo venta de información”, aseguró una fuente oficial de alto rango, en relación a la sospecha de que empleados del organismo habrían compartido deliberadamente datos con Burford Capital, el fondo que litiga contra Argentina en Nueva York. En este contexto, el procurador Santiago Castro Videla avanzó con una reorganización interna y dejó sin efecto múltiples designaciones heredadas de gestiones anteriores.
Entre las reformas estructurales ya ejecutadas se destacan tres medidas clave:
-
La fusión de las direcciones de Auditoría y Sumarios en una sola área.
El cambio de nombre de Recursos Humanos por Desarrollo Humano y de Gestión Informática por Tecnología y Soporte.
La rebaja jerárquica de la Escuela del Cuerpo de Abogados del Estado, ahora convertida en coordinación bajo el nombre de CEFAP.
La gravedad del caso obligó al oficialismo a adelantar el anuncio, previsto inicialmente para los próximos días. Fuentes cercanas al Ejecutivo indicaron que “el hermetismo es total” y confirmaron que la investigación interna está en marcha. Una de las opciones sería recurrir a la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), aunque también se evalúan auditorías internas y externas.
Esta crisis estalló un día después de que el Departamento de Justicia de EE.UU. anunciara su respaldo a la Argentina en el juicio por la expropiación de YPF. En un documento firmado por el fiscal David Farber ante la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito, se advirtió que forzar al país a entregar sus acciones “violaría leyes de inmunidad soberana y no debería ser concedido por la Corte”.
Sin embargo, la jueza Loretta Preska —de línea conservadora y cercana al Partido Republicano— desoyó esa recomendación y hace diez días ordenó el traspaso del 51% de las acciones. “Esta situación podría repetirse, ya que los jueces escuchan los planteos de los amicus curiae, pero no siempre los adoptan”, recordó una fuente judicial.
“El respaldo del Departamento de Justicia apunta, con toda probabilidad, a influir en la Corte de Apelaciones para que suspenda la ejecución del fallo mientras se tramita la apelación”, explicó el especialista Sebastián Maril. “Por el momento, no parece extenderse a la apelación vinculada a la entrega de las acciones ni al fallo de los USD 16.100 millones”, agregó.
El Gobierno busca sumar más apoyos internacionales. Según trascendió, podría haber presentaciones como amicus curiae de países como Uruguay, Paraguay, El Salvador, Italia, Francia y Alemania, aunque todavía no hay confirmación oficial.
En paralelo, el último informe del INDEC detalló que la Procuración tenía 242 empleados hasta junio. Con las bajas aplicadas, quedaría con alrededor de 180. Aunque muchos directores habían sido designados por Rodolfo Barra, su sucesor Castro Videla les renovó las designaciones de forma provisoria, ya que deben actualizarse cada 180 días.
El decreto publicado este jueves en el Boletín Oficial establece la nueva estructura del organismo. Aunque no se difundieron los nombres de los despedidos ni los motivos específicos, desde la Procuración confirmaron: “Las filtraciones están siendo investigadas, eso te lo puedo asegurar. Pero por el momento no se van a realizar declaraciones”.